Especial Infobae - En Nicaragua las nacionalidades van al ritmo de las conveniencias políticas del régimen de Daniel Ortega. El seis de agosto pasado, el Consejo Supremo Electoral canceló en un trámite expedito la nacionalidad nicaragüense de Carmella María Rogers Amburs, conocida Kitty Monterrey, presidente del Ciudadanos por la Libertad (CxL) el principal --y muchos consideran el único-- partido de oposición que iba en la boleta de las elecciones generales previstas para noviembre próximo.
Una semana antes, el 30 de julio anterior, el gobierno de Nicaragua otorgaba, también en un proceso expedito, la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén y a su familia cercana: su esposa, Rosa Margarita Villalta; su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta y su nieto, Juan Carlos Guardado Sánchez.
Sánchez Cerén fue vicepresidente (2009-2014) y presidente (2014-2019) de El Salvador. Sobre él pesa una orden de arresto por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito cometidos desde su cargo.
“El expresidente Sánchez Cerén escapó del país el cinco de diciembre pasado hacia Nicaragua, en busca de protección del régimen de Daniel Ortega, consiguiendo la nacionalidad en ese país y siguiendo los pasos de su antecesor Mauricio Funes Cartagena, ambos del partido FMLN”, explica una nota de prensa de la Presidencia salvadoreña.
Hasta el seis de agosto, Carmella María Rogers Amburs, o Kitty Monterrey, 71 años, tenía la doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense. Nació en San Francisco, Estados Unidos, de padre estadounidense y madre nicaragüense, según dijo en entrevista al diario La Prensa, de Managua. A los nueve años se fue a vivir a Nicaragua con su abuela materna. “Prácticamente toda mi vida he vivido en Nicaragua”, dijo.
El régimen nicaragüense alegó irregularidades en el proceso de inscripción y obtención del documento de identidad para anularle su nacionalidad.
En el caso del expresidente salvadoreño, la nacionalidad bloquea su extradición porque las leyes nicaragüenses prohíben la extradición de los nacionales, mientras en el caso de la presidente de Ciudadanos por la Libertad, la anulación de su nacionalidad representa uno de los criterios que el tribunal electoral nicaragüense consideró para sacar de la competencia electoral a su partido.
Con la ilegalización de Ciudadanos por la Libertad, Daniel Ortega elimina la poca oposición que le quedaba para las próximas elecciones, después de mantener en la cárcel a los siete principales aspirantes a candidatos presidenciales y eliminar a otros dos partidos de oposición.
Dar y quitar nacionalidades, sin embargo, no es asunto reciente para el régimen de Daniel Ortega.
En noviembre de 2018, la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua citó y anuló la nacionalidad nicaragüense de la líder feminista y experta en salud, Ana Quirós, de origen costarricense. Quirós, nacionalizada nicaragüense desde hace más de 20 años, fue esposada y expulsada del país.
“La asesora legal de Migración me leyó una resolución que decía que mi nacionalidad quedaba anulada porque tenía dos nacionalidades. La resolución decía que los nacionalizados no pueden tener dos nacionalidades a menos que sean originarios de países centroamericanos. Le pregunté si había habido algún cambio en la geografía regional, porque hasta donde entendía, Costa Rica era parte de Centroamérica. No me contestaron nada, no me entregaron la resolución. Luego me dijeron que siguiera a un oficial”, relató Quirós poco después de su expulsión.
Antes de Sánchez Cerén, en septiembre de 2016, llegó a Nicaragua el también expresidente salvadoreño Mauricio Funes Cartagena (2009-2014), quien enfrenta cuatro procesos penales en El Salvador por malversación de fondos estatales en más de 350 millones de dólares.
El caso de Funes Cartagena llevó un ritmo más lento, pero más público. Oficialmente se convirtió en un asilado político en septiembre de 2018 y en julio de 2019 consiguió la nacionalidad para él, su esposa Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas.
Funes Cartagena vive en un exclusivo barrio de Managua, se moviliza con custodia policial y es funcionario, al igual que su hijo Diego, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
Para el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz --recientemente detenido por el régimen de Ortega bajo cargos de “traición a la patria”-- Funes Cartagena recibió un “un combo de beneficios” que comprende refugio para él y su familia como asilados políticos, empleo en la Cancillería de Nicaragua y la nacionalidad nicaragüense para protegerlo de la extradición y “amarrarle las manos a gobiernos venideros que dispusieran entregarlo a las autoridades salvadoreñas”.
“Somos un refugio de personas que en su país de origen probablemente son, fueron o seguirán siendo perseguidos por la justicia porque cometieron actos delictivos. La Cosa Nostra en vivo y a todo color”, se lamentó el ex embajador Díaz en entrevista a Infobae.
En declaraciones al Canal 4, propiedad de la familia gobernante, Funes Cartagena aseguró que vino a Nicaragua buscando trabajo. “Yo tengo que buscar cómo sobrevivir, cómo mantener a mi grupo familiar. Al no tener ingresos en El Salvador, decido buscar nuevos derroteros afuera. (…) Vine acá a Nicaragua a explorar la posibilidad de adquirir un trabajo en un país que me agrada y del cual fui muy cercano durante mi ejercicio como presidente de la república. Encontré trabajo, logré trabajo, logré arraigo laboral”.
El gobierno nicaragüense justificó el asilo político a Funes Cartagena “por considerar estar en peligro su vida e integridad física y la de su familia por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su filiación política en la república de El Salvador”.
El actual presidente salvadoreño Nayib Bukele ha negado en reiteradas ocasiones la calidad de perseguido político de Mauricio Funes. “En realidad todos sabemos que solo es un vil ladrón”, expresó poco después de conocer su asilo en Nicaragua. “Está claro que él solo está haciendo todo lo posible porque no lo alcance la justicia. Pero como todos sabemos, esta, tarde o temprano, llega”.
El gobierno salvadoreño también denunció el refugio que el régimen de Nicaragua brindó a Salvador Sánchez Cerén recientemente.
“En el caso del exmandatario, Sánchez Cerén, consiguió obtener la nacionalidad violando requisitos fundamentales que estipulan las leyes nicaragüenses”, expresó a través de un comunicado de prensa de Presidencia. “Según la Ley General de Migración y Extranjería del vecino país, los extranjeros naturales de España y los de origen centroamericano, podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense cuando sean residentes permanentes en Nicaragua por un periodo continuo de dos años; Cerén tenía solo seis meses en Nicaragua”.
“Además, la misma ley establece que otro de los requisitos que debe cumplir cualquier ciudadano extranjero para obtener la nacionalidad o ciudadanía nicaragüense, es contar con el certificado de antecedentes penales del país de origen. Debido a que se trata de un prófugo de la justicia no podía cumplir con ese requerimiento”, agrega.
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