La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a una familia de jóvenes opositores de Nicaragua, por considerar que se encuentran en “una situación de gravedad”, informó este jueves el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
En una resolución emitida el pasado lunes, la CIDH benefició a los opositores Douglas Antonio Villanueva Sandoval y Cindy Mariana Mejía Tercero, así como al hijo de ambos, un bebé de menos de un año, luego de concluir que su situación es “de gravedad y urgencia, de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”.
Villanueva, un miembro del Movimiento de Jóvenes por la Justicia y la Libertad en la ciudad de Chinandega (noroeste), participó en las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, en las que la CIDH contabilizó 328 muertos.
Por su activismo, Villanueva, quien estuvo preso en 2019, “empezó a recibir amenazas, hostigamientos, a ser vigilado, y recibir agresiones por parte de agentes policiales y paraestatales”, según el Colectivo.
Un trato similar recibió Mejía Tercero por parte de agentes y grupos oficialistas incluso en 2021, tras haber dado a luz, de acuerdo con la información.
El Colectivo destacó que el régimen de Nicaragua negó que los beneficiarios se encuentren en peligro, pero que “no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante”, y fue llamado a “asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiadas”.
Desde la revuelta popular de abril de 2018, más de un centenar de nicaragüenses han sido beneficiados con medidas cautelares emitidas por la CIDH, que no son admitidas por el régimen de Daniel Ortega.
Cifras reconocidas por la CIDH indican que, en el contexto de la crisis de Nicaragua, más de 150 opositores han sido encarcelados y 103.000 nicaragüenses han huido al exilio.
Las mujeres presas políticas, en una situación crítica
Representantes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) calificaron la semana pasada de “crítica” la situación de diez mujeres consideradas “presas políticas” en Nicaragua y solicitaron a la comunidad internacional esfuerzos para lograr su liberación.
“La situación de nuestras compañeras en Nicaragua sigue siendo crítica, por ello, reiteramos que, ahora más que nunca, es imprescindible que todas las voluntades y responsabilidades involucradas reaccionen con compromiso y de acuerdo a la gravedad de la situación”, dijo la integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México Lydia Alpizar, en un pronunciamiento.
Según IM-Defensoras, las mujeres, entre “activistas políticas, feministas, académicas, periodistas, comandantas de la revolución, abogadas y defensoras de derechos humanos”, fueron arrestadas “a través de dispositivos policiales desproporcionados, sus casas fueron allanadas con todo lujo de violencia, algunas fueron golpeadas y otras fueron detenidas frente a sus hijos e hijas menores de edad”.
La organización destacó además los riesgos que corren las convictas al haber sido señaladas de violar la controvertida “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que sanciona delitos de traición a la patria.
Entre las diez mujeres que organizaciones no gubernamentales consideran “presas políticas” está la periodista Cristiana Chamorro, la ex guerrillera sandinista disidente Dora María Téllez, así como las dirigentes opositoras Violeta Granera, Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil y Tamara Dávila.
También la ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán, así como las activistas María Esperanza Sánchez y Karla Vanessa Escobar.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua hay más de 150 opositores presos, supuestamente por pensar diferente al régimen de Daniel Ortega.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, en las que Ortega aspira a su quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
(Con información de EFE)
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