El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, promulgó este jueves la polémica ley que endurece las penas por invasiones de tierras, divulgada momentos después de producirse nuevos enfrentamientos entre grupos indígenas que se oponen a la normativa y las fuerzas policiales desplegadas frente al Congreso.
El jefe de Gabinete de la Presidencia, Hernán Huttemann, anunció en una breve rueda de prensa la promulgación del proyecto aprobado por las dos Cámaras, el cual eleva a seis años de cárcel el castigo por las invasiones y a diez en caso de daños de bienes.
Huttemann dijo que se trata de “una modificación del Código Penal”, subrayando que siguen vigentes los artículos que establece la facultad de los jueces en cuanto a las medidas a aplicar a los procesados, en función de los casos.
Agregó que el Ejecutivo ya estudiaba la modificación antes de ser respaldada por los diputados este miércoles y por los senadores la pasada semana, si bien señaló que se trata de un problema complejo que ha de ser enfocado de forma integral.
Antes de esa comparecencia, Edgar Olmedo, titular del Instituto Nacional del Indígena (INDI), hizo un llamado a las comunidades indígenas en aras de la “paz y la concordia”, tras reunirse con Abdo Benítez.
Olmedo dijo a los medios que el INDI, a instancias del mandatario, impulsará una mesa de trabajo con esas comunidades originarias para canalizar los proyectos sociales y explicar la normativa decretada.
Nuevos incidentes
También con anterioridad a la divulgación del decreto presidencial, grupos de indígenas y efectivos policiales mantuvieron nuevas escaramuzas en las inmediaciones del Congreso, centro de Asunción.
La Policía Nacional hizo uso de balines de goma, mientras los indígenas les hicieron frente con piedras y flechas.
También se vieron policías retirados por sus compañeros tras el impacto de objetos, y a dos indígenas con heridas supuestamente consecuencia de los balines.
De acuerdo con algunos medios, el rebrote de violencia fue provocado por la detención de uno de los líderes de los indígenas que desde hace días acampan en los alrededores de la Plaza de Armas, entre el Congreso y el antiguo Cabildo.
Se trata del segundo incidente tras el del miércoles, que se saldó con unos siete policías heridos y la quema de varios vehículos.
Abdo Benítez visitó este jueves a los policías ingresados en el Hospital de Policía Rigoberto Caballero, acompañado del Comandante de la Policía Nacional, el comisario general Luis Ignacio Arias.
Los legisladores que aprobaron el proyecto, con mayoría del gobernante Partido Colorado, sostienen que el aumento de penas resguarda el derecho a la propiedad privada y desalienta las ocupaciones.
Las principales organizaciones campesinas del país se oponen también a la normativa, que afirman criminaliza la lucha por el derecho a la tierra de ese sector y el de los pueblos originarios.
La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema y de marginación, debido principalmente a la apropiación indebida de sus tierras, según datos oficiales.
Ello ha causado un éxodo a las áreas rurales de parte de ese colectivo, en asentamientos sin los servicios básicos o dedicados a la mendicidad.
(Con información de EFE)
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