En los últimos días el proyecto que pretende indultar a los detenidos del estallido social chileno ha avanzado lentamente en el Parlamento. Sin embargo, esto no ha estado ausente de críticas del Gobierno y respaldos de la oposición que insiste en la libertad de los presos.
El dilema del indulto se inició el 18 de octubre del 2019 cuando una masiva protesta generada en Santiago se expandió por todo el país, dando inicio a lo que se conoce como “el estallido social chileno”. Esto se mantuvo hasta el inicio de la pandemia en Chile, es decir, hasta marzo-abril del 2020. No obstante, a pesar de esto, las protestas continuaron en los meses posteriores y las detenciones también.
Desde ese entonces es que se reclama la libertad de una parte de los detenidos que aún se mantendrían en prisión preventiva, o en procesos judiciales que han sido catalogados como “injustos” o “muy largos” por parte de los familiares de los presos, quienes han acusado que hay personas que llevan “más de un año” tras las rejas.
El tema también es complejo porque hasta hoy se desconoce el número exacto de detenidos. Unos hablan de decenas y otros hasta de cientos de detenidos. La ex presidenta del Senado, Adriana Valdés, incluso habló de 800 presos, lo que después fue negado por las autoridades.
Lo cierto, es que el proyecto ha avanzado este miércoles luego de que la Comisión de Constitución del Senado aprobara la idea de legislar, lo que ya había sido ratificado anteriormente en las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Pública. Sin embargo, ¿qué razones a favor y en contra rodean esta polémica iniciativa?
Las razones a favor
Para el senador del partido Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, siempre se ha mostrado a favor de este proyecto y durante la votación reiteró que en la historia de Chile se ha procedido a otras medidas similares para “extinguir la responsabilidad penal de alguna manera con alguna fórmula jurídica y buscar un bien superior”.
“Yo creo que tenemos que buscar la paz social en Chile (…) para eso es necesario que el Estado renuncie a su acción punitiva, porque la gente salió a la calle a protestar por un sistema”, sostuvo el senador por la región de La Araucanía.
A favor de esta iniciativa se encuentra el senador Juan Ignacio Latorre quien es uno de los impulsores de la iniciativa. Según esta autoridad, existe una “deuda pendiente” y que hay que buscar “una salida política” y una “medida excepcional” para los presos y presas del estallido social.
“Veníamos planteando hace tiempo que es una deuda pendiente, hay que buscar una salida política a los presos del estallido social. El proyecto de ley está plenamente vigente de acuerdo a las facultades que nos da la actual Constitución sobre la posibilidad de que los Senadores presentemos proyectos de ley de indulto general”, explicó.
Latorre además planteó que no se busca liberar a delincuentes comunes sino que a detenidos vinculados por la protesta social. “En ningún caso se ha querido liberar a delincuentes comunes, sino que son personas detenidas en el contexto de protestas sociales en una revuelta popular, excepcional, donde ha habido violaciones a los derechos humanos, y es una medida excepcional y política”, sostuvo.
La actual presidenta del Senado, y precandidata presidencial por la DC, Yasna Provoste, ha expuesto la razón de que detrás de la prisión a los presos del estallido, existiría una “situación abusiva” vinculada con la prisión preventiva. “En Chile ha habido una situación abusiva respecto a la prisión preventiva y no existe claridad ni un registro de los detenidos en nuestro país”, dijo.
Las razones en contra
Para el Gobierno chileno y sus parlamentarios de derecha, el proyecto del indulto a los presos del estallido no es bienvenido. Para algunas autoridades, esta iniciativa es “una amnistía disfrazada” y que este escrito está “avalando la violencia y el delito”.
Para el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, “aquí se está dando una amnistía a personas que están en proceso, pero con las consecuencias no del indulto, sino que también de la amnistía para que borren todos los efectos legales que sufran de esa definición. Esto no es un indulto, estimados senadores y senadoras, como ustedes bien lo saben, es una amnistía disfrazada”, sostuvo.
En tanto para el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, el proyecto “no sólo estará avalando la violencia y el delito como forma de hacer política, sino que también dando una señal a todo el país de que emplear la violencia y delinquir por motivos políticos se perdona”, manifestó.
Finalmente, para la senadora Luz Ebensperger fue enfática en manifestar que “el proyecto se presenta como un indulto y se trata de una amnistía” y manifestó que “no se reúnen en este caso las razones para dictar una ley de indulto general o de amnistía…no se trata de delitos políticos, sino que comunes…se confunde el estallido social, que nace de un descontento, pero se trata de delitos comunes”.
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