Estados Unidos cuestionó el jueves el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción en Guatemala, tras protestas por la destitución de su antecesor y cuando en el país centroamericano cientos de personas bloquean sus rutas pidiendo la renuncia de presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general, Consuelo Porras, acusados de promover la corrupción e impunidad.
El “repentino nombramiento” de Rafael Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) “no agrega confianza en la capacidad del organismo para investigar y procesar de forma independiente los casos de corrupción”, dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
“Nuestra posición sigue siendo que es fundamental que la FECI pueda funcionar y que sus fiscales y analistas estén facultados para seguir investigando casos para mantener la lucha contra la corrupción en Guatemala”, afirmó.
“Cualquier interrupción de las investigaciones por motivos políticos no tiene cabida en un sistema democrático abierto y fuerte”, agregó.
Curruchiche, ex fiscal de Delitos Electorales, fue acusado de corrupción por legisladores opositores, en medio de informes que alegan que ofreció protección a empresarios sospechosos de financiamiento político ilegal.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, nombró a Curruchiche el martes tras destituir abruptamente al anterior fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval. Tras ser removido el 23 de julio, Sandoval dijo que encontró muchos obstáculos en su labor, y que se le pidió no investigar a Giammattei, sin el consentimiento de Porras.
Sandoval, a quien el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le había entregado un premio a principios de año por su trabajo contra la corrupción, huyó de Guatemala después de su despido expresando temor por su seguridad.
Desde la salida de Sandoval, Guatemala ha vivido jornadas de protestas que exigen la renuncia de Giammattei y Porras.
La decisión de la fiscal de remover a Sandoval por falta de apoyo a su gestión fue duramente criticada por Estados Unidos -que lo consideraba un “campeón anticorrupción”-, organismos internacionales y organizaciones guatemaltecas.
El ex fiscal huyó posteriormente a Estados Unidos, país que perdió la “confianza” en Porras. En efecto, el gobierno de Joe Biden anunció la semana pasada la suspensión de su cooperación con la Fiscalía General de Guatemala, luego de que Blinken denunciara que la destitución de Sandoval “socava el Estado de derecho y empodera a las fuerzas de la impunidad”.
“Quién más (en el cargo) que Rafael Curruchiche, que representa los intereses de los corruptos”, señaló Sandoval en un video difundido en su cuenta de Twitter. Desde “el exilio” alertó que “la intención de los perversos es prolongar el reino de la impunidad”.
La administración Biden considera la lucha contra la corrupción clave en su estrategia para frenar la migración masiva de centroamericanos, que se ha convertido en un importante problema político en Estados Unidos.
“Hasta que caigan” fue el lema de las protestas convocadas por organizaciones indígenas, colectivos sociales y estudiantes universitarios, que repitieron, en menor escala, el cierre de carreteras ocurrido hace una semana cuando miles bloquearon una veintena de caminos a nivel nacional y cientos protestaron en la capital.
“La situación del país empeora a manos del Pacto de Corruptos, por lo que la resistencia continúa”, señaló en un comunicado un grupo de estudiantes de la privada Universidad Rafael Landívar.
(Con información de AFP)
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Emmanuel Macron reiteró que Francia no firmará el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur
Se agrava la crisis eléctrica en Cuba: el régimen admitió que habrá apagones en casi la mitad de la isla este domingo
La tormenta tropical Sara se dirige hacia Belice tras dejar daños e intensas lluvias en Honduras
Lula pidió el apoyo a las acciones climáticas en las ciudades del mundo: “Ellas no pueden costear solas esa transformación urbana”
El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que entre los presos políticos excarcelados hay al menos cuatro menores de edad
