Un presupuesto opaco y el cerrojo a la información pública: los trucos de Nayib Bukele para oscurecer las cuentas de su gobierno

La presentación del presupuesto 2022 a la Asamblea Legislativa siguió las normas establecidas por la propaganda del gobierno de Nayib Bukele: muchos efectos especiales, muchas declaraciones altisonantes y muy poca información sobre cómo se financiará el gasto público.

Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda de Bukele, presentó el anteproyecto de presupuesto 2022 el 30 de septiembre pasado, a pocas horas de que venciera el límite legal para hacerlo. Recibió el documento Ernesto Castro, presidente del Congreso y exsecretario privado del presidente. Se tomaron fotos. Zelaya dio una conferencia de prensa para destacar la inversión en educación, salud y seguridad pública. Y la secretaría de prensa de la presidencia subió, entre ese día y el lunes 4 de octubre, 9 vídeos propagandísticos sobre el plan de gastos.

En ninguna de esas comunicaciones hay detalles sobre las fuentes de financiamiento, la estimación real de ingresos o sobre el tamaño de la brecha fiscal.

“El ministro lanzó unos pocos datos que no permiten disponer del contenido macro fiscal y menos del detalle por institución. No se puede dibujar en lo básico cuál es el déficit, la deuda neta (desembolsos menos amortización), la nueva trayectoria de deuda esperada para 2022, el gasto de intereses”, detalla los vacíos de información Rafael Lemus, economista salvadoreño del INCAE Business School, en conversación con Infobae.

Tampoco han hablado los funcionarios del bukelismo sobre la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene congelada una línea de crédito por US$1,500 millones y que, al decir de especialistas, es esencial para financiar este presupuesto.

En junio pasado, luego de que Bukele anunció que El Salvador adoptaría el bitcoin como moneda de circulación, el FMI mostró dudas en público. “Plantea una serie de cuestiones macroeconómicas, financiera y legales que requieren un análisis muy cuidadoso. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos y continuaremos nuestras consultas con las autoridades”, dijo en conferencia de prensa Gerry Rice, portavoz del fondo.

Un diplomático estadounidense que sirvió en El Salvador y ahora asesora a la administración Biden en temas centroamericanos dijo a Infobae que el FMI mantiene abiertas las discusiones con El Salvador, pero que aún no hay acuerdos. Portavoces del Fondo consultados por Infobae se abstuvieron de comentar.

En tuit, el ministro Zelaya escribió el martes pasado que había habido una nueva reunión con el FMI, pero no anunció resultados.

Lemus cree que al no tener acuerdo con el FMI el gobierno “sigue una ruta que no es de disciplina fiscal, evita rendir cuentas de su gestión… Sigue en el camino de expansión de gasto con deuda (y) en la situación de deuda insostenible parece buscar malos atajos como el impago de deuda, confiscar el ahorro de los trabajadores y emitir su propia moneda digital”, dijo.

La opacidad sobre el financiamiento del Estado, sobre el uso de recursos públicos y en torno a la mayor parte de la información sobre contrataciones y gastos son, en la práctica, información reservada en el gobierno de Nayib Bukele, que empezó el desmontaje de los instrumentos de acceso a la información pública muy temprano en su presidencia.

Uno de los vídeos propagandísticos sobre el presupuesto 2022 está dedicado a los gastos contemplados para el manejo de la pandemia por Covid-19 el próximo año. Es en ese tema, el de la pandemia, en el que la administración Bukele ha dado mayores muestras de opacidad.

Los gastos escondidos de la pandemia

El ocultamiento empezó en agosto de 2020, cuando Bukele aún no tenía el control del Legislativo y el Judicial. El 9 de ese mes, Casa Presidencial botó el sitio web en el que, por ley, debía de publicar los gastos contractuales del gobierno; esto ocurrió cuando se acumulaban denuncias públicas por supuesta corrupción con fondos destinados al manejo de la pandemia por Covid-19.

En aquellos días, investigaciones periodísticas habían revelado, por ejemplo, que el ministro de Salud, Francisco Alabí, contrató la compra de insumos médicos con una empresa propiedad de su tía. Y, más importante, la Fiscalía General de la República anunció que había iniciado investigaciones a seis funcionarios de Bukele, entre ellos Alabí y Zelaya, el ministro de Hacienda.

La Fiscalía reveló, en noviembre de aquel año, que había abierto 17 investigaciones por mal uso de fondos durante la pandemia. Las pesquisas se basaban en denuncias hechas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), organismo supranacional de investigación adscrito a la OEA que Bukele en principio había apadrinado.

El 10 de noviembre, la Fiscalía, entonces bajo el mando del fiscal general Raúl Melara, allanó el Ministerio de Salud. Oficiales de la Policía Nacional Civil, bajo el mando de Casa Presidencial, intentaron impedir el acceso a los fiscales. Uno de esos oficiales, el comisionado Douglas García Funes, es hoy subdirector de la policía.

Luego vino el 1° de mayo y una supermayoría de diputados afines a Bukele asumió funciones en la Asamblea Legislativa. Su primera acción: destituir a Melara y sustituirlo por el abogado Rodolfo Delgado, afín a Bukele, y cambiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Delgado, de inmediato, enterró las investigaciones relacionadas a Covid-19 y marginó a la CICIES. En junio de 2021, el ministerio de Exteriores anunció que acababa el convenio con la OEA y sepultó a la comisión. En un comunicado de respuesta, la OEA fue clara al decir que la decisión de Bukele tenía que ver con su intención de ocultar información e impedir investigaciones en su entorno.

A la base de la destrucción de CICIES, dice la OEA, está “la decisión gubernamental de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad, Efectividad y Legitimidad del Uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia covid-19. En dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar”.

El 5 de mayo, cuatro días después del golpe a la fiscalía y el Judicial, los diputados de Bukele cortaron por lo sano en el tema covid: aprobaron una ley para controlar “el uso de tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia”, a la que la prensa bautizó como ley Alabí en honor al ministro de Salud. En corto, la ley beneficia a los funcionarios que hicieron uso de fondos públicos durante el manejo de la crisis sanitaria y permite al gobierno ocultar la información al respecto.

Bukele y sus ministros suelen usar el manejo sanitario de la pandemia y las campañas de vacunación masiva como muestras de la eficiencia de su gestión. El Salvador, ha escrito el presidente en su cuenta de Twitter, es un ejemplo mundial en el tema Covid-19. La opacidad, sin embargo, ha sido parte del manejo de la pandemia desde el principio.

La abogada Xenia Hernández, consultora internacional en temas de transparencia y acceso a la información, lo explica: el gobierno no ha publicado información epidemiológica precisa, tales como testeos, contagios, ocupación de camas, número de pacientes recuperados. Todo, dice, ha sido manipulado.

Lo mismo con el plan de vacunación: “Hay un bloqueo a la ciudadanía para conocer el plan, el costo logístico para implementarlo, la compra de vacunaciones o donaciones recibidas. No ha habido por parte del gobierno entrega íntegra de información”, afirma Hernández.

Cuando presentó el proyecto presupuestario de 2022, el ministro Zelaya, investigado por la Fiscalía y CICIES, anunció que el plan de gastos incluye US$60 millones extra para la atención al covid-19. Con una ley a favor, parece poco probable que la administración Bukele rinda cuentas claras de lo que haga con ese dinero. El bukelismo, además, se ha asegurado de que los mecanismos de acceso a la información pública sean inservibles.

Información y propaganda controladas

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), aprobada en abril de 2011, permitió a periodistas, académicos e investigadores hurgar en las cuentas de funcionarios y exfuncionarios. De esas investigaciones, como las emprendidas a los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, derivaron algunos de los juicios por corrupción más importantes en la historia jurídica de El Salvador.

También fue en parte gracias a la LAIP que la opinión pública conoció detalles de una investigación que la Corte Suprema de Justicia abrió a Bukele entre 2017 y principios de 2018 por una posible evasión de USD 330.000 en impuestos derivados de dineros que Obermet, la compañía publicitaria de su familia, recibió del gobierno del izquierdista FMLN mientras él era alcalde de San Salvador, la capital.

A la postre, la corte estancó la investigación y, en 2020, 12 de sus magistrados votaron por mantener en secreto el expediente Bukele. A uno de esos magistrados, Óscar López Jerez, el bukelismo lo nombró presidente de la Corte Suprema en mayo de este año.

En septiembre de 2020, la Casa Presidencial de Bukele, a través de decretos ejecutivos cercenó la LAIP y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el organismo encargado de ejecutarla. Los cambios permiten clasificar como confidencial información sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios, viajes oficiales y contratos públicos, listados de asesores gubernamentales y los salarios de los empleados públicos.

Para la abogada Xenia Hernández, la arremetida contra los instrumentos de acceso a la información son una de las partes en la estrategia anti-transparencia del presidente. “Desde la llegada del gobierno del señor Nayib Bukele, se iniciaron una serie de acciones que en conjunto muestran la instalación de una política de opacidad, entre las cuales hay algunas específicas para socavar el acceso a la información pública, herramienta que favorece la transparencia y la lucha contra la corrupción”, dice.

Las enmiendas hechas por la presidencia al IAIP también dan más poder al presidente del instituto, en este caso Ricardo Gómez Guerrero, nombrado por Casa Presidencial. En abril pasado, Bukele, por medio de una carta, destituyó a la comisionada Liduvina Escobar, crítica de algunas decisiones tomadas por el presidente, y quien había denunciado presión y hostigamiento orquestada por el régimen.

Los cambios hechos a la institucionalidad de acceso a la información, considera Hernández, “han colocado la reserva de información como regla general y la máxima publicidad como una excepción”.

Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso con sede en Washington, DC., advierte que es necesario poner atención a la forma en que la reforma constitucional que estudia Bukele toca el tema del acceso a la información pública. “El proyecto propone su regulación en términos idénticos a los establecidos por la LAIP, pero introduce límites respecto a su ejercicio en relación con la cláusula de conciencia y el secreto profesional”, dice.

En la narrativa de Bukele, los silencios ocultan múltiples señalamientos, investigaciones como las de CICIES y de la Fiscalía. Las versiones oficiales, así como ataques a la oposición y los críticos, llegan de un tinglado comunicacional que incluye a todas las dependencias de comunicaciones y relaciones públicas de los tres órganos del Estado, de decenas de cuentas de Twitter y Facebook y de un canal de televisión y un diario, este último financiado con fondos públicos canalizados a través de una sociedad anónima creada en una hidroeléctrica paraestatal.

Este martes, poco antes de las 11 de la noche, el anteproyecto presupuestario entró al pleno legislativo sin que los diputados de oposición conociesen aún los detalles. “No sabemos cómo fue elaborado ni lleva propuestas de salarios… hasta hoy ha sido imposible conocer”, dijo Dina Argueta, parlamentaria del FMLN.

A los actos de ocultamiento en torno al presupuesto le acompañó otra maniobra que el oficialismo mantuvo en la oscuridad hasta el último minuto y que también entró al conocimiento del pleno legislativo el martes: la eliminación del fondo estatal de desarrollo local, la centralización de la inversión pública en infraestructura en los municipios y la reducción del gasto asignado por el gobierno central a los gobiernos legales. Más poder para el gobierno central a través del gasto público.

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