La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, aprobó este martes una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece la suspensión de un diputado de sus derechos si está siendo procesado por la supuesta comisión de un delito. Esta maniobra se da en el marco de la creciente persecución de la dictadura sandinista contra la oposición.
Hasta ahora, según la ley, un parlamentario quedaba suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando, previa privación de la inmunidad, había sido condenado mediante sentencia firme a la pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo mientras dure la pena.
Con la reforma, propuesta y aprobada por los legisladores sandinistas, se establece que el diputado quedará suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando, previa privación de la inmunidad, “el diputado o diputada esté siendo procesado por la supuesta comisión de un delito”.
“Recibida la notificación correspondiente, la Junta Directiva (del Parlamento), en la próxima inmediata reunión, incorporará al suplente al trabajo parlamentario”, señala la Ley reformada. Si tras realizarse el juicio la sentencia es absolutoria, se le restituirán todos sus derechos, añade el texto.
La enmienda fue aprobada con los votos de 74 legisladores sandinistas y sus aliados, de los 92 diputados que integran el Parlamento. El resto estuvieron presentes y no ejercieron el derecho al voto.
Los sandinistas explicaron que esa enmienda tiene como objetivo fundamental adecuar la Ley Orgánica al funcionamiento de la Asamblea Nacional, “en vista que organiza una institución más eficiente y eficaz con procesos y procedimientos más expeditos convirtiendo a la Asamblea Nacional en un Parlamento moderno”.
El Parlamento de Nicaragua está integrado por 92 diputados: 90 que son elegidos, más el presidente de la República saliente, así como el candidato presidencial que obtenga la segunda mayor cantidad de votos.
Nicaragua, un país centroamericano de 6,5 millones de habitantes, celebrará elecciones generales el 7 de noviembre próximo. Ese día unos 4,4 millones están habilitados para votar y elegir presidente y vicepresidente de la República, 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Los legisladores que resulten electos asumirán sus cargos el 9 de enero de 2022.
El pasado 25 de septiembre Nicaragua inició la campaña para las elecciones.
Ortega, de 75 años, que está en el poder desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas y modificaciones a las leyes que le impedían perpetuarse, encabeza la alianza “Nicaragua Triunfa”, liderada por la ex guerrilla izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), e integrada por una decena de movimientos afines. Y como compañera de fórmula lo acompaña por segunda vez su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el rostro visible y operativo del régimen.
Compiten el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido del régimen, así como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza por la República (Apre), y Yatama (Hijos de la madre tierra, en lengua miskita), este último solamente en la costa Caribe.
Mientras el FSLN busca ganar con Ortega, el PLC lo hace con el diputado y ex vendedor ambulante Walter Espinoza, el PLI con el diputado Mauricio Orúe, ALN con el abogado Marcelo Montiel, el CCN con el reverendo y antiguo aliado sandinista Guillermo Osorno, Apre con el joven Gerson Gutiérrez Gasparín, y Yatama con el diputado indígena Brooklyn Rivera.
En el actual proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado y acusado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Otros dos políticos de la oposición que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia, María Asunción Moreno y el exlíder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.
De momento las autoridades no han acreditado a ningún organismo de observación electoral.
(Con información de EFE)
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