Las imágenes recorren el mundo y se multiplican con el paso de los minutos. Uno de los encargados de capturarlas fue el fotógrafo Yamil Lage de AFP, una de las pocas agencias internacionales de noticias presentes en la isla. En los retratos obtenidos pueden notarse diversas curiosidades: son rostros jóvenes y de menores en algunos casos con el pelo muy bien cortado y con palos en sus manos. Para algunos son militares o ex conscriptos con ropa civil. Para otros, vecinos obligados a reprimir y amedrentar... a sus propios vecinos.
Según pudo reconstruir Infobae de fuentes en la isla, gran parte de los “voluntarios” serían niños y adolescentes que no pueden negarse a “enrolarse” en las brigadas vecinales. Si así lo hicieran podrían ser detenidos de inmediato. Incluso, la dictadura cubana los busca “casa por casa”. Acto seguido, son llevados a un ómnibus para ser trasladarlos fuera de sus ciudades y llevados a otras provincias para no ser reconocidos por los vecinos y para evitar que escapen y ser ayudados por allegados y familiares.
Muchos menores son llevados a la fuerza aún sin el consentimiento de sus padres. Si estos se resistieran, toda la familia podría ser detenida-desaparecida. Las denuncias se multiplican en varias villas y ciudades.
Quienes están detrás de este mecanismo empleado por la dictadura son la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), el Ministerio del Interior (MININT) y el personal del Servicio Militar Obligatorio. Los tristemente célebres Comités de Defensa de la Revolución (CDR) ya casi no están activos y no contarían con personal suficiente para realizar estas tareas. Son el equivalente cubano a los colectivos chavistas, dedicados a delatar y marcar a quienes se oponen al régimen en las barriadas.
En las redes sociales, cientos de usuarios denunciaron el mecanismo. “En Cabaiguán, Sancti Spíritus están llamando a mis amigos que terminaron el servicio en el 2020 porque son ‘reservas de la FAR’. Los tienen a todos en el comité militar esperando a ver si hay alguna manifestación para movilizarlos, dicen que van a llevarlos para Trinidad”, señaló una usuaria de nombre Esdanin en Twitter.
Norges Rodríguez, un reconocido activista cubano por los derechos humanos, también se encargó de denunciarlo: “En estas imágenes aparecen unos muchachos muy jóvenes participando en la represión de la protesta del #11JCuba. Parecen reclutas del servicio militar o jóvenes (casi niños) de escuelas militares”.
“Hace unos meses, mi hijo fue reclutado bajo la ley del Servicio Militar Obligatorio. El domingo cuando empezaron las protestas hablé con él unos segundos hasta que cortaron el internet. Le dije que lo preferiría preso antes de saber que había reprimido a algún manifestante”, señaló el académico y escritor Abel Sierra Madero.
Reclamo unánime
Más de 40 organizaciones y medios de comunicación condenaron este martes la “represión del Gobierno cubano” contra las protestas de los últimos días e hicieron un llamamiento “urgente” a que se respete el derecho de manifestación y la libertad de expresión.
En un manifiesto firmado por un total de 44 organizaciones y medios, denunciaron que como respuesta a las movilizaciones, “elementos de la Policía Nacional Revolucionaria, las Brigadas Antimotines, y el Departamento de Seguridad del Estado han llevado a cabo detenciones arbitrarias y agresiones físicas contra personas que se estaban manifestando de manera pacífica”.
En efecto, el Ministerio del Interior cubano confirmó el martes que un hombre fue asesinado en una manifestación registrada el lunes en el humilde barrio Güinera, en la periferia de la capital cubana de La Habana, en el marco de las protestas.
La dependencia “lamenta el fallecimiento de esta persona”, según una nota publicada por la oficial Agencia Cubana de Noticias, que precisó que el fallecimiento ocurrió cuando Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, participaba en los “disturbios”.
Cuba atraviesa una profunda crisis sanitaria, económica y política, aseguran, que ha llevado a los ciudadanos a reclamar al Gobierno en las calles por la “falta de libertades individuales, la insuficiencia de servicios médicos para enfrentar la pandemia, los estragos provocados en las economías familiares por el ordenamiento monetario, la escasez de alimentos, los cortes del suministro eléctrico y la recurrente violencia de los cuerpos de seguridad contra cualquier expresión de descontento de la ciudadanía”.
En este contexto, también han denunciado los dispositivos de seguridad instalados en las casas de diferentes periodistas y activistas, una “práctica que las autoridades cubanas han adoptado anteriormente como táctica de intimidación”.
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