El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua no cumplió los requisitos del Departamento de Estado norteamericano respecto a la transparencia fiscal el año pasado. De acuerdo al informe anual dado a conocer este viernes, los presupuestos divulgados por el Ejecutivo nicaragüense no ofrecieron un panorama sustancial de los gastos planeados ni las fuentes de ingreso.
El reporte “Transparencia Fiscal 2021″ es un documento pedido por el Congreso de EEUU al Departamento de Estado que expone cómo los gobiernos del mundo invierten sus presupuestos e ingresos generados por los impuestos.
El escrito evidencia hasta qué punto los ejecutivos cumplen los requisitos mínimos de transparencia y ofrece una ventana a los ciudadanos sobre su administración. También ayuda a establecer la confianza de los mercados y la sustentabilidad.
El Departamento de Estado concluyó que de los 141 países evaluados, 74 cumplieron los requisitos mínimos de transparencia fiscal en 2020 y 67 no los cumplieron. Dentro del lote de estos últimos, además de Nicaragua, las naciones de la región señaladas son El Salvador, Ecuador, Haití y República Dominicana.
En el caso del régimen de Ortega, el escrito sostiene que “los documentos presupuestarios disponibles al público no proporcionaron una imagen sustancialmente completa de los flujos de ingresos y gastos planificados del gobierno. Alguna información sobre obligaciones de deuda estaba disponible públicamente, pero no estaba disponible información sobre deuda contingente y deuda empresarial estatal garantizada por el gobierno”, indicó.
Luego subrayó que los documentos presupuestarios no se prepararon de acuerdo con los principios aceptados internacionalmente y el gobierno no desglosó los gastos para apoyar la oficina del presidente y que las grandes empresas estatales importantes no tenían estados financieros auditados a disposición del público.
“Las asignaciones y las ganancias de algunas empresas estatales se incluyeron en el presupuesto en términos netos, pero la mayoría de las empresas estatales, incluida ALBANISA, una empresa conjunta de las compañías petroleras estatales de Nicaragua y Venezuela, no han sido objeto de auditoría”, indicó; al tiempo que recalcó que “la entidad fiscalizadora superior no cumplió con los estándares internacionales de independencia y no auditó el presupuesto ejecutado por el gobierno”.
El informe del Departamento de Estado dio cuenta de que los criterios y procedimientos por los cuales el gobierno nacional otorga contratos o licencias para la extracción de recursos naturales fueron descritos en la ley, ”aunque no está claro si el proceso utilizado en la práctica para otorgar adjudicaciones ha sido consistente con la ley”.
Por último, el documento dio unas recomendaciones para que mejore la transparencia fiscal del país. El régimen de Ortega debería:
- Preparar documentos presupuestarios de acuerdo con principios internacionalmente aceptados;
- Detallando las asignaciones y los ingresos de las empresas estatales;
- Gastos de publicación para apoyar la oficina del presidente;
- Publicar ingresos, gastos y obligaciones de deuda fuera del presupuesto;
- Asegurar que la entidad fiscalizadora superior cumpla con las normas internacionales de independencia;
- Poner a disposición del público informes completos de auditoría para empresas estatales importantes y grandes; realizar una auditoría completa del presupuesto ejecutado por el gobierno; y
- Poner los informes de auditoría a disposición del público dentro de un período de tiempo razonable.
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