Los cuatro oficios que se volvieron de alto riesgo en la Nicaragua de Daniel Ortega

En una caricatura muy conocida un prisionero grita tras la ventana con barrotes de su celda: ¡Quiero hablar con mi abogado! Desde otra celda, su abogado le contesta: ¡Aquí estoy!

Esta imagen no es una caricatura en Nicaragua. Se le puede poner nombres reales. El prisionero político que pide asistencia legal podría ser el aspirante presidencial Medardo Mairena y desde otra celda de la Dirección de Auxilio Judicial de la policía nicaragüense, conocida como “El Nuevo Chipote”, le contestaría su abogada, María Oviedo. O Félix Maradiaga, otro aspirante presidencial preso, y su abogado, Roger Reyes, desde otra celda del mismo complejo policial le respondería: ¡Aquí estoy!

Abogados

La suerte de Oviedo y de Reyes tiene que ver con el alto riesgo que asumen los abogados al defender a presos políticos en el régimen de Daniel Ortega. No es la única profesión cuyo ejercicio se ha vuelto peligroso. En la misma línea están los defensores de derechos humanos, los periodistas e, inclusive, los médicos. Cárcel y exilio se han vuelto frecuentes para estas profesiones.

La abogada María Oviedo es funcionaria del Consejo Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) y defensora de los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Freddy Navas y Pedro Mena, detenidos por la Policía el pasado 5 de julio, acusados del supuesto cargo de “traición a la patria”. Hasta este miércoles ni sus familiares ni su abogada habían podido verlos. Al contario, Oviedo fue detenida el 29 de julio por los mismos cargos y también permanece incomunicada.

Roger Reyes, acompañó a su cliente, el aspirante presidencial opositor, Félix Maradiaga el 8 de junio a la cita que le hizo el Ministerio Publico. Ese día, después de la entrevista, la Policía detuvo con violencia a Maradiaga cuando, junto al abogado, se dirigía hacia su casa. Reyes, a su vez, fue detenido la noche del 20 de agosto en una gasolinera de Managua. Tanto Maradiaga como Reyes son miembros de la opositora Unidad Azul y Blanco (UNAB).

El abogado Elton Ortega, que defendía a los opositores presos Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, se marchó al exilio luego de sufrir amenazas por su trabajo.

“Ser abogado en Nicaragua es peligroso”, dice el abogado y defensor de derechos humanos Pablo Cuevas. “El abuso contra los abogados ya existía, pero se magnificó a partir de abril de 2018 cuando al ciudadano se le priva de su defensa y el abogado que defiende el derecho de su cliente con energías es visto por el Estado como un enemigo”.

Defensores de derechos humanos

Cuevas, quien también es asesor de la CPDH, dice que no han encontrado alguna razón legal para justificar la detención de su colega, María Oviedo. “Hemos revisado cada una de las declaraciones que ella (Oviedo) realizó antes de estar presa y no encontramos nada que tuviera que ver con la ley 10-55 con que la acusan. ¡Nada!”.

La detención de Oviedo, dice, es un mensaje a los defensores de derechos humanos. “Quieren atemorizarnos y que no sigamos haciendo nuestro trabajo”.

Cinco promotores de derechos humanos de CPDH han caído presos en estos últimos tres años. Cuatro de ellos fueron condenados y una estuvo tres meses presa sin ser llevada ante el juez. Otro organismo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) fue proscrito por el régimen de Ortega en diciembre de 2018, sus oficinas confiscadas, y gran pare de sus funcionarios huyeron al exilio para evitar ser detenidos y seguir trabajando desde otras organizaciones.

“Yo a cada momento tengo que contemplar la posibilidad de que me puedan meter preso, me metan un balazo o me vinculen a cualquier cosa”, reconoce Pablo Cuevas, de 52 años de edad y 14 de ser promotor de derechos humanos. “La gente nos ve con pesar. Hace poco estaba atendiendo a una ciudadana y el local estaba sitiado por la Policía. Ella me decía: ¿Cómo hacen ustedes para soportar esto? Y lo mismo sucede en nuestros hogares. Vecinos nos vigilan. Motorizados de civil patrullan nuestra zona. Mi hijo me dice: Papá, andar con vos es un peligro”.

Periodistas

Sergio Marín Cornavaca, 58 años, es periodista nicaragüense y dirige el portal digital “La Mesa Redonda”. A mediados de junio pasado se marchó al exilio ante una detención inminente. “Hay miedo. Sabía que venía una arremetida contra el periodismo. Entre otras cosas apareció un video donde yo parecía con otras personas y los allegados a Ortega pedían cárcel para nosotros. En estos momentos todo los del video están presos, menos yo”.

Marín es miembro de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), y calcula que en estos últimos tres meses unos 45 periodistas nicaragüenses han salido al exilio, principalmente al país vecino de Costa Rica. Otros destinos son Panamá, España, Estados Unidos, El Salvador y Colombia.

“El periodismo está criminalizado. No hay ejercicio de periodismo en libertad. El cierre de medios es parte de la criminalización del periodismo. Nos llaman golpistas y eso crea un estigma. Solo el periodismo oficialista está ejerciendo su labor sin que nadie atente contra su derecho”, dice Marín.

Desde junio, al menos una treintena de periodistas han sido citados por el Ministerio Público para que respondan por las fuentes de financiamiento para su trabajo y para amenazarlos de los delitos que supuestamente estarían cometiendo conforme la recién aprobada Ley de Ciberdelitos. Cuatro de los 36 detenidos por razones políticas en este tiempo son periodistas o están relacionados con el periodismo.

El diario La Prensa, el más antiguo y último medio impreso que quedaba en Nicaragua, fue tomado por la Policía el 13 de agosto y su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, encarcelado y acusado de los supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero.

Desde el ejecutivo nicaragüense existe una permanente descalificación al periodismo que no está bajo su control. Chachalacos, golpistas y terroristas, son algunos de los epítetos con que la vicepresidenta Rosario Murillo suele referirse a los periodistas.

“Anteayer decíamos, se hace terrorismo comunicacional con el tema del Covid. Eso es imperdonable, es sacrílego, eso es atentar contra el amor a Dios, estar todo el tiempo inventando, deseando. Ya quisieran, ya quisieran”, dijo Murillo este martes en sus monólogos tradicionales del mediodía. “Por eso, a los terroristas de la comunicación sencillamente se les ignora, en cualquier tiempo, y más aún cuando es atentar contra la vida, atentar contra la vida buena”.

Médicos

Otro gremio que se siente perseguido son los médicos. El desencuentro comenzó tras la rebelión de 2018 cuando algunos médicos decidieron atender a los heridos que salían de las protestas y que no asistían a los hospitales públicos por desconfianza o porque les cerraban las puertas.

Un caso emblemático es el del adolescente Álvaro Conrado (Alvarito) quien murió el 20 de abril de 2018 después de ser herido con arma de fuego en una protesta. El hospital al que lo llevaron de emergencia no permitió su ingreso.

El doctor Carlos Quant, un reconocido infectólogo nicaragüense, recuerda que el personal del hospital privado donde trabaja se organizó para atender a los heridos en ese tiempo. “Es parte de nuestro juramento hipocrático que hay que atender al enfermo, desgraciadamente se volvió un problema”, dice.

La pandemia de Covid también se convirtió en punto de choque entre el régimen y los médicos independientes.

Otro médico que por temor pide no se le mencione por su nombre, dice que ante la inminente llegada del Covid a Nicaragua se organizó un “Comité Científico Multidisciplinario” integrado por epidemiólogos, infectólogos, salubristas, pediatras y neumólogos, entre otros, para orientar a la población y al gremio sobre las precauciones que se debían tomar.

“Entramos en contradicción con el gobierno en cuanto a los datos. No hubo aceptación, más bien hubo rechazo y ya vimos en qué terminó. Tuvimos que desintegrar el grupo, comenzó la persecución hacia algunos colegas, terminaron confiscando la organización no gubernamental que dirigía el doctor (Leonel) Argüello y muchos colegas tuvimos que salir al exilio o silenciarnos. Autocensurarnos”, dice la fuente.

El doctor Quant fue uno de los citados por el Ministerio de Salud. “Nos llamaron para decirnos que no podíamos seguir hablando de la pandemia porque estábamos bajo la amenaza de perder la licencia para ejercer la medicina o bien aplicarnos la ley de ciberdelitos”, señala y se disculpa por no poder hablar sobre otros temas. Se siente amenazado.

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