La secretaria de Derechos Humanos de Ecuador, Bernarda Ordóñez, reveló una cifra alarmante en una entrevista para la agencia internacional EFE. La funcionaria dijo que en el país andino más de 3.000 niñas menores de 14 años son madres cada año. También indicó que existen deudas históricas por parte del Estado: la falta de políticas públicas y la falta de registro estadístico de los casos. Y explicó que “desde la década de los noventa ya los organismos internacionales nos evidenciaban la falta de políticas públicas”, además de todos los casos referentes a violencia en las aulas educativas, dijo la funcionaria, “la impunidad es bastante alta”.
Las relaciones sexuales con menores de 14 años siempre son consideradas violaciones, así se detalla en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. El 65 % de los actores de este delito en Ecuador, según la Unicef, son parte del círculo cercano a las víctimas, es decir: padres, hermanos, primos, profesores, etc. Además, el horror se observa en las cifras: de los familiares que abusaron casi el 40 % abusó varias veces a la misma víctima y el 14 % lo hizo de forma sistemática. Además, a 1 de cada 3 víctimas que decidieron contar lo que les pasaba nunca se les creyó.
El embarazo de menores es un problema importante en el país. Los indicadores demuestran que el Ecuador es el segundo con el mayor número de embarazos adolescentes después de Venezuela.
Solo en el 2020, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de los 265.437 nacidos vivos, se registraron 1.631 bebés hijos de niñas de 10 a 14 años de edad, lo que corresponde a una tasa de 2 nacidos vivos por cada 1.000 niñas de ese rango de edad.
La secretaria Ordóñez se refirió a este tema en el contexto del Día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas. La conmemoración se dio por primera vez en el país, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el emblemático caso de Paola Guzmán, una adolescente que, en el 2002, se suicidó tras ser violada por el vicerrector de su colegio y quedar embarazada. Paola tenía 16 años. El suicidio es uno de las consecuencias de los abusos sexuales. “Las víctimas sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral”, recalca la Unicef.
La violencia sexual en las aulas ecuatorianas registra altos niveles, de acuerdo a un informe publicado por Human Rights Watch. La organización recalca que “durante décadas, Ecuador ha incumplido su deber de proteger a centenares de niños, niñas y adolescentes, socavando su derecho a la educación, a la protección contra la violencia, la integridad de sus derechos sexuales y reproductivos y su derecho a la reparación”.
En este estudio se cuenta el caso de Paola Guzmán, que desde los 14 años fue violada y abusada sexualmente repetidas veces por el vicerrector de su escuela secundaria. En 2002, Paola se enteró de que estaba embarazada y se lo contó a su agresor, quien la obligó a abortar con el apoyo del médico de la escuela. El médico presuntamente le pidió a Paola que tuviera relaciones sexuales con él. Después de esto, Paola se suicidó.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a la lucha incansable de la madre de Paola, Petita Albarracín. La Corte Interamericana, en junio de 2020, determinó que Ecuador era responsable de la violación de los derechos de Paola a la vida, a estudiar libre de violencia sexual, a la salud sexual y reproductiva y a su autonomía corporal, así como de la violación del derecho de su familia a un juicio justo y al respeto por su integridad moral y psicológica.
Diariamente, en el Ecuador se registran un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a niñas y adolescentes. Sin embargo, existe un subregistro. De acuerdo con la Unicef, 1 de cada 4 víctimas de abuso sexual nunca avisó lo que les sucedía por “temor, vergüenza o impotencia”.
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