Impacto ha generado en Chile la publicación de una investigación periodística que reveló que una jueza de garantía protegió y ayudó a su hijastro narcotraficante para que evadiera la justicia.
La información fue publicada durante este lunes por Radio Bío Bío e involucra a la jueza de Garantía de la ciudad de Coyhaique, Cecilia Urbina Pinto, a su esposo Jorge Cáceres Osses y al hijastro de la mujer, Jorge Cáceres Vásquez más conocido en el mundo del narcotráfico como “El Matanga”.
Según la investigación del medio de comunicación todo se inició cuando el 26 enero del 2021 funcionarios de la Policía de investigaciones (PDI) ubicados en la localidad de Coyhaique, al sur de Chile, escucharon mediante intervención telefónica cómo “El Matanga” daba instrucciones para coordinar una entrega de drogas.
De inmediato los funcionarios dieron aviso a la fiscal María Inés Núñez quien quedó impactada con los detalles entregados, ya que todas las instrucciones en la causa de tráfico de drogas en las que estaba involucrado “El Matanga”, eran autorizadas por su madrasta la jueza Cecilia Urbina Pinto desde el 2019.
Con estos detalles en sus manos la fiscal contactó al juez Mario Devaud con la finalidad de obtener permiso para intervenir el teléfono personal de “El Matanga”. Como pruebas para sustentar esta solicitud la persecutora incluyó cinco conversaciones en donde un grupo de narcotraficantes nombran al hijastro como integrante de una organización de drogas.
Núñez además solicitó a Nevaud que la causa fuera tramitada por él bajo reserva en el sistema del Poder Judicial para que no ocurrieran filtraciones. Sin embargo, la información quedó a disposición de todos los jueces que tenían claves especial para acceder a este expediente, entre ellos, la jueza Urbina.
A fines de enero la jueza cayó en la trampa cuando se detectó que hizo revisión de este expediente y de la decisión de intervención telefónica al teléfono de “El Matanga”, lo que provocó que Urbina le comunicara a su esposo que los móviles estaban siendo escuchados. Acto seguido, el padre le comunicó esta información a su hijo quien se deshizo del aparato y del chip.
Más antecedentes sobre este caso
Con todos estos datos a cargo de la fiscalía de Coyhaique se inició una investigación en contra de la jueza y de su esposo, mientras que el 16 de abril y el 15 de junio de este año fueron detenidos dos cercanos a “El Matanga”. En sus declaraciones estos admitieron que siempre tuvieron información actualizada de cómo operaría la justicia en su contra.
Uno de los detenidos identificado como Diego Araneda señaló que la información actualizada sobre la causa de narcotráfico relacionada a “El Matanga” y sus amigos, siempre estuvo bajo dominio de ellos porque “la jueza se lo contaba al papá de Cáceres (El Matanga), que es su pareja y el papá de Cáceres le avisaba y por eso no lo detenían nunca”.
Además en una de las escuchas telefónicas del 23 de julio pasado, el papá de “El Matanga” admitió que ingresaba al computador de la jueza sin su autorización para obtener más detalles de la causa que relacionaba al hijastro con el tráfico de drogas.
Para confirmar el vínculo entre la jueza y el traspaso de información de esta causa, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) explicó a la fiscalía que los casos secretos por la Ley de Drogas los nombres de los imputados están identificados como “NN” para que no se hagan seguimientos a los individuos.
No obstante según la investigación periodística, la fiscalía concluyó que la jueza con su privilegio de acceso al sistema y a las causas reservadas, “no podía menos que haber entregado datos del caso a su esposo” porque este fue definido casi como un “analfabeto digital” por las autoridades, y que es muy difícil que hubiese actuado a espaldas de la mujer.
Posteriormente, en una comunicación telefónica la jueza reveló a otra funcionaria que por más que una causa sea secreta los jueces pueden seguir accediendo a esta. “(…) Aunque yo me hubiese inhabilitado, igual uno puede seguir mirando las causas”, dijo la mujer.
Las consecuencias del caso
Tras estas revelaciones el Fiscal Regional de la región de Aysén, Carlos Palma, presentó una querella ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique en contra de la jueza bajo los delitos de revelación de secreto en una causa por Ley de Drogas y corrupción judicial.
Esto busca que el tribunal de la orden para que la mujer sea formalizada bajo los delitos que se le imputan.
A parte de esto la Brigada Antinarcóticos de la PDI el pasado 11 de agosto incautó celulares y computadores de la jueza y su marido en el domicilio que ambos usan. Todo esto para saber las conversaciones de WhatsApp y las localizaciones de los teléfonos móviles en este tiempo.
El caso es de la mayor gravedad para el sistema judicial chileno, y según las fuentes consultadas por Radio Bío Bío, “es altamente probable que Urbina salga de las filas del Poder Judicial”.
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