El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió este jueves un polémico proyecto de reforma constitucional elaborado bajo el liderazgo de su vicepresidente, y que la sociedad civil cuestiona por haber sido confeccionado “verticalmente” desde el Gobierno. Y en la madrugada del viernes aclaró que ha decidido no proponer reformas a artículos de la Constitución que tengan que ver con el aborto, el matrimonio o la eutanasia.
El proyecto gubernamental propone la modificación de 215 de los 274 artículos de la Constitución, entre reformas puntuales, nuevo contenido y mejora en la redacción.
La propuesta amplía el mandato presidencial de cinco a seis años -a partir de 2027- e instaura la posibilidad de revocatoria al tercer año de gobierno. Primero se decía que abriría la puerta a la unión homosexual, al aborto terapéutico y a la eutanasia, pero el mismo Bukele salió a desmentirlo con un posteo en Facebook.
Según el mandatario, “la oposición le tiene tanto miedo a una reforma constitucional que desmonte el sistema de privilegios del que siempre han gozado, que se han encargado de esparcir rumores y una campaña sucia de que la intención es “aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia”.
“Nada más alejado de la realidad. Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”, escribió.
“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia”.
La Constitución de este país reconoce en su artículo 1 “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.
Bukele deberá validar el pliego de reformas y para que entre en vigencia deberá ser aprobado por dos congresos consecutivos, hacia 2027.
“Misión cumplida. Las nuevas generaciones disfrutarán de ese nuevo país, diseñado en este estudio”, dijo en Twitter el vicepresidente, Félix Ulloa, quien calificó de “fuerzas retrógradas” y “voceros del estatus quo” a quienes se oponen a la reforma.
La iniciativa, generada desde el Ejecutivo, fue cuestionada por un colectivo de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La propuesta de reforma “no cumple con los requisitos que exige la ley en un proceso de tanta trascendencia para nuestro país”, declaró Milagro Alvarado, al leer un comunicado de un colectivo de oenegés.
Para las organizaciones, el artículo 248 de la Constitución vigente establece que eventuales reformas deben ser elaboradas y presentadas por al menos diez diputados de la Asamblea Legislativa y no “de forma vertical” por la presidencia.
“Esta propuesta de reforma constitucional no formó parte de la oferta electoral presidencial ni legislativa, por lo tanto en las elecciones el pueblo no emitió su voto por él (el proyecto de reforma)”, enfatizó Alvarado.
Ulloa señaló que la idea de extender el mandato presidencial a seis años es sincronizar los comicios presidenciales con los legislativos, que son cada tres años.
La reforma podría tener vía libre en la Asamblea Legislativa, pues es controlada por los partidos aliados a Bukele, quienes el 1 de mayo destituyeron y reemplazaron a magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en medio de críticas internacionales.
El 3 de septiembre los nuevos magistrados de esa sala interpretaron un artículo de la Constitución que da luz verde a Bukele para postularse a una reelección inmediata en 2024, si así lo desea.
Bukele, de 40 años y en el poder desde 2019, goza de un amplio respaldo popular y ha capitalizado el descontento ciudadano sobre los partidos tradicionales que gobernaron por tres décadas. Desde mayo tiene el control del Congreso.
(Con información de AFP)
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