Parlamentarios chilenos estudian presentar una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera por “Pandora Papers”

Un grupo de parlamentarios chilenos está estudiando la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, luego de que se descubriera que el mandatario habría participado en un acuerdo de compraventa por una minera en un paraíso fiscal.

Según una megainvestigación internacional denominada “Pandora Papers” llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en conjunto con el Centro de Investigación Periodística (Ciper) y LaBot, las familias Piñera y Délano habrían sellado en 2010 un acuerdo de compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, ubicadas en el Caribe.

La minera Dominga es un resistido proyecto minero chileno ubicado en la región de Coquimbo, al norte de Santiago. Este proyecto pertenece a la empresa Andes Iron controlada por la familia Délano y quiere construir dos minas para la extracción de concentrados de hierro y cobre, y un megapuerto para exportar su producción.

Esto pretende situarse en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

El trato firmado por ambas familias habría ocurrido en 2010 cuando el mandatario y su familia eran los mayores accionistas del proyecto minero ocupando el 33% de sus acciones. En diciembre de ese año el empresario chileno Carlos Alberto “Choclo” Délano decidió comprar por USD 152 millones el porcentaje de todos los socios de Dominga, incluida la parte que manejaba el presidente Piñera.

El acuerdo de compra consistía en tres cuotas y la operación se selló mediante un acta firmada por USD 14 millones, y otra en las Islas Vírgenes Británicas por USD 138 millones. Las primera cuota vencía el 10 de diciembre de 2010 y tenía un valor de USD 106,8 millones, la segunda era de USD 21 millones mientras que la última era de USD 9,9 millones y se cancelaría solo si “no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero”.

Es decir, el pago de esta última cuota dependía de que “el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional, lo que irremediablemente impediría el desarrollo del proyecto Dominga en esa área, así como la construcción de un puerto a 50 kilómetros de distancia”.

Este escenario recayó en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera el que ocurrió desde marzo de 2010 a marzo de 2014. En su primer gobierno Piñera anunció el cambio de ubicación de la central termoeléctrica Barrancones que se situaría en este mismo sector. “He acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza”, dijo el presidente Piñera en ese entonces.

Sin embargo, Barrancones tenía planeado funcionar en el mismo sector que hoy se quiere instalar Dominga, el proyecto de la familia Délano.

El 2017 se supo que la familia Piñera estaba detrás de la minera Dominga y se inició una investigación parlamentaria en donde se presumió que Piñera “buscó beneficiar a minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”. Sin importar lo anterior, Piñera fue sobreseído por la justicia chilena.

En agosto pasado el proyecto Dominga fue aprobado por 11 votos a favor y uno en contra, lo que desató la ira de los ambientalistas tanto nacionales como internacionales quienes calificaron como “escandalosa” la decisión apresurada de las autoridades de dar luz verde a esta iniciativa valorada en USD 2.500 millones.

Acusación constitucional

La información revelada por los “Pandora Papers” desató que un grupo de parlamentarios anunciara una posible acusación constitucional en contra del presidente Piñera por este nuevo escándalo. Una acusación Constitucional es una herramienta que busca las responsabilidades de funcionarios públicos acusados de cometer infracciones constitucionales, lo que termina en el peor de los casos con inhabilitaciones o destituciones.

Para el subjefe de la bancada del partido político Democracia Cristiana (DC), Gabriel Silber, “es altamente grave que el Presidente Piñera haya sujetado la aprobación de un permiso ambiental a una operación económica de la cual participa o tiene interés de carácter directo, esto pone en entredicho la independencia de la autoridad del Presidente de la República”.

El diputado Marcelo Díaz dijo que esta información “es extremadamente grave, porque confirma que el Presidente Sebastián Piñera usa la institucionalidad del Estado en beneficio propio, en este caso, para incrementar su ya abultado patrimonio, su enorme fortuna”.

Sin embargo, la acusación constitucional aún está siendo estudiada porque los hechos referidos en la investigación periodística ocurrieron en el primer gobierno de Piñera. Esto incluso ha gatillado la posibilidad en algunos parlamentarios de estudiar los detalles de la aprobación de las autoridades a Dominga ocurrido en agosto pasado, para verificar si hubo alguna influencia de algún tipo en esta decisión. Se espera que los diputados y diputadas tomen una postura al respecto este lunes o martes.

Defensa de la presidencia de Chile

Por medio de un comunicado de prensa, La Moneda salió a defender al presidente Piñera manifestando “que los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del Presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”.

“El Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el Mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”, dijo el gobierno.

En una defensa personal en el Palacio de La Moneda durante este lunes, el mandatario aseguró que “la decisión de vender minera Dominga no me fue consultada ni informada”, y que “no es cierto que haya información nueva, la información está conocida en el proceso; les puedo enviar los recortes de prensa”.

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