La “muerte cruzada” es la forma de denominar a la disolución de los poderes representativos del Estado ecuatoriano. La figura constante en la Constitución del país andino consiste en la facultad del presidente de la República como de la Asamblea Nacional para interrumpir el periodo de funciones de los legisladores y del jefe del Estado, y de convocar a elecciones generales para la reposición de estos cargos en acefalía.
En la opinión pública se la conoce como “muerte cruzada” porque contempla la terminación anticipada del periodo de funciones de los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, simultáneamente autoridades representativas que deberán reemplazarse en el mismo acto eleccionario, celebrado para el mismo día. Inclusive, el presidente o legisladores en funciones tienen permitido participar en esa elección, siempre que estén ejerciendo por primera vez el cargo de manera consecutiva.
Esta figura constitucional se incorporó al orden jurídico ecuatoriano a partir de la reforma política que expidió la Constitución de 2008, convocada entonces por el ex presidente Rafael Correa. El partido de Correa, el Movimiento Alianza PAIS, consiguió 79 de 130 escaños o el 61%, con lo cual la constitución que está actualmente vigente en Ecuador puede considerarse de cuño correísta, socio estratégico del castrismo, chavismo o kirchnerismo.
La muerte cruzada se detalla en el artículo 148 de la Constitución del Ecuador, que permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional por tres causales: “Cuando a su juicio, la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política”.
La disolución la resuelve el jefe de Estado a través de un decreto ejecutivo para luego, en un plazo máximo de siete días después de publicado dicho documento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a un proceso electoral para elegir tanto a nuevos legisladores y al presidente de la República para el resto de los respectivos periodos. El decreto de disolución es muy parecido al franqueado por el artículo 115 de la Constitución Española, aunque este se entiende mejor por su contexto parlamentario. También en Perú, el presidente puede disolver al Congreso, autorizado por el artículo 134 de la Constitución Peruana, aunque allí el presidente no pierde su cargo. El expresidente Martín Viscarra convocó a elecciones anticipadas en septiembre de 2019. El nuevo Congreso, un año después, en noviembre de 2020 declaró en vacancia el puesto de Viscarra y lo destituyó del poder presidencial.
Según la norma constitucional, esta facultad puede ser ejercida solamente por una vez y durante en los tres primeros años de cuatro que dura el mandato y que ejercen simultáneamente el Ejecutivo como el Legislativo.
Si la disolución se ejecutara y se convocara a nuevas elecciones, el presidente podrá permanecer en su cargo, participar en las mismas elecciones como en su propia campaña y gobernar por la vía del decreto-ley, disposiciones normativas de excepción que pueden ser revisadas por la legislatura que sea integrada en las nuevas elecciones.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que, si persiste el bloqueo de la Asamblea Nacional, convocará a una “muerte cruzada”. “El cronómetro corre. El decreto (de disolución) está listo”, dijo Lasso en un encuentro con la prensa nacional en el Palacio de Gobierno, en la tarde de este viernes 15 de octubre del 2021.
La aplicación de este mecanismo por parte del presidente Guillermo Lasso pone ansiosos a los legisladores. Lasso afirma que su gobierno está obstaculizado en el tratamiento de la ley denominada de creación de oportunidades, que busca flexibilizar el mercado del trabajo, lo que ha sido duramente cuestionado por sus opositores.
Además, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional será el órgano legislativo encargado de la investigación al patrimonio del primer mandatario del Ecuador debido a las publicaciones periodísticas sobre los Papeles de Pandora y que incluyeron en las listas de los supuestos beneficiados de empresas fantasma al presidente Lasso que aparece en transacciones que el gobernante haría mucho antes de ser presidente y en ejercicio de sus actividades en la empresa privada.
En el Gobierno Nacional, existe la preocupación de que la investigación impulsada por la Comisión legislativa tenga como finalidad la destitución de Guillermo Lasso. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aseguró en una entrevista al canal Ecuavisa que esta interpelación política tendría como fin “colocar al presidente Lasso en una situación difícil y considerar su destitución”.
El presidente del Ecuador ha confirmado a los medios de comunicación que podría recurrir a este mecanismo franqueado por la constitución para diluir los obstáculos planteados en el legislativo al ejercicio del poder Ejecutivo. La oposición a Lasso está compuesta por el Movimiento Revolución Ciudadana de índole correísta, por el derechista Partido Socialcristiano y por el indigenista Partido Pachakutik. Inclusive Lasso calificó a tres de sus voceros como un “Triunvirato de la Conspiración” en referencia al expresidente Rafael Correa, al exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot y al actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza. Ninguno de los tres es actualmente una autoridad representativa y ninguno de ambos ejerce una función en la institucionalidad política.
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