La ruta de Daniel Ortega que parece seguir Nayib Bukele

Daniel Ortega regresó al poder, en enero de 2007, sin haber logrado aumentar el caudal de votos que lo llevó a perder tres elecciones seguidas antes. Su victoria estuvo determinada por un acuerdo con el líder liberal, Arnoldo Alemán, que le puso al alcance la posibilidad de ganar en primera vuelta y por la participación dividida de los liberales, sus adversarios naturales, en las elecciones de 2006.

Sin embargo, a partir de entonces se ha mantenido 14 años en el poder, se dispone para su tercera reelección consecutiva, controla todos los poderes del Estado, la Policía y el Ejército, y estableció una dictadura familiar pese a la resistencia interna y a que la comunidad internacional le ha dado la espalda.

Las sospechas de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha emprendido una ruta parecida a la de su vecino Daniel Ortega, quedaron confirmadas el 3 de septiembre pasado cuando la Sala de lo Constitucional, que Bukele mismo instaló, autorizó su reelección presidencial inmediata, saltándose así la prohibición constitucional que dispone que no puede reelegirse “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”.

Al igual que Ortega en Nicaragua, “Bukele no está matando la democracia en El Salvador, sino es que ya la mató”, considera el periodista salvadoreño Sergio Arauz, editor del periódico digital El Faro. “La gran diferencia es que Bukele está haciendo este recorrido de una forma más acelerada”.

Arauz considera que Bukele transita por un camino distinto, pero busca llegar al mismo punto donde está Ortega. Esa diferencia, dice, está dada por la distancia generacional que hay entre uno y otro presidente. “Bukele tiene gran popularidad todavía y se pinta y se vende en sus formas de mercadeo y de propaganda como alguien culto, fresco, joven, millennial, con ideas nuevas”. En cambio, Ortega mantiene su modelo apelando aun discurso antimperialista, anclado en la Guerra Fría.

Para 1998, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) era la principal fuerza política de Nicaragua y gobernaba su líder, el doctor Arnoldo Alemán Lacayo. En términos electorales la Constitución Política prohibía la reelección consecutiva o en más de dos ocasiones en períodos alternos, y establecía que solo se podía ganar en primera vuelta con más del 45 por ciento de los votos.

Esta es, a grandes rasgos, la ruta que siguió Daniel Ortega para construir el régimen que maneja hoy:

Pacto con Arnoldo Alemán

Con un caudal de votos que no pasaba del 40 por ciento, Daniel Ortega estaba impedido matemáticamente de ganar en primera vuelta, y en segunda vuelta era prácticamente imposible porque el mayoritario voto antisandinista se uniría contra él. Un pacto de mutuas concesiones con el líder liberal Arnoldo Alemán le puso la victoria a su alcance. Alemán y Ortega se repartieron entre sus miembros todos los cargos del Estado, se activó la diputación automática para expresidentes que necesitaba Alemán para conservar la inmunidad y Ortega consiguió que el techo electoral para ganar en primera vuelta se bajara hasta el 35 por ciento.

En 2001, a pesar de lograr su mejor porcentaje de los últimos 10 años, Ortega perdió de nuevo ante el candidato liberal Enrique Bolaños, quien consiguió el 56.3 por ciento de los votos. Pero Ortega logró la victoria en 2006 con solo el 38.0 por ciento de los votos cuando los liberales participaron divididos.

Acuerdo petrolero con Venezuela

Tan pronto Ortega regresó al poder dispuso de un torrente de dinero líquido que le llegó desde Venezuela a través de un acuerdo petrolero con el país gobernado entonces por Hugo Chávez. Venezuela proveería el petróleo que Nicaragua necesita, y la mitad del precio pactado se pagaría a un plazo de 25 años con un interés del 2 por ciento. El acuerdo le proporcionó a Ortega, según datos oficiales, 3,654 millones de dólares entre 2007 y 2016. Este dinero le sirvió para impulsar programas de corte populista, establecer alianzas con el gran capital y desarrollar un consorcio particular de empresas que maneja su familia.

Alianza con el gran capital

Ortega hizo una alianza con el sector empresarial bajo la figura de “diálogo y consenso” que le permitió construir su régimen con relativa tranquilidad. El acuerdo implícito parecía ser: “organicemos juntos la economía y déjenme a mí el manejo político”. Los empresarios lograron el nombramiento de 43 de sus miembros en las directivas de instituciones del Estado y consiguieron participación determinante en 124 de 326 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, con mayoría sandinista, entre 2008 y 2018. Esta alianza terminó en abril de 2018, cuando Ortega decidió impulsar por su cuenta una reforma al Seguro Social que se convirtió en detonante de la rebelión popular.

Entre los empresarios y Bukele no hay una alianza tácita. Sergio Arauz ve dos niveles de comportamiento: uno, el de la gran mayoría de grandes, medianos y pequeños empresarios que define como “crítico con cautela”, y el del gran capital “representado en cuatro o cinco personas provenientes de las grandes fortunas del país que, yo no diría que están en alianza, sino cómodos” con el modelo de régimen que impulsa Bukele.

Reelección presidencial

La prohibición constitucional a la reelección representaba un doble candado para Ortega que no se podía reelegir en el periodo siguiente y tampoco en un periodo alternativos porque ya había gobernado en dos ocasiones. Al no poder conseguir los 56 votos necesarios en el parlamento para botar este muro constitucional, buscó una vía expedita: una sentencia judicial. En octubre de 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección continua. El fallo fue votado por seis magistrados de la Sala Constitucional, todos sandinistas, casi de la misma forma que sucedió el 3 de septiembre pasado en El Salvador.

Fraudes electorales

Toda esta estructura de poder se generó a través de consecutivos fraudes electorales que le permitieron a Ortega no solo reelegirse sino también conseguir los diputados suficientes para hacer las leyes y reformas legales necesarias y desbaratar el sistema de partidos políticos. “Las elecciones del seis de noviembre han supuesto un retroceso en la calidad democrática de los procesos electorales nicaragüenses por la escasa transparencia y neutralidad con que han sido administradas por el Consejo Supremo Electoral (CSE). A lo largo del proceso, un CSE prácticamente monocolor en todos sus niveles ha dado muestras de escasa independencia respecto al oficialismo y generado condiciones de competición desfavorables y obstrusivas para la oposición, que se ha visto desplazada de cualquier representación efectiva en la administración electoral”, expuso el informe final sobre las elecciones de la misión de Observación Electoral de la Unión Europea de noviembre 2011.

Represión

Al mismo tiempo que construía alianzas con los empresarios, y elaboraba leyes a la medida de sus necesidades, Ortega reforzó el proceso de cooptación de Ejercito y la Policía y organizó grupos de simpatizantes en “fuerzas de choque” que se encargaban de reventar con violencia las manifestaciones opositoras. Era la estrategia de garrote y zanahoria. Este sistema funcionó hasta abril de 2018 cuando, con el flujo de dinero venezolano menguado, el descontento contra el régimen se manifestó a través de multitudinarias marchas que llevaron a Ortega a quedarse solo con el garrote y contener las protestas a sangre y fuego para mantenerse en el poder.

Bukele ha reforzado al Ejército y la Policía con presupuesto y logística. “Mantiene bastante contentos los requerimientos de los estamentos policiales y militares”, dice Arauz. “Ya anunció que va a duplicar el Ejército. De 20 mil soldados vamos a pasar a 40 mil soldados en el corto plazo. En la Policía igual. Ha anunciado una serie de mejoras, condiciones laborales, salariales, bonos a los policías. Está asegurándose el control total de esas dos instituciones fundamentales para un régimen autoritario”.

Divorciado del empresariado, sin el dinero venezolano y con sus índices popularidad caídos a Daniel Ortega le quedan la Policía y el Ejército y el control total de todos los poderes del Estado. Puede hacer las leyes que necesite y ha convertido las elecciones en un ejercicio inútil porque no permite la participación de los opositores y mantiene el control del tribunal encargado de contar los votos.

“Bukele tiene dos años en el poder, está empezando su tercer año y ya anunció una nueva Constitución. Una sala constitucional a su medida anunció que puede reelegirse. Dispuso una moneda nueva, está transformando drásticamente las instituciones y desarticulando la institucionalidad heredada después de la firma de los acuerdos de paz”, concluye el periodista de El Faro.

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