A dos años del inicio de las protestas sociales, qué cambió y qué no en Chile

Desde las protestas sociales registradas que comenzaron hace dos años, han sucedido algunos cambios en Chile. Los gritos de los que salieron a las calles, pedían “No Más AFP”, “Educación Pública Gratuita y de Calidad”, “Nueva Constitución”, y la más popular de todas, “Piñera Renuncia”. A dos años de estos hechos, ¿en cuáles se avanzó en Chile?

El 7 de octubre de 2019 estudiantes de la educación media encabezaron la primera evasión masiva en una estación de Metro en Santiago, la capital de Chile. Pese a ser tratado como un “acto criminal” por los voceros de gobierno de la época, fue el punto de inicio de lo que después se transformaría en el denominado Estallido Social. Era el primer día luego de que se anunciara un aumento de la tarifa del metro de Santiago por $30 pesos (USS 0,40) un medio de transporte utilizado por gran parte de la población de la región Metropolitana y que tuvo como respuesta la inmediata movilización encabezada por estudiantes, especialmente de educación media.

Ese lunes 7 de octubre cerca de las 14 horas, estudiantes provenientes del Instituto Nacional, uno de los más emblemáticos de Chile, coordinaron la primera evasión masiva del Metro, realizada en la estación Universidad de Chile en el centro de Santiago. Inmediatamente hubo respuesta de la policía. En distintos puntos de la red de Metro comenzó a registrarse enfrentamientos de los uniformados con los jóvenes que protestaban llamando a la evasión.

Desde este 7 de octubre, pasaron 11 días hasta un momento relevante de las movilizaciones en Chile, cuando se llevó a cabo la marcha que convocó a millones de personas en las calles del país. El sábado 19 de octubre de 2019, Sebastián Piñera ordenó el toque de queda en la Región Metropolitana del país fundamentalmente, en la capital, así como en las ciudades de Valparaíso, Concepción y Viña del Mar. El Ejército salió a las calles, y se denunciaron la sucesión de hechos de tortura y violaciones a detenidos, recordando los oscuros hechos de desapariciones de personas y asesinatos ocurridos durante el golpe militar de Augusto Pinochet.

El viernes 25 del mismo mes, luego de continuas protestas y una violenta represión por parte de Carabineros en las principales ciudades del país. Se llevó a cabo en Santiago la marcha masiva más grande vista en la historia del país, donde se calcula que asistieron a ella 1.200.000 personas. La marcha, a diferencia de los días anteriores, se dio en un marco pacífico y las consignas eran “No Más AFP”, “Educación Pública Gratuita y de Calidad”, “Nueva Constitución”, y la más popular “Piñera Renuncia”.

De los pedidos de la calle, algunas reformas ya están en marcha. Otras, todavía están en punto muerto y no se abordan de fondo, como el cambio estructural al sistema de pensiones.

Nueva Constitución

El 15 de noviembre de 2019 y tras más de 15 horas de intensas conversaciones entre parlamentarios del oficialismo y representantes de partidos de oposición con excepción del Partido Comunista, elaboraron un itinerario con los principales puntos para un “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”. Casi un año más tarde, el 25 de octubre de 2020, se llevó a cabo el plebiscito que definiría si los chilenos estarían de acuerdo con la idea de cambiar la Constitución política vigente. “Apruebo” o “Rechazo” eran las opciones.

En las urnas y con una gran participación, Chile definió con un 78,25 % a favor, que aprobaba cambiar la actual Constitución y que el órgano redactor de una propuesta fuera una Convención Constitucional elegida por los ciudadanos.

Luego, vino la elección de los representantes que conformarían el equipo de constituyentes de Chile para la redacción de una nueva Constitución. De manera inédita se llevó a cabo en dos días, el 15 y 16 de mayo de 2021. Los comicios se realizaron en la misma fecha que las elecciones municipales y de gobernadores regionales.

Actualmente el proceso constituyente ya alcanza los tres meses desde su inicio. Aún en etapa de preparación, se está definiendo el reglamento que regulará las decisiones que se tomarán respecto la nueva Constitución. La redacción final y aprobada, nuevamente llevará a los chilenos a las urnas, para escoger entre las dos opciones “apruebo” o “rechazo” el texto de la nueva Carta Magna.

Las AFP

Sobre las pensiones, un punto importante que fue vociferado en las marchas de Chile, radicaba en mejorar las pensiones y poner fin a las administradoras privadas que manejan los recursos previsionales de los chilenos. En cuanto a reformas, si bien el gobierno de Chile presentó un proyecto denominado “Ley Corta” para implementar cambios, para el parlamento esto no es suficiente y la discusión continúa.

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, es crítica del proyecto de Ley Corta de Pensiones del Gobierno y en su calidad de integrante de la Comisión de Trabajo de la cámara baja de Chile, señaló que “hay una irresponsabilidad absoluta del gobierno al querer pasar este proyecto con discusión inmediata. Porque claro, hoy día tenemos una ley que en la letra dice que es una ley corta, pero es una ley compleja o más bien complejizada, que no es fácil de despachar y que contiene mucha letra chica, que por supuesto el gobierno no lo está diciendo, pero aquí hay mucha letra chica y esa letra chica hay que analizarla porque tenemos que atajar los goles que nos quiere pasar hoy día el Gobierno”, indicó.

Esta misma parlamentaria, además, fue una de las impulsoras del primer retiro del 10% de los fondos previsionales, el que fue aprobado por el Congreso Nacional, y despachado a Ley por el propio Presidente Piñera. Pero el proyecto, según otros miembros del parlamento es otro, no sólo ir en ayuda de los que necesitan flujo de dinero en tiempos difíciles, sino “matar las AFP”, como lo indica la parlamentaria que patrocinó un segundo, tercer y actualmente discutido cuarto retiro de fondos, Pamela Jiles.

La misma diputada Pamela Jiles, presentó un proyecto para que los afiliados puedan retirar la totalidad de los fondos de las AFP. “Esta iniciativa propone reconocer en la Constitución Política de la República el derecho de propiedad que los afiliados tienen sobre sus fondos previsionales, los que podrán ser retirados de forma excepcional en su totalidad, con un tope de 1.350 unidades de fomento, lo anterior se explica con el objeto de enfrentar la situación generada por el evento del estado de excepción constitucional declarado y sus graves repercusiones económicas”, dijo.

Educación y salud pública, gratuita y de calidad

Grandes cambios en estas dos áreas no han existido. La tarea parece estar formalmente endosada al trabajo de la Convención Constitucional, que redacta la nueva Constitución. En la seguridad social, la directora del Departamento del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, Dra. Soledad Barría, mencionó que es importante garantizar un financiamiento del sistema público que sea suficiente para el desarrollo de los servicios de salud. “Por cada persona inscrita en el consultorio o centro de salud, se le paga al municipio $7.200 pesos al mes, esos son los recursos que destinamos como país y con esa plata hay que hacerlo todo. No es suficiente para una salud digna”, señaló.

Para la profesional es importante que se avance en la línea de mayor justicia social y concluye: “Para garantizar el derecho a la salud hay que considerar a los determinantes sociales, porque el 60 por ciento del impacto en la salud de las personas tiene que ver con cómo viven. Luego, también se requiere un sistema de salud que pueda respaldar esa garantía porque no basta con decir que tenemos derechos, sino que necesitamos que exista un sistema de salud universal que de respaldo a ese derecho”, advierte.

En materia de educación, los últimos meses han traído dificultades propiciadas por el avance de la pandemia del COVID-19, y pareció quedar de lado cualquier tipo de proyecto de cambio estructural. Los expertos advierten que es innegable que el modelo educativo chileno es visto como un bien de consumo, donde el poder adquisitivo de cada grupo familiar abre o cierra las puertas para obtener una formación de calidad. La evidencia más grande se encuentra en los resultados desiguales que obtienen los colegios en pruebas estandarizadas para acceder a la educación superior. En este sentido, Iván Páez, miembro del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, ejemplifica esta brecha: “Algunos municipios tienen per cápita 11 mil dólares, y otros apenas tendrán dos mil. Esto significa mejores bibliotecas, gimnasios, profesores con posgrado, enseñanza bilingüe, etcétera. Lo que se entendería es que esa educación pública y de calidad debería estar en todo el territorio”, sostiene.

Renuncia Piñera

Otro de los más emblemáticos gritos del denominado Estallido Social fue la petición de renuncia del Presidente Sebastián Piñera. Si bien una de las parlamentarias de su sector reveló que su gobierno estuvo a punto de caer, el Primer Mandatario logró sortear los días más difíciles, aunque para algunos fue la pandemia la que lo salvó. “Sí. Lo que pasa es que, de verdad, el gobierno estuvo muy cerca de caer, probablemente más cerca de lo que la gente piensa”, dijo en una entrevista a La Tercera, la senadora y ex presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI) partido político que forma parte de la alianza de gobierno.

Por estos días, se prepara una Acusación Constitucional que abre una puerta a que se inhabilite al Presidente, pero lejos de la responsabilidad que podría tocarle por la crisis social chilena, sino por la revelación de negocios ejecutados en paraísos fiscales, acusándolo la oposición chilena, de evadir impuestos.

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