Fuerte crítica de Human Rights Watch a Michelle Bachelet por su silencio sobre la represión en Cuba

El director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco reprochó a Michelle Bachelet el silencio de su oficina respecto a los graves hechos provocados por la dictadura de Cuba que reprimió a su población, llamó a ciudadanos a enfrentar a quienes protestaron y que ya se cobró la vida de al menos una persona y un centenar se encuentran en calidad de detenidas-desaparecidas.

“Bachelet no ha denunciado las violaciones de los derechos humanos en Cuba desde que se convirtió en la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. ¿Romperá el silencio ahora que el gobierno cubano está reprimiendo las mayores protestas en el país en décadas?”, se preguntó Vivanco en su cuenta de Twitter donde denuncia los secuestros que la dictadura conducida por Miguel Díaz-Canel realiza desde el domingo pasado día en que la población salió a las calles por los atropellos a sus libertades, el pronunciado deterioro alimenticio y la crisis sanitaria.

El director de la ONG dedicada a denunciar la violencia tanto de regímenes como de gobiernos democráticos, afirmó que hasta el momento son más de 150 los detenidos por las protestas en la isla. “Los listados iniciales de detenidos en protestas en Cuba superan los 150. Se desconoce el paradero de muchos de ellos. Exigimos que cesen estas violaciones de DDHH. Protestar es un derecho, no un crimen”.

Otras ONG

Más de 40 organizaciones y medios de comunicación condenaron este martes la “represión del Gobierno cubano” contra las protestas de los últimos días e hicieron un llamamiento “urgente” a que se respete el derecho de manifestación y la libertad de expresión.

En un manifiesto firmado por un total de 44 organizaciones y medios, denunciaron que como respuesta a las movilizaciones, “elementos de la Policía Nacional Revolucionaria, las Brigadas Antimotines, y el Departamento de Seguridad del Estado han llevado a cabo detenciones arbitrarias y agresiones físicas contra personas que se estaban manifestando de manera pacífica”.

En efecto, el Ministerio del Interior cubano confirmó el martes que un hombre fue asesinado en una manifestación registrada el lunes en el humilde barrio Güinera, en la periferia de la capital cubana de La Habana, en el marco de las protestas.

La dependencia “lamenta el fallecimiento de esta persona”, según una nota publicada por la oficial Agencia Cubana de Noticias, que precisó que el fallecimiento ocurrió cuando Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, participaba en los “disturbios”.

Cuba atraviesa una profunda crisis sanitaria, económica y política, aseguran, que ha llevado a los ciudadanos a reclamar al Gobierno en las calles por la “falta de libertades individuales, la insuficiencia de servicios médicos para enfrentar la pandemia, los estragos provocados en las economías familiares por el ordenamiento monetario, la escasez de alimentos, los cortes del suministro eléctrico y la recurrente violencia de los cuerpos de seguridad contra cualquier expresión de descontento de la ciudadanía”.

En este contexto, también han denunciado los dispositivos de seguridad instalados en las casas de diferentes periodistas y activistas, una “práctica que las autoridades cubanas han adoptado anteriormente como táctica de intimidación”.

Además, critica el llamamiento del presidente, Miguel Díaz-Canel, a los “simpatizantes del oficialismo a salir a las calles a confrontar a quienes protestaron”, en lo que han considerado una “clara incitación a la violencia”.

Las organizaciones explicaron en el escrito que vienen registrando “el creciente malestar social que la falta de apertura al diálogo, el espíritu punitivo de las autoridades cubanas en su interacción con la ciudadanía y el hostigamiento constante hacia la sociedad civil y medios de comunicación independientes”.

Por todo esto, hacen un llamamiento al Gobierno para que “se abstenga de continuar violando los derechos de las personas críticas, de incitar a la confrontación y violencia entre personas con posturas divergentes a la posición oficial”, y para que garantice “la integridad de las personas que ejercen de manera legítima su derecho a la manifestación”.

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