Ecuador vive una crisis carcelaria sin precedentes. En lo que va del año, los baños de sangre en las prisiones han cobrado la vida de al menos 240 presos. El Estado no tiene control de las cárceles y las megabandas mandan en los reclusorios, así lo confirma una investigación periodística realizada por los periodistas Andersson Boscán y Mónica Velasquez del medio digital ecuatoriano La Posta.
Los dos periodistas tuvieron acceso exclusivo al complejo penitenciario de Guayaquil, donde están las prisiones más problemáticas del país: la Penitenciaría del Litoral y la Cárcel Regional. Allí pudieron conversar con los líderes de las pandillas carcelarias: alias Fito y alias Jr., quienes controlan varios pabellones de la prisión. En la segunda entrega de la serie de reportajes Paz o Plomo, Boscán y Velasquez revelan no solo las condiciones y reglas que deben seguir los presos para sobrevivir en la cárcel, sino la comunicación de los cabecillas de las bandas con la Policía.
La investigación periodística confirma que los verdaderos dueños de las cárceles son los líderes de las bandas. De ahí que incluso los operativos que la Policía realiza, en donde requisan armas y otros elementos ilegales, son bajo autorización de los presos. Fito dice en el reportaje que “si la ley quiere hacer ‘raqueta’ (como los presos llaman a las requisas) que vengan. Nosotros les abrimos la puerta ‘ya, ya ñaño (hermano) haga su raqueta’.
Los cabecillas Fito y Jr. habrían ayudado a la Policía a recapturar a un reo que se fugó hace unos meses del complejo penitenciario de Guayaquil, revela el reportaje. “Y nosotros movimos las teclas con toda la gente de afuera, pasamos fotos (...) Nosotros dimos la ubicación porque ya nuestra gente lo vio y lo mandamos a recapturar con la policía y los guías”.
Ambos periodistas han recalcado en varias ocasiones que para ingresar a las cárceles no solo necesitaron el permiso estatal sino el de los comandantes de los pabellones y de los cabecillas de las bandas. Velásquez dice en una de las entregas que no visitaron las cárceles “sino a los encarcelados.
En las cárceles, muestra el reportaje, hay comandantes de pabellones. Por ejemplo, la Penitenciaría del Litoral tiene 12 pabellones, por ende 12 comandantes. Cada pabellón tiene cuatro alas, para cada una de ellas hay un caporal que, en el caso de las cárceles de Guayaquil, controlan alrededor de 250 presos. El caporal además lidera a tres figuras importantes dentro de la prisión: a un pusher, un preso autorizado por el caporal para vender droga dentro de la cárcel; un banco, recluso que maneja entre 5.000 y 50.000 para que los presos tengan efectivo al 30% o 100 % de interés; y un tienda, mercado de abarrotes, de bebidas y snacks. Los presos legalmente solo pueden tener dinero para comprar en la tienda del Estado, sin embargo, nadie la usa, cuenta Velásquez en el reportaje.
Las transacciones con dólares en la cárcel son comunes. Boscán dice en el reportaje que comprar un paquete de cigarrillos cuesta USD 20. También ingresar un celular a la cárcel tiene un valor de USD 300, el permiso para utilizarlo cuesta USD 20 semanales y si se quiere usar routers dentro cuesta USD 30 a la semana.
Incluso los presos deben pagar por el derecho a usar un colchón. Alias Fito, que era la mano derecha del fallecido líder de los Choneros alias Rasquiña, habló con los periodistas y les aseguró que “la mafia son los guías” a los que se les tendría que pagar entre USD 80 y USD 100 diarios para que no “te hagan la vida imposible”. Quienes no pueden pagar van a “cuarentena”, explica Velásquez en el reportaje. La cuarentena es como se conoce a un cuarto “de pocos metros para 40 presos que hacen turnos para poder dormir en el suelo”.
Alias Fito está encarcelado por fugarse de La Roca, una cárcel de máxima seguridad que ahora está en desuso porque está sometida a adecuaciones. A pesar de que oficialmente se ha informado que se trasladará a los cabecillas de las megabandas a La Roca una vez que las adecuaciones terminen, Fito contó a los periodistas que si las autoridades cumplen con ello, eso sería “una muerte súbita” porque si los trasladan “todas las cárceles se van a alzar”. De los cerca de 40.000 presos de todo el país, 25.000 pertenecen a pandillas carcelarias.
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