El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este martes su preocupación por la situación en Nicaragua y advirtió de que las últimas medidas contra la oposición ponen en cuestión los comicios del próximo noviembre.
“Estos acontecimientos minan seriamente la confianza del público en el proceso democrático de cara a las elecciones de noviembre”, señaló el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su conferencia de prensa diaria.
Según Dujarric, el jefe de Naciones Unidas “llama a las autoridades a respetar plenamente las obligaciones de Nicaragua en derechos humanos, a liberar inmediatamente a los líderes políticos y a restituir sus derechos políticos”.
“El secretario general reitera su llamamiento a un proceso político de bases amplias en todo el espectro político para tener un proceso electoral creíble e inclusivo en noviembre”, apuntó.
La ONU reaccionó así a las últimas decisiones de las autoridades nicaragüenses, como la cancelación de la personalidad jurídica de la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL) por parte del Consejo Supremo Electoral del país.
En el actual proceso electoral las autoridades nicaragüenses han arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
El Consejo Electoral también ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, la cual estableció un mayor control en la estructura electoral a favor de los sandinistas.
El presidente Daniel Ortega, un ex guerrillero próximo a cumplir 76 años y en el poder desde 2007, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones de noviembre.
Por otro lado, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua declaró este martes que en Nicaragua no existen condiciones para celebrar unas elecciones democráticas en noviembre próximo. “El pueblo nicaragüense, que tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, se encuentra impedido de expresar sus simpatías votando en las elecciones de noviembre para elegir a las máximas autoridades del país”, indicó la diócesis de Managua, que dirige el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, en un mensaje.
En una declaración dirigida “al pueblo santo de Dios y personas de buena voluntad” y en el marco del proceso electoral, la arquidiócesis de Managua advirtió que “los candidatos de la oposición han sido forzosamente excluidos de la contienda al privarlos de libertad y quitarles sus derechos ciudadanos”.
“El proceso electoral que debería ser una fiesta cívica se vive con temor e incertidumbre porque no existen condiciones para unas elecciones democráticas” en Nicaragua, sostuvo.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria. Otros dos aspirantes a la Presidencia de la oposición, la abogada constitucionalista María Asunción Moreno y el ex líder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua por razones de seguridad.
Además, el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por partidarios de Ortega, ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos opositores.
Además, la Arquidiócesis de Managua se declaró dolida por “la nueva ola de migración de nicaragüenses, en su mayoría jóvenes, que se ven forzados a abandonar su patria por la inseguridad, el desempleo, la incertidumbre sobre el futuro del país, entre otras razones”. La diócesis expresó a los nicaragüenses su solidaridad “con sus sufrimientos, temores e incertidumbres, no cesando de promover la paz, animamos a poner todo esperanza y el futuro de nuestra patria en manos de Dios”.
Un total de 103.600 nicaragüenses se habían marchado al exilio, principalmente a Costa Rica, hasta marzo de 2020 a causa de las manifestaciones contra el régimen del presidente Ortega que estallaron en abril de 2018, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Con información de EFE
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