HRW denunció que la dictadura cubana condena “a puertas cerradas” a los detenidos por las masivas manifestaciones

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división América de la reconocida ONG Human Rights Watch, denunció este jueves que “el régimen cubano está juzgando a manifestantes mediante procesos sumarios que impiden ejercer el derecho a la defensa”.

A través de su cuenta en Twitter, Vivanco explicó la maniobra que está realizando la dictadura en Cuba para condenar “a puertas cerradas” a los detenidos durante las protestas opositoras del pasado 11 de julio.

“Los procesos, conocidos como ‘sumarios’ o ‘atestado directo’, están previstos en la Ley de Procedimiento Penal y en la Instrucción 238 del Tribunal Supremo de Cuba”, señaló en un hilo de tuits. “Según la ley, el juicio se lleva adelante incluso si el acusado no cuenta con un abogado defensor. En la práctica, los acusados muchas veces son informados a última hora que necesitan un abogado. Si no logran contratar uno, van a juicio sin representación legal”, remarcó.

Además, advirtió que, según esa ley, “el juicio también se puede llevar adelante sin fiscal” y que “en la práctica, en estos casos, el juicio queda en manos de la policía y el juez”.

“La policía (no un juez o fiscal) decide inicialmente si el acusado es detenido o sometido a prisión domiciliaria. En la práctica, los juicios se realizan a puertas cerradas o se permite que tan solo asista un familiar del acusado. La sentencia se trasmite de forma oral. Usualmente los familiares no obtienen una sentencia escrita que explique los motivos de la decisión”, puntualizó Vivanco.

Y concluyó: “Según la ley, estos procesos solo están permitidos para ‘delitos sancionables con privación de la libertad de hasta un año’. Pero muchas veces se juzga a una persona por varios de estos delitos, de modo que la pena puede llegar a ser de varios años de prisión. Usualmente, los fiscales y policías aplican tipos penales amplios y vagos o que tienen penas desproporcionadas: ‘instigación a delinquir’, ‘desacato’, ‘resistencia’, ‘desorden público’, ‘propagación de epidemia’”.

Al mismo tiempo, el representante de Human Rights Watch en el continente americano también utilizó Twitter para alertar sobre la detención de un reportero que ahora está en huelga en hambre. “El periodista y activista cubano Dixan Gainza Moré está preso desde el 11 de julio. Ese día participó de las manifestaciones. Luego, la policía lo fue a buscar a su casa. Lo acusan de ‘desorden público’. Está en huelga de hambre. Exigimos que se respeten sus derechos humanos”, reveló en un posteo que incluye una imagen del rostro de Gainza Moré.

12 condenados sin defensa

El miércoles doce cubanos arrestados en las protestas del 11 de julio recibieron condenas de 10 meses a un año de cárcel tras un juicio sumario en el que la mayoría no contó con un abogado, denunció el hermano de uno de ellos, el cineasta Anyelo Troya, realizador del famoso videoclip “Patria y Vida”.

“Lo detienen cuando empiezan las manifestaciones. Él no se estaba manifestando, solo salía con su cámara a filmar”, declaró a la agencia EFE su hermano Yuri, que ha seguido de cerca el proceso hasta conocer la sentencia. Explicó que Anyelo, de 25 años, pasó varios días incomunicado en una prisión situada en el oeste de La Habana y las autoridades no ofrecieron información a la familia hasta el lunes pasado.

“Nos informaron del número de denuncia y del cargo de desorden público. Nos dijeron que tenía medida cautelar de prisión provisional y sería un juicio directo. Que nos llamarían y que teníamos derecho a abogado”, indicó el hermano del condenado. Según su testimonio, el martes la familia acudió con un abogado a la prisión, donde, para su sorpresa, les dijeron que el juicio ya se estaba celebrando en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en el sur de la capital a varios kilómetros de distancia.

“Llegamos corriendo con el abogado y el juicio ya había concluido. Le juzgaron sin abogado. Había 12 muchachos en el mismo juicio sumario y solo dos tenían abogado porque los padres se enteraron a tiempo”, aseguró. La sentencia fue un año de cárcel para diez de los acusados y diez meses de cárcel para los dos restantes, los dos que tenían abogado.

Organizaciones y activistas calculan en varios centenares el número de detenidos desde las protestas del 11 de julio, de los cuales la mayoría permanecen en prisión -a la espera de recibir o no cargos- y otros han sido liberados. Las mayores protestas en más de seis décadas se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad, lo que empujó a los cubanos a salir a las calles para criticar al régimen.

(Con información de EFE)

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