Familiares de los líderes opositores arrestados en Nicaragua denunciaron que el régimen de Daniel Ortega negó el acceso de la Cruz Roja para conocer el estado de los políticos.
Tras la ola de detenciones producida entre fines de mayo y principios de julio, que mantiene privados de su libertad a seis precandidatos presidenciales y otros dirigentes, las familias de los opositores aseguraron al periódico local La Prensa que no pudieron verlos y que tampoco pudieron confirmar si se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), como sostiene la Policía, porque no le permitieron entrar ni al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
“Todos (los familiares de los opositores) les solicitamos al CICR que trataran de verlos para confirmar sus estados, cómo se encuentran. Pero la Dirección de Auxilio Judicial ni siquiera a ellos, para ver temas humanitarios, les ha dado permiso. No les han permitido a ellos, ni a nosotros, nadie los ha visto, se sigue desconociendo sus estados”, expresó Ana Lucía Álvarez, hermana de la dirigente Tamara Dávila.
En tanto, Pablo Fletes, hermano de Marcos Fletes, ex funcionario de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), coincidió en que los oficiales de las DAJ “están cerrados” en no permitir el ingreso de familiares ni abogados. “Ellos están cerrados, no están aceptando nada”, dijo.
Por su parte, las madres de dos líderes estudiantiles arrestados en el marco del proceso electoral de Nicaragua informaron que solicitaron a la comunidad internacional mayor presión hacia el régimen que preside el sandinista Daniel Ortega, para que libere a sus hijos, investigados por supuesta traición a la patria.
“Hemos tenido reuniones con la comunidad internacional. Hemos pedido sobretodo eso, que busquen otro mecanismo de presión, porque vemos que (Ortega) de las sanciones (contra sus familiares y altos cargos) se burla”, dijo en rueda de prensa Heydi Meza, madre del líder estudiantil Max Jerez.
A juicio de Meza, al mandatario “le importa un comino la situación económica de Nicaragua”, porque “él está lleno de dinero, porque él es el que tiene al país en crisis”.
Tanto Jerez, dirigente de la opositora Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), como Lesther Alemán, el estudiante que increpó a Ortega durante el inicio de un fallido diálogo nacional hace tres años, fueron encarcelados hace dos semanas.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, acusa a los jóvenes de ser los “cabecillas de tomas y destrucción” de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), “donde cometieron delitos de robo con intimidación (asaltos), secuestros, lesiones graves, violaciones, extorsiones, destrucción y daños múltiples, durante el fallido intento de golpe de Estado” en el 2018, que es a como el Ejecutivo califica una revuelta popular por unas reformas a la seguridad social.
Ambos son investigados también por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación” de Nicaragua, el mismo delito citado por la Policía Nacional para detener a una veintena de dirigentes opositores, incluido seis aspirantes a la Presidencia.
El dolor de las madres
Las madres de ambos jóvenes, quienes sostienen que sus hijos están “secuestrados” con base en que “son inocentes” y no saben de sus paraderos ni de sus condiciones de salud, se mostraron dolidas por la situación.
“Yo como madre (estoy) desesperada porque, no sé, mi hijo ahí está secuestrado, porque si a nosotras no nos dan razón de nuestros hijos, pensamos lo peor, violentan los derechos de ellos, como de nosotras como madres”, dijo la madre de Alemán, Lesbia Alfaro, de 59 años.
“Como madres, nosotras quisiéramos verlos, a ver si están bien, pero los que están de custodios no dan información”, señaló Meza, de 67 años, con la voz entrecortada.
“Quisiéramos que de aquí encuentren eco a nivel internacional, para que haya más presión y ver de qué manera se puede lograr que podamos volver a ver a nuestros hijos”, agregó la mamá de Jerez.
La situación de los líderes juveniles es similar a la de al menos 156 disidentes identificados en Nicaragua por el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, de los cuales más de 20 son dirigentes opositores o líderes sociales recluidos en la cárcel conocida como “El Chipote”, en las afueras de Managua, y que ha sido denunciada por defensores de los derechos humanos como un “centro de torturas” de la Policía Nacional.
A pesar de la urgencia, las madres se mostraron confiadas en que sus hijos saldrán de prisión una vez que Ortega -que se encuentra en el poder desde 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990-, sea derrotado en las elecciones del 7 de noviembre próximo.
“La situación no es fácil. Eso va a depender de los nicaragüenses de que masivamente salgamos a la calle a votar. Nuestra meta es sacar al dictador, porque mientras él esté en el poder, mientras ellos sigan, van a estar presos políticos”, sostuvo Meza.
(Con información de EFE)
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