Un fallo de la Corte Suprema ordenó que dos pequeñas y sus padres de Sierra Leona obtuvieran refugio en Chile, luego que huyeran acusando un intento de secuestro y mutilación genital en contra de las menores.
El tribunal concluyó que “existe la amenaza real, actual y concreta de que el grupo familiar sea objeto de persecución y hostigamiento por parte de agentes no gubernamentales, en caso de retornar a su país de origen”.
La familia originaria de Sierra Leona fue representada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), mientras que en la contraparte se encontraba el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, representados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organizaciones que buscaban que la familia de Sierra Leona no recibiera refugio.
Ambas pequeñas de 5 y 7 años de edad ingresaron en la navidad del 2017 a Chile provenientes de Bolivia, solicitando refugio en la frontera por el peligro de secuestro y mutilación genital. Sin embargo, el Gobierno nacional estimó que la familia de Sierra Leona no reunía las condiciones para que obtuvieran refugio en el país.
Uno de los argumentos para no dar refugio a las familias, fue porque ésta solamente habían sufrido un intento de secuestro contra las menores. Después de que éstas huyeran de su ciudad natal, no se habría producido otro intento más de secuestro. A juicio de las partes del Gobierno, el hecho de que no sufrieran otro intento de rapto en 4 meses antes de viajar al extranjero, descartaba “el peligro de sufrir el daño” de una mutilación genital.
En Sierra Leona, al 2019 según la ONU, se prohibió este tipo de agresiones en contra de las mujeres, aun cuando el 90% de ellas ya habían sufrido estos ataques.
La historia detrás de esta familia
El 2017, la odisea de esta familia de Sierra Leona se inició con el padre, identificado como Alfred, cuando viajó solo a Sudamérica. Este hombre hizo ingreso a Chile por el paso fronterizo de Los Libertadores el 16 de mayo, pero cuatro días después fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en el aeropuerto de Santiago por portar un pasaporte falso.
La intención de Alfred era partir a Canadá desde Chile para trasladar a su familia al país norteamericano, quienes se enfrentaban en Sierra Leona al peligro latente de secuestro y mutilación genital.
En la navidad del 2017, Jemilatu, madre de las pequeñas, ingresó a Chile junto con ellas provenientes de Bolivia, acusando un intento de secuestro en Sierra Leona. Estos meses transcurridos durante este año sirvieron como argumento al CDE para sostener que no existía un peligro latente para las menores.
Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio a conocer que el padre de Alfred, y abuelo de las menores, es líder de una sociedad secreta llamada “Sociedad Bundo”. Esta agrupación acostumbra a realizar ritos de iniciación donde se mutilan a niños y mujeres.
Según un escrito, este abuelo “habría instado por practicar la ablación a sus nietas para efectos de resguardar su reputación espiritual y de líder ante su comunidad”.
La opinión del Departamento de Extranjería y Migración
A pesar de todo estos antecedentes de peligro inminente, el Departamento de Extranjería y Migración de Interior consideró que estos hechos no serían relevantes para invocar la calidad de refugiados para la familia de Sierra Leona. Lo anterior debido a un informe de la Secretaría Técnica que evaluó este caso, concluyendo que se debiera rechazar esta condición de protección.
La argumentación expone que el abandono desde Sierra Leona de las niñas y de su madre se habría originado para obtener mejoras económicas y para reunirse con Alfred. Y que a pesar del rol del abuelo, el Gobierno sostuvo la “inexistencia de un agente persecutor” porque desde el primer intento de secuestro, no ocurrió otro más.
Finalmente, los argumentos del CDE no fueron recibidos por la Corte Suprema, quienes confirmaron la calidad de refugiados para la familia de Sierra Leona en Chile.
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