Luego de que la dictadura castrista revocara el beneficio de detención domiciliaria a José Daniel Ferrer y lo condenara a permanecer en la cárcel los más de cuatro años que le restan de condena por una supuesta agresión, la ONG Prisioners Defenders denunció que el encarcelamiento al disidente viola la constitución cubana y la legislación internacional.
“A José Daniel Ferrer se le ha detenido arbitraria e ilegalmente, se le ha mantenido incomunicado violando todos los procedimientos procesales y los derechos del acusado y los familiares, se ha dictado un auto de prisión provisional sin base ni rigor que se desarticula por la mera lectura del mismo, acusando a alguien de vociferar ‘Abajo Díaz Canel’ y ‘Abajo el hambre’, frases que no califican penalmente como desacato ni pueden ser considerados insulto alguno, y que pertenecen al derecho de expresión supuestamente amparado en la Constitución de Cuba”, afirmó la organización.
Prisioners Defenders señaló que, solo por nombrar algunos, se violaron los artículos 56, 61, 94 y 95 de la Constitución, y los artículos 241 al 244 de la Ley de Procedimiento Penal de Cuba.
La organización denunció las irregularidades y contradicciones en los procedimientos jurídicos realizados por la dictadura contra Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), quien fue detenido el 1 de octubre de 2019 y en febrero de 2020 condenado a prisión tras un juicio a puertas cerradas por un supuesto delito de lesiones a otro hombre, cargo que sus familiares y colaboradores niegan.
Prisioners Defenders aseguró que en el caso de Ferrer, como en el de todos los prisioneros políticos cubanos, se violaron “todo principio jurídico, procesal, del debido proceso y la defensa efectiva, y cualquier atisbo de seriedad del propio conjunto del Estado de Cuba”.
“La República está pagando ese alto precio por el “interés” de un organismo político concreto, dado que ese organismo, la Seguridad del Estado, un ente militar, es la herramienta de poder del régimen y quien maneja todas las estructuras del Estado, muy por encima del interés del pueblo de Cuba, de cualquier funcionario y por supuesto de la justicia”, concluyó.
A Ferrer, tras seis meses encerrado, y en medio de fuertes presiones internacionales, en abril de 2020 se le conmutó la pena por una sanción de cuatro años y medio de detención domiciliaria.
Más de un año después, Ferrer fue encarcelado nuevamente por unirse a las recientes protestas ciudadanas del 11 de julio. Ese mismo día fue secuestrado por el régimen cerca de su casa. Pasaron 35 días hasta que hubo noticias de él.
Sus allegados publicaron este martes un texto del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba con fecha del 12 de agosto, donde el juez revoca el arresto domiciliario del líder opositor y ordena su ingreso en un establecimiento penitenciario para que cumpla allí los 4 años y 14 días que le restan de condena.
José Daniel Ferrer García, de 51 años, es uno de los disidentes más conocidos fuera de la isla, ya que formó parte del “grupo de los 75” condenados en el año 2003 durante la ola represiva conocida como “primavera negra” y liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia católica y el Gobierno español. Es decir que pasó casi nueve años en prisión, seis de ellos en celda de aislamiento y fue torturado decenas de veces.
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