Fátima Ortiz lleva desde el 7 de septiembre moviéndose entre reuniones, videollamadas y sus redes sociales para empujar la convocatoria de las marchas convocadas para protestar contra el gobierno de Nayib Bukele este 15 de septiembre, día en que se conmemoran 200 años de la independencia de El Salvador de la corona española. No es la única.
Las convocatorias a las marchas de este miércoles -hay unas 20 distintas- quieren unir en un solo evento el rechazo a Bukele y sus medidas más polémicas e impopulares, como su intención de buscar la reelección presidencial, una reforma que purgaría a un tercio de los jueces del país o la entrada en vigor del bitcoin como criptomoneda de circulación legal.
El oficialismo también tiene en agenda para la jornada la presentación de un pliego de reformas a dos tercios de los artículos de la Constitución, incluidos los que tienen que ver con la posibilidad de la reelección de Bukele.
No serán estas las primeras marchas de oposición al presidente, pero esta, al decir de algunos de sus organizadores, pretende ser un parteaguas que marque el inicio de una protesta callejera más robusta y, para los más ambiciosos, la creación de un frente de oposición más vigoroso en un país en que Nayib Bukele y sus fieles han copado el poder del Ejecutivo -fuerza pública incluida-, el Legislativo y la cabeza del Judicial.
Fue el 7 de septiembre, el día en que entró vigencia el bitcoin, que Bukele atestiguó la primera convocatoria callejera nutrida desde que asumió como presidente en junio de 2019. Dueño de índices récord de popularidad, de una victoria incontestable de su partido en las legislativas de este año y apenas importunado por una oposición política formal hecha jirones, la respuesta de la sociedad civil a las acciones del gobierno habían sido irrelevantes. Hasta ahora.
“El siete de septiembre se dio un punto de inflexión en la lucha de calle, el descontento y el hartazgo ya está llegando a niveles insostenibles para la población”, dice Ortiz, feminista y activista digital que se cuenta entre el grupo más público de promotores de las marchas convocadas.
La expectativa de los organizadores es llenar con al menos 5.000 personas la Plaza Morazán, en el centro de San Salvador, un número modesto si se lo compara con las grandes marchas de los 70 y 80 en El Salvador de las dictaduras militares y la guerra civil, pero relevante en los tiempos del bukelismo, que apenas había visto concentraciones de pocas decenas cuando sus diputados dieron golpe a la Corte Suprema y a la Fiscalía General para nombrar en esas instituciones a funcionarios afines.
Hay otra cosa que distingue a los organizadores de estas marchas de liderazgos anteriores. Aunque el oficialismo, a través de voceros como el ministro de trabajo, ha insistido en endilgar a la izquierda y derecha tradicionales la organización, lo cierto es que esta vez no hay grandes partidos políticos, sindicatos o gremiales fuertes detrás de las protestas. El liderazgo es más bien horizontal, y entre los organizadores más visibles destacan las feministas y los jóvenes.
“Son las mujeres y los jóvenes los que sienten más rápidamente la opresión… Los jóvenes no encuentran oportunidades, no hay futuro para ellos. No hay esperanza. No hay nada. La primera opción quizá sea la frustración, pero luego viene la lucha, y las mujeres son las que más sufren la violencia de género, el machismo, la misógina, que se multiplica por mil en regímenes opresivos”, dice Juan De la Cruz del Bloque Popular Juvenil, uno de los movimientos que estará en las marchas del 15.
La respuesta previa del gobierno a la convocatoria de protestas callejeras, hecha sobre todo en redes sociales, ha seguido casi todos los pasos del manual de propaganda del bukelismo para desviar la atención.
El presidente Bukele no se ha referido al asunto hasta ahora y ha intentado desviar la conversación a la supuesta reactivación de la aplicación digital “Chivo Wallet”, financiada con fondos públicos para transacciones con bitcoin, e incluso anunció la apertura de la vacunación gratuita contra el Covid-19 a niños entre 6 y 11 años, algo que ya fue objetado por la asociación de pediatras de El Salvador por considerar que “no hay datos de eficacia suficientes para respaldar la decisión” presidencial (Estados Unidos, por ejemplo, aún no aprueba la vacunación en ese rango de edad).
A Bukele incluso le quedó tiempo en la víspera del 15 de septiembre para enfrentarse en Twitter a un periodista por la reforma legislativa que permitirá la purga en el órgano judicial.
Los manifestantes, sin embargo, entienden que el gobierno se ha preparado y algunos ya temen que el aparato estatal prepare infiltraciones de agentes de inteligencia o de seguridad en ropas civiles para intentar violentar las marchas.
“Hay personas que tienen miedo de represalias, los organizadores hablamos de cómo guiar a quienes quieran llegar y permanecer incógnitos en la marcha o a quienes se enfrenten a policías que los quieran arrestar o decomisarles sus teléfonos”, cuenta Andy Failer, miembro del partido de oposición Nuestro Tiempo y quien participa a título individual en la organización de las marchas.
Failer y otros de los organizadores con los que habló Infobae cuentan que en la víspera del 15 de septiembre surgieron rumores de que agentes del gobierno infiltrarían las marchas para “provocar disturbios y daños a la propiedad privada, para dar mala imagen”. Otra estrategia sería enviar a la Policía Nacional Civil a las rutas de acceso a San Salvador para evitar que las protestas se nutran desde el interior del país.
Por ahora, la única comunicación oficial del gobierno es que el presidente hablará en una cadena nacional de radio y televisión a las 8 de la noche (hora local).
Una coalición inédita en tiempos recientes
Acaso haya que remontarse hasta 1944 para encontrar una sinergia de fuerzas sociales similar a la que, aquel año, ayudó a empujar la caída de Maximiliano Hernández Martínez, el militar que mandó en El Salvador con bota de hierro durante 13 años y lideró, en 1932, la masacre de decenas de miles de indígenas.
Esta vez, como no había ocurrido desde la firma de los acuerdos de paz que terminaron con la guerra civil en 1992, las calles de San Salvador se aprestan a recibir a miembros de diferentes ideologías y credos con una consigna común: el rechazo a Nayib Bukele y sus políticas.
El oficialismo ha querido usar esa amalgama de pensamientos en contra de las marchas, pintándolas como una convocatoria de la izquierda y derecha políticas que gobernaron el país entre 1989 y 2019 y cuyo declive contribuyó a la ascensión de Bukele al poder.
Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la presidencia, se refirió a las protestas en un hilo de varios tuits entrada la noche del 14 de septiembre. “Las ‘marchas’ convocadas no son expresiones reales de la ciudadanía, sino un intento desesperado del binomio ARENA-FMLN (partidos que gobernaron El Salvador) y… sus satélites para retomar el viejo manual de conflicto y división”, escribió Sanabria, él mismo exmilitante de la derechista ARENA y asesor cercano de Antonio Saca, expresidente arenero hoy preso por corrupción.
Los organizadores se han apresurado a alejarse de los liderazgos políticos tradicionales e insistir en que se trata de una convocatoria ciudadana espontánea de sectores dispares, hartos todos del bukelismo.
“El reto más importante ha sido articular a personas y organizaciones tan diversas, tan distantes en algunos temas y con agendas ideológicas distintas para que se puedan ver como un solo frente”, dice Failer. “Es un grupo colectivo diverso que en el corto plazo se ha puesto de acuerdo para estas marchas”, agrega.
Fátima Ortiz, feminista, habla de la diversidad de la convocatoria, que ha implicado “tender puentes para encontrar mínimos”. Carlos Clará, editor literario, había dicho a Infobae en la previa que esos mínimos se aglutinan alrededor del rechazo a las políticas presidenciales: “La indignación por el irrespeto del Ejecutivo al estado de derecho”.
Roberto Dubón, activista digital que ha participado en la organización de las protestas, también insiste en que se trata de una convocatoria ciudadana: “Esta convocatoria merece ser reconocida como la primera donde la protagonista es la sociedad, sin tintes ideológicos, sino de respuesta a una dictadura que nos ha llevado a la confrontación”, dice.
También hay ausencias. La más notable es la del gran empresariado salvadoreño, cuyos principales representantes se han mantenido cerca de Bukele e incluso lo han apoyado públicamente. En las últimas semanas, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) emitió un comunicado en el que saluda a los marchantes e insta al gobierno a respetarlos en las calles. Lo que no hace la ANEP es convocar a sus agremiados a marchar.
El liderazgo de la iglesia católica, aún la más influyente en el país, emitió también un comunicado oficial el 12 de septiembre en el que condenó el intento de reelección presidencial. Los obispos no adelantaron su participación en la marcha, pero algunos organizadores aseguran que hay prelados que les han comunicado su intención de ir.
Al final de la jornada del 15 de septiembre, que acabará con el mensaje de Bukele a la nación tras la primera muestra real y pública de oposición, se sabrá si la coalición nacida del repudio al presidente hizo ruido en las calles.
Mario Gómez, un especialista informático que fue arrestado el 1 de septiembre por la Policía de Bukele tras criticar la política bitcoin, tiene fe: “Creo que las marchas del 15 van a ser solo un inicio, porque no va a marchar toda la gente que quiere marchar. Llama la atención que la gente tiene una motivación clara para marchar, ya sea el rechazo al bitcoin, al tema de la reelección”, dice.
Ruth López, abogada, también ve, en las marchas del 15, una chispa, encendida por las políticas de Nayib Bukele. “(El presidente) ha logrado que (estos sectores) se acerquen, no que se unan; la unidad no puede ser circunstancial, no es de un día. Hay un objetivo que puede ser unificador: disputar el poder”.
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