Michelle Bachelet advirtió este lunes que la violación de las garantías fundamentales en Nicaragua “se ha agudizado de manera alarmante” y que más de 120 opositores están encarcelados cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales del próximo mes de noviembre.
En un discurso ante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU dijo que el deterioro de la situación en el país centroamericano, desde que estalló la crisis social en 2018, afectará el derecho ciudadano de elegir en los comicios del 7 de noviembre, en los que el dictador Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.
“Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos” en Nicaragua, la cual “no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, afirmó la ex presidenta chilena.
“Resulta imperativo que el gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses; que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil”, agregó.
Según Bachelet, desde su última actualización oral sobre la crisis en Nicaragua, en julio pasado, “no se han observado avances en la situación de derechos humanos, ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones”.
Por el contrario, dijo que su oficina documentó “30 casos de amenazas e intimidaciones” contra defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, además del allanamiento y ocupación de la sede del diario La Prensa, crítico del régimen sandinista.
“Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, y ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y de la sociedad civil por protestar en espacios públicos”, afirmó.
Bachelet repudió el arresto de una treintena de opositores nicaragüenses desde fines de mayo, incluyendo profesionales, periodistas, líderes políticos y siete aspirantes a la presidencia.
Indicó que al menos 124 personas permanecen encarceladas por disentir del gobierno. Según la oposición, la cifra de presos políticos supera los 140 desde 2018, cuando protestas estudiantiles derivaron en una revuelta social que terminó exigiendo la renuncia de Ortega.
La Alta Comisionada agregó que las detenciones se han practicado “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias”.
Al respecto, exhortó al régimen a tomar medidas urgentes, “como mínimo, liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral”.
En este contexto, la Fiscalía acusó y pidió el pasado jueves detener al escritor y ex vicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez, al acusarlo de actos que “incitan al odio” y “conspirar” contra la soberanía, lo que él, quien se encuentra en Madrid, denuncia como “persecución” de una “dictadura”.
“Exhorto a este Consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua”, insistió Bachelet, al exigir que no queden en “impunidad” las “graves violaciones de derechos humanos” en ese país.
Tras cuestionar al tribunal electoral, plegado al Ejecutivo, por haber inhabilitado a tres partidos opositores, dijo que el gobierno tampoco aplicó un paquete de reformas electorales y otras recomendaciones que su oficina hizo en 2019. Esto ha provocado una “perpetuación de la impunidad y nuevas violaciones” de derechos humanos, insistió.
La Alta Comisionada expresó voluntad de colaborar para mejorar la situación en Nicaragua e instó al régimen sandinista a reanudar “una cooperación efectiva con mi Oficina, incluso autorizando una misión al país”.
Ortega, que el 11 de noviembre cumplirá 76 años, gobernó por primera vez de 1985 a 1990. Retornó al poder en 2007 y se reeligió en 2011 y en 2016, esta vez llevando como vicepresidenta a su esposa Rosario Murillo, quien también busca la reelección en el cargo.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión policial sobre las protestas de 2018 dejó 328 civiles muertos, más de 2.000 heridos, más de 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados, en su mayoría refugiados en Costa Rica.
(Con información de AP)
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