Miles de pequeñas y medianas empresas cubanas, privadas y estatales, se incorporarán en los próximos meses a una de las reformas más importantes de la economía doméstica de estilo soviético luego de estar cerradas desde fines de la década de 1960.
La reforma, cuyos detalles salieron a la luz esta semana, permitirá por primera vez la existencia de pequeñas y medianas empresas desde 1968, poniendo fin a un limbo legal en la que han existido durante años en la economía de estilo soviético.
La ley permitirá que las empresas estatales funcionen como pequeñas y medianas compañías, lo que supone una importante descentralización de algunas actividades que las obligará a que las operaciones subsidiadas se vuelvan rentables o destinadas a cerrar, según economistas cubanos.
En el sector de servicios gastronómicos, miles de restaurantes subsidiados tendrán que cerrar, convertirse en cooperativas o pequeñas empresas, según un directivo de nivel medio involucrado en el proceso que habló bajo condición de anonimato. Si se mantienen, se convertirán en pequeñas y medianas empresas estatales que competirán entre ellos.
Las nuevas medidas son parte clave de las reformas económicas emprendidas por el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, que convirtió en ley en 2020, cuando la pandemia y las sanciones de Estados Unidos empujaron a la ya inestable economía local en picada, en medio de escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos que alcanzaron proporciones alarmantes.
“Es un punto de partida para una nueva etapa en la diversificación de la economía y su desarrollo, con el fin de aprovechar al máximo su potencial”, dijo el miércoles el ministro de Economía, Alejandro Gil.
La nación caribeña depende en gran medida del turismo y las importaciones. Gil dijo que la medida tenía como objetivo aumentar el empleo y el uso de insumos locales en tiempos de crisis, pero especialmente de recuperación.
El ministro de Economía habló en televisión sobre las nuevas regulaciones para crear las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) por primera vez desde la Revolución de 1959 y también sobre el fomento de las cooperativas.
La medida coloca a todas las empresas, estatales y privadas, en igualdad de condiciones para competir, trabajar juntas y crear compañías conjuntas, dijo Gil, al igual que en los países capitalistas, aunque están limitadas a no más de 100 empleados y propietarios de una sola empresa.
Modelo económico mixto
La creación de MIPYMES se aceleró tras la aprobación en mayo por el Consejo de Ministros de Cuba. Entre las nuevas reglas, las empresas pueden acceder al sistema estatal mayorista, importar y exportar, fijar precios y atraer inversión extranjera, pero solo dentro del entorno empresarial aún dominado por el Estado, donde tales actividades siguen estando fuertemente reguladas.
Sin embargo, muchos empresarios y la mayoría de los economistas llevan mucho tiempo pidiendo la reforma. “Cuba avanza hacia un modelo económico mixto, al menos en términos de empleo”, dijo Pavel Vidal, ex economista del Banco Central de Cuba que imparte clases en la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Colombia.
“No dudo que con esta apertura en unos años el sector no estatal representará más del 50% del empleo total de la economía”, dijo Vidal. Y agregó que “aún queda mucho por hacer”.
La economía cubana, que se ha estancado durante años, se contrajo en 2020 llegando 10,9% y cayó otro 2% en los seis meses hasta junio, en comparación con los primeros seis meses del año pasado. La economía sigue dependiendo en gran medida del turismo y las importaciones.
Miles de personas en ciudades a lo largo de la isla caribeña tomaron las calles el 11 de julio para protestar sobre las condiciones de vida en lo que fueron las mayores manifestaciones tras la revolución de 1959. El dictador Díaz-Canel ha culpado a Estados Unidos por los eventos, señalando que los manifestantes fueron manipulados por campañas de redes sociales orquestadas por Estados Unidos.
Si bien siempre ha habido granjas privadas y cooperativas agrícolas en Cuba, el resto de la economía estuvo en manos del Estado hasta la década de 1990, cuando permitieron pequeñas empresas fuertemente reguladas en algunas áreas bajo la rúbrica de autónomos, lo que limitó su legitimidad y posición legal.
El sector privado se ha expandido gradualmente desde entonces hasta abarcar a más de 600.000 autónomos titulares de licencias en muchos sectores e incluye a empresarios y sus empleados, comerciantes y taxistas.
El denominado sector no estatal, incluida la agricultura, proporciona trabajo a un tercio de los 4,9 millones de trabajadores empleados oficialmente, y el resto trabaja para el Estado.
(Con información de Reuters)
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