Para evitar que el gobierno del presidente Guillermo Lasso expanda las extracciones petroleras y mineras en la amazonía ecuatoriana, distintas organizaciones indígenas del país han presentado una demanda ante la Corte Constitucional. La demanda indica que se ha vulnerado el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas de ser consultados sobre la ampliación de las actividades extractivas en sus territorios. Los miembros de las comunidades realizaron una marcha en contra de las decisiones del actual gobierno.
La demanda en contra del decreto 95, expedido por Guillermo Lasso, fue presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE) y por el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (CONCONAWEP).
El decreto 95 se refiere a la creación de la política de hidrocarburos de la administración de Lasso cuya meta es duplicar la producción de petróleo hasta 2025, pasando de producir 500.000 barriles diarios a un millón por día. Los pueblos indígenas sienten que su derecho a conocer y decidir las acciones a realizarse sobre su territorio ha sido vulnerado con este decreto.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es un derecho específico de los pueblos indígenas reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP por sus siglas en inglés). A través del CPLI, los pueblos indígenas pueden dar o negar su consentimiento a un proyecto que les afecte a ellos o sus territorios. Una vez que hayan dado su consentimiento, pueden retirarlo en cualquier etapa del proceso. Por otra parte , el CLPI les permite negociar las condiciones bajo las cuales se diseñan, implementan, supervisan y evalúan los proyectos. Este principio está consagrado dentro del derecho universal a la libre determinación.
Las organizaciones indígenas han anunciado que en los próximos días interpondrán otra demanda de constitucionalidad por el decreto 151, que se refiere a la política minera del país y que, según han explicado a los medios locales, serviría para “relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía”.
En un comunicado, las organizaciones demandantes han señalado que “ambos decretos formalizan los mecanismos para que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorguen rápidamente licencias ambientales a las industrias petroleras y mineras. Esto a pesar de la evasión de las leyes y obligaciones internacionales y el marco constitucional del país, diseñado para garantizar los derechos y la soberanía de las naciones indígenas”.
La preocupación sería de tipo ambiental, pues la ampliación de las zonas extractivas sería sobre algunas franjas remotas de la selva amazónica, en donde se asientan los territorios de las naciones Shuar, Achuar, Kichwa, Waorani, Shiwiar, Andoa, Sápara y A’i Cofan. Además, de que la amazonía es considerada una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.
Nemonte Nenquimo, lideresa waorani y presidenta de la CONCONAWEP, expresó que hay una visión extractiva por parte de las autoridades que no acoge la decisión de los pueblos y nacionalidades de mantenerse libre de la minería y de las actividades petroleras: “El Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura”.
La lideresa Nenquimo fue nombrada una de las 100 personas más influyentes en el mundo nombrado por la revista TIME por su defensa de la selva amazónica. En entrevistas, Nemonte Nenquimo ha explicado que los líderes indígenas son guerreros, defensores y guardianes de la selva.
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE y una de las voces más fuertes de la oposición de Lasso, también estuvo presente en la entrega de la demanda y dijo que “están en peligro estos territorios permiten equilibrar la vida y los ecosistemas. Por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho”.
No es la primera vez que las comunidades indígenas se oponen a las actividades extractivistas. En julio de 2019, la justicia ecuatoriana falló a favor de los indígenas Waorani de Pastaza que se opusieron a las actividades petroleras para salvaguardar su territorio.
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