Personas fallecidas en el padrón y violencia política: una ONG asegura que en Nicaragua no es posible que se realicen elecciones libres

Una serie de irregularidades documentadas en el proceso de verificación ciudadana de julio pasado, con miras a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, demostraron que en Nicaragua no hay condiciones para la celebración de unos comicios libres y transparentes, según un informe del observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas, divulgado este jueves.

“La jornada de Verificación Ciudadana se desarrolló en el marco de un proceso electoral que no cumple con las condiciones mínimas, ni en materia electoral, ni en materia de Derechos Humanos”, señaló el observatorio en su más reciente informe sobre el contexto de las elecciones en Nicaragua.

Urnas Abiertas indicó que durante la verificación, que llevó a que unos 2,82 millones de nicaragüenses en edad de votar (16 años o más) visitaran los Centros de Votación previo a los comicios del 7 de noviembre, se encontraron “graves anomalías entre la cartografía y el padrón electoral”, relacionadas inconsistencias entre los datos de los votantes y las Juntas Receptoras de Votos correspondientes.

Asimismo, el observatorio registró la “eliminación y cambios de Centro de Votación, desconocimiento del mecanismo adecuado para la Verificación Ciudadana”, o “conteo paralelo y control partidario”, en este último caso, del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Agregó que hubo “distancias excesivas en nuevos Centros de Votación, trabajadores del Estado coaccionados, violencia política, ausencia de protocolos adecuados para la prevención de la covid-19, uso de recursos públicos y proselitismo político en el Centros de Votación, y personas fallecidas en el padrón”.

De acuerdo con el observatorio, de unos 5,5 millones de nicaragüenses que debían haber estado registrados en el padrón electoral, solamente hay 4,34 millones, lo que clasificó como una anomalía.

También tachó como irregularidad la eliminación de 1.202 Centros de Votación, al pasar de 4.308 en las elecciones de 2016 a 3.106 para los comicios de 2021.

Como consecuencia, a 1,31 millones de votantes “se les modificó su Centro de Votación”, lo que podría provocar el fenómeno conocido en Nicaragua como “ratón loco”, una “estrategia para confundir”, según el observatorio, ya que las personas no saben dónde ir a depositar su voto.

Adicionalmente Urnas Abiertas reportó “hechos de violencia política” en Centros de Votación de 13 de los 15 departamentos (provincias) y dos regiones autónomas de Nicaragua. Estos formaron parte de 1.158 “hechos de violencia en el contexto electoral” registrados por el observatorio entre octubre de 2020 y el 15 de julio pasado, detalló la fuente.

Urnas Abiertas es el tercer organismo en advertir que en Nicaragua no existen condiciones para las elecciones de noviembre próximo. Antes lo hicieron el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

Tanto el Cenidh como la Unidad Nacional han calificado el proceso electoral de “fraudulento”. En dichas elecciones, Daniel Ortega, busca extender por cinco años más, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, el poder que recuperó en 2007, tras haber gobernado entre 1979 y 1990.

Además, durante los últimos meses la Justicia nicaragüense, por orden de Ortega, comenzó una cacería sobre dirigentes opositores. Ya fueron arrestados 32, muchos de ellos de noche, y sus casas allanadas sin orden judicial. Ocho de ellos tenían aspiraciones de competir en las elecciones. Los cargos del régimen en su contra insisten en conceptos difusos como “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.

La razia comenzó el 2 junio, cuando la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Cristiana Chamorro y luego su arresto domiciliario. Cristiana es la hija de la ex presidente Violeta Barros de Chamorro, dirigía la fundación que lleva el nombre de su madre y los sondeos la mostraban como la dirigente con mejor imagen para derrotar al sandinismo.

Los otros precandidatos detenidos por la dictadura son Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena. Este miércoles, el régimen sandinista también arrestó e inhabilitó a la candidata a vicepresidenta por la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), Berenice Quezada. De esa manera, la ex reina de belleza se convirtió en la primera candidata inscrita oficialmente a un cargo de elección popular en ser arrestada por las autoridades.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, también ha aprehendido a un ex canciller, dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama y cinco dirigentes opositores.

Además, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, una abogada y defensora de los derechos humanos, un politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, un periodista, un comentarista, dos ex trabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

(Con información de EFE)

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