Una comisión del Parlamento boliviano autorizó este miércoles tres juicios de responsabilidades, entre ellos uno contra el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005), mientras que la Fiscalía presentó al Legislativo la proposición acusatoria contra la ex mandataria interina Jeanine Áñez por la muerte de civiles en 2019.
Los procesos de responsabilidades “arrastrados de gestiones anteriores” incluyen al ex ministro de Gobierno (Interior) Alfredo Rada, que ocupó el cargo en la gestión de Evo Morales, por “genocidio” y contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), al que se acusa por resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica, manifestó a los medios la senadora oficialista Patricia Arce.
También se confirmó que el Legislativo ha recibido la cuarta proposición acusatoria contra la ex presidenta interina por el caso de la muerte de civiles en Sacaba y Senkata por delitos de genocidio, lesiones graves y gravísimas y lesiones seguidas de muerte.
Según consignó el periódico local El Deber, en menos de tres meses y medio se dio luz verde a un total de 20 juicios de responsabilidades contra ex dignatarios de Estado.
El juicio contra Carlos Mesa
Arce, que es presidenta de una comisión mixta de Justicia Plural del Parlamento, detalló de que el proceso contra Mesa es por el caso de la empresa Quiborax bajo acusación de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
En 2004, durante el Gobierno de Mesa, fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax, que presentaron una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
En 2018, el CIADI cerró el caso a favor de las demandantes al entender que la revocación no se ajustó a la ley y el Estado boliviano firmó un acuerdo para compensar con 42,6 millones de dólares a las empresas chilenas.
“Una de las peores infamias del MAS, protagonizada por ministros que arrodillaron al país ante una empresa chilena y la premiaron con 42 millones por explotar ilegalmente el Salar, se usa de nuevo para reactivar un juicio y doblegar mi conciencia. ¡Canallas!, se equivocan de nuevo”, escribió Mesa, líder de la opositora Comunidad Ciudadana, en Twitter.
En declaraciones a los medios, el diputado Carlos Alarcón, del partido de Mesa, sostuvo que la acusación en el fondo pretende “presionar” para “conseguir la aprobación de juicio de responsabilidades que le interesan al Movimiento al Socialismo (MAS)”.
Justamente el Gobierno y el MAS han insistido en un proceso de responsabilidades contra Añez por la muerte de civiles en 2019 aunque para esto necesita alcanzar 2/3 de apoyo en el Parlamento.
Postura por el caso Áñez
En declaraciones a la agencia de noticias EFE, la senadora de la opositora Creemos Centa Rek manifestó que la “condición indispensable” para un juicio de responsabilidades implica una reforma judicial y el cambio de operadores de justicia que, según dijo, “tienen un compromiso evidente con el partido oficialista”.
Rek se refirió al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estableció que en la crisis de 2019 hubo víctimas durante las gestiones de Morales y de Áñez por lo que el juicio de responsabilidades “debe ser manteniendo el equilibrio y la verdad histórica y juzgando a ambas ex autoridades”.
La parlamentaria mencionó que esa postura de su bloque es “en unidad” y también incorpora a Comunidad Ciudadana y a bloques cívicos del país.
La ex presidenta Áñez, recluida en una cárcel de La Paz por el caso denominado “golpe de Estado”, también tiene cuatro acusaciones en el Parlamento por medidas adoptadas en su mandato relacionadas con supuestos actos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución.
A esto se suma una otra denuncia de la ex legisladora del MAS Lidia Patty contra Áñez por acoso político.
Bolivia afronta hace tiempo un ambiente de polarización entre los que sostienen que durante la crisis política de 2019 hubo un golpe de Estado, como el Gobierno y los sectores sociales afines, y quienes consideran que el detonante fueron las irregularidades en los comicios anulados de ese año.
(Con información de EFE)
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