La Contraloría General del Estado investiga el plan de vacunación impulsado por el expresidente del Ecuador, Lenín Moreno. Como parte de las averiguaciones, la Contraloría realizó un examen especial al proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19, al plan de vacunación, su distribución y su uso por parte del Ministerio de Salud Pública y otras entidades relacionadas, durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2020 al 17 de marzo de 2021.
Entre los resultados expuestos en el examen se encuentra que, durante la fase 0 del plan de vacunación que llevó a cabo el gobierno anterior, se vacunaron a 67 personas que no formaban parte de los grupos prioritarios.
En enero de 2021, Lenín Moreno anunció el inicio del proceso de vacunación en Ecuador. Según el plan Vacunarse, en la fase 0 o plan piloto la población objetiva para esa etapa era el personal sanitario de primera línea que labora en áreas COVID-19 de todos los hospitales de la red de salud. También en esta fase estaban considerados los adultos mayores y los cuidadores de estos de los centros gerontológicos públicos y privados.
El listado de personas a vacunarse en la fase 0 fue elaborado por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y por la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud (MSP).
A pesar de eso, los funcionarios no respetaron lo establecido en el plan y vacunaron a personas que no estaban en primera línea. La Contraloría encontró que las irregularidades en el proceso de vacunación se generaron en dos hospitales de Quito y en centros gerontológicos.
Al Hospital público Pablo Arturo Suárez de Quito llegaron 450 dosis que debían aplicarse al personal de primera línea, sin embargo, de esas 450, solo 285 se destinaron a los médicos. Otras 63 se destinaron a personas de primera línea del Hospital de los Valles, una casa de salud privada. Es decir que solo se usaron 348 dosis para el personal de salud.
Las 102 dosis que restaban se aplicaron a 56 personas de forma discrecional. El informe de la Contraloría revela que:
36 dosis sirvieron para vacunar a nueve personas que viven en el Edificio Rivera del Río Señor Suites, y a nueve trabajadores del mismo lugar. En ese conjunto de viviendas privadas vive la madre del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. Ella fue una de las personas inmunizadas. Esto le costó varios cuestionamientos al exfuncionario que dijo que actuó como hijo y no como político. El plan de vacunación fue un fracaso, incluso el expresidente dijo que no existía.
En febrero de 2021, Zevallos renunció a su cargo en medio de las duras críticas y del escándalo de los vacunados VIP. Luego de su renuncia, el exfuncionario abandonó del país. Zevallos tiene una investigación penal en su contra en la Fiscalía.
La gerencia general del Hospital de los Valles indicó a la Contraloría que 33 dosis sirvieron para vacunar a 18 personas que no tienen relación con la casa de salud. Otras 15 dosis se destinaron a ocho personas del Gabinete Ministerial y sus cónyuges. También 18 dosis se aplicaron a 12 funcionarios de la Presidencia de la República: seis recibieron dos dosis y los otros seis, una sola dosis.
En el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito también se detectaron irregularidades. Allí se vacunaron dos personas que no eran parte del personal sanitario de primera línea. Las dosis se suministraron al personal administrativo del área de Comunicación Social y de la Unidad Técnica de Salud de Personal. Una de esas personas fue la Directora de Comunicación del Hospital. Ese fue uno de los primeros casos que provocó duras críticas al gobierno.
La Contraloría también reveló que la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública solicitó la vacunación de nueve adultos de más de 80 años que no vivían en centros gerontológicos y que no cumplían los requisitos para vacunarse en la fase 0. El listado que incluyó a esas personas fue enviado por un representante de la coalición público privada que coordinó el proceso en primera instancia.
En su informe, la Contraloría no reveló los nombres de quienes recibieron las vacunas.
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