Desde Managua.-Cuatro personalidades que mostraron su aspiración a competir por la presidencia de Nicaragua en noviembre próximo, cinco líderes de la oposición, tres antiguos guerrilleros sandinistas, dos empresarios y tres trabajadores de una fundación dedicada a promover la libertad de expresión engrosan la lista contra quienes el régimen de Daniel Ortega ha abierto procesos judiciales en las últimas tres s emanas. La oposición los considera presos políticos, en tanto la mayoría son destacados críticos del régimen o están relacionados con ellos.
Las detenciones, que en esta última ofensiva comenzó el 28 de mayo pasado, tienen patrones comunes: ocho fueron realizadas de noche, y en la mayoría de los casos sus casas fueron allanadas sin orden judicial. Los cargos, según las notas de prensa policiales difundidas simultáneamente con las detenciones, son en 13 de los casos por “indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la ley No. 1055 Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”.
El perfil de los detenidos también es particular: ocho son personas de la tercera edad. Todos ellos tienen alta titulación universitaria, que va desde licenciaturas hasta doctorados, y son protagonistas o están ligados a la oposición a Daniel Ortega.
Estos son los perfiles de los últimos 16 presos políticos del régimen de Ortega:
Luis Rivas Anduray, banquero
Al final de la noche del martes 15 de junio, la Policía nicaragüense informó de la captura de Luis Rivas Anduray. La noticia cayó como bomba pues se trata de un mensaje directo del régimen de Daniel Ortega al gran capital nicaragüense de que había decidido cruzar esa “línea roja”. Rivas Anduray, tiene 52 años, es doctor en Economía por la Cornell University, de Estados Unidos, y presidente ejecutivo del Banco de la Producción S. A. (Banpro) la mayor entidad bancaria de Nicaragua.
A este banquero no se le conoce posición política pública, excepto cuando estuvo a cargo del desaparecido El Nuevo Diario, periódico que asumió una posición crítica contra la represión que el régimen de Daniel Ortega desató a raíz de la rebelión ciudadana de 2018. Al contrario, el Banpro ha manejado grandes cuentas del gobierno sandinista y su presidente, Ramiro Ortiz Gurdián, fue uno de los grandes empresarios que aupó la alianza que durante casi diez años funcionó entre el gran capital nicaragüense y el gobierno de Daniel Ortega.
Detenido bajo cargos de la ley 1055, también conocida como “Ley Soberanía”, el Banpro reaccionó públicamente con un escueto comunicado en el que afirmaba: “Estamos seguros de la calidad moral del Dr. Rivas y confiamos que se podrá esclarecer su situación.
Víctor Hugo Tinoco, ex guerrillero sandinista
Fue capturado por un grupo de civiles mientras se encontraba en el parqueo de un centro comercial la noche del domingo 13 de junio. Tienen 68 años, es sociólogo, y fue embajador de Nicaragua ante Naciones Unidas y Vicecanciller del país durante el gobierno sandinista de los años 80.
Tinoco ingresó al Frente Sandinista en 1973 y combatió contra la dictadura somocista en el occidente del país. Fue diputado del Frente Sandinista y en 2001 disputó en elecciones primarias internas la candidatura presidencial en el Frente Sandinista a Daniel Ortega, con quien ya tenía posiciones encontradas.
Actualmente era miembro de Unión Democrática Renovadora (Unamos) antiguamente llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y expresaba fuertes críticas al régimen de Ortega y Rosario Murillo, a través de entrevistas en distintos medios de comunicación.
“Esta es una lucha que tiene que seguir adelante, que no se va a detener… y el futuro luminoso que el pueblo se merece es la victoria y liberarse de la dictadura y de la dinastía que nos quieren imponer”, dijo en un video grabado poco antes de su detención.
Hugo Torres, general en retiro
Otro disidente del Frente Sandinista. Hugo Torres Jiménez tiene 73 años de edad y es un antiguo guerrillero del Frente Sandinista. Es el único guerrillero que participó en las dos operaciones más famosas de la lucha contra la dictadura somocista: el asalto a la casa de Chema Castillo, en diciembre de 1974, y la toma del Palacio Nacional en agosto de 1978. Ambas acciones buscaban presionar a la dictadura somocista para que liberara a los presos políticos.
Paradójicamente, entre los presos políticos liberados en 1974 con el “asalto a la casa de Chema Castillo” estaba Daniel Ortega Saavedra, quien había acumulado para entonces siete años de cárcel de los 14 a los que fue condenado por el asalto a un banco en Managua.
“Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. En 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Téllez y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borge, Doris Tijerino, René Núñez y otros”, relató Torres en el video grabado antes de ser apresado.
Durante los años 80, Hugo Torres hizo filas en el Ejército Popular Sandinista (EPS) donde llegó a alcanzar el grado de general de brigada y ser jefe de la Dirección Política del mismo.
Actualmente es vicepresidente de Unamos, el partido que se originó de la división del Frente Sandinista en 1995 con el nombre de MRS. Fue diputado por ese partido ante el Parlamento Centroamericano.
También fue detenido bajo los cargos de la “Ley de Soberanía”.
Suyén Barahona, líder opositora
Es la actual presidente de Unamos, el partido que hasta enero pasado se llamaba Movimiento Renovador Sandinista (MRS), fundado en 1995 por los disidentes del Frente Sandinista. Tiene 44 años, una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Política Ambiental.
Barahona también es integrante de la opositora agrupación Unidad Nacional Azul y Blanco que a su vez forma parte de la Coalición Nacional. “¡Podemos lograr el cambio! ¡Patria libre para vivir!”, dijo en un video a ser publicado después de su captura, la que efectivamente ocurrió el domingo 13 de junio.
La policía justificó su detención “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
Dora María Téllez, ex guerrillera sandinista
Legendaria guerrillera del Frente Sandinista. Se integró al Frente Sandinista en 1973, cuando solo tenía 18 años de edad, y a los 22 años participó como la “Comandante Dos” del grupo guerrillero que el 22 de agosto de 1978 asaltó el Palacio Nacional, sede del Congreso, para tomar rehenes y exigir la liberación de presos políticos.
Durante la insurrección final contra Somoza fue la jefa militar del Frente Occidental del Frente Sandinista y al triunfo de la revolución recibió los grados de honor de “comandante guerrillera”.
“Una muchacha muy bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le hubieran servido para cualquier cosa grande en la vida”, dijo de ella el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez en su crónica Asalto al Palacio.
Durante los años 80 fue ministra de Salud y una persona cercana a Daniel Ortega, junto a quien estuvo en la única escaramuza guerrillera que se sabe participó el dictador nicaragüense.
Fue diputada del Frente Sandinista. Tiene 65 años y una maestría en Historia. Es fundadora del Movimiento Renovador Sandinista, agrupación de la que fue su presidente durante varios años.
Fue detenida el domingo 13 de junio “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, dice la nota de prensa policial.
Ana Margarita Vijil, líder opositora
Fue detenida junto a Dora María Téllez el domingo 13 de junio y ambas militan en Unamos, agrupación política de la cual también fue presidenta.
Abogada, defensora de derechos humanos, es un rostro frecuente en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. El 14 de octubre de 2018 fue detenida momentáneamente cuando participaba en un plantón al oriente de Managua.
Hizo una maestría en Ciencias Políticas en Estados Unidos gracias una beca Fullbright. Ha trabajado como docente y participó en el equipo nicaragüense durante el conflicto limítrofe con Colombia en La Haya.
“Daniel Ortega se va, lo vamos a sacar”, dijo en un video de 29 segundos que logró grabar cuando la Policía entraba violentamente a la casa donde se refugiaba.
Tamara Dávila, líder opositora
Tiene 40 años y es sicóloga con experiencia de trabajo en el área social. Tiene una maestría en Género, Identidad y Ciudadanía por la Universidad de Huelva, España, y otra en Políticas Sociales, Derechos y Protagonismo de niñas, niños y adolescentes de la Universidad Centroamericana.
Hija de un coronel del Ejército ya fallecido, Dávila es también integrante de Unamos y del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Fue detenida el sábado 12 de junio “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”, reza el comunicado policial.
José Pallais Arana, líder opositor
La imagen del jefe policial de León, comisionado Fidel Domínguez, exhibiendo como trofeo al abogado constitucionalista José Pallais Arana, en chancletas y pantalones cortos, circuló profusamente el miércoles 9 de junio en las redes sociales nicaragüenses.
La detención del reconocido jurista liberal, ocurrió poco después que se anunciara la imposición de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a cuatro funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, entre ellos, Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial.
Pallais Arana, de 67 años, es abogado por Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y tiene un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Fue vicecanciller y viceministro de Gobernación durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y actualmente era miembro de la opositora Coalición Nacional.
Padece múltiples enfermedades y su familia se ha quejado que no le han permitido llevarle sus medicinas a la cárcel donde ha estado incomunicado desde su detención.
José Adán Aguerri, empresario
Durante 13 años presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) la cámara de empresarios en Nicaragua, y el principal artífice de la alianza con el gobierno denominada “Modelo de Diálogo y Consenso” que básicamente consistía en que el gobierno de Ortega daba a los empresarios privilegios de gestión a cambio de dejarlo avanzar en su modelo autoritario.
Esta alianza se terminó en abril de 2018, cuando el gobierno obvió el pregonado “consenso” para promulgar reformas a la seguridad social que sirvieron como detonante para las protestas ciudadanas de ese año.
“En lo personal fui señalado de cómplice, de colaboracionista, de ser parte de las violaciones de derechos humanos que se estaban dando. Enfrenté situaciones públicas complicadas donde nunca dejé de dar la cara”, dijo Aguerri en septiembre del año pasado cuando dejó el cargo de presiente del Cosep en el que fue reelegido en reiteradas ocasiones.
Aguerri, de 59 años, es economista de profesión y parte de la Alianza Cívica.
Violeta Granera, líder opositora
Es hija del diputado liberal Ramiro Granera, a quien un comando del Frente Sandinista asesinó a sangre fría poco antes del derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle, en 1979.
Granera, de 70 años, fue detenida la noche del sábado 8 de junio, cuando unos 35 agentes de la Policía allanaron su vivienda. Esa noche fue dejada bajo arresto domiciliar, bajo los repetidos cargos de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”. Sin embargo, la noche del 11 de junio fue trasladada a las celdas del complejo de Auxilio Judicial, conocido como “El nuevo Chipote”.
Socióloga, miembro de la opositora Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB), en 2016 fue candidata a la presidencia de la República por la Coalición Nacional por la Democracia, aspiración que fue abortada cuando la Corte Suprema de Justicia entregó la representación legal del partido a una persona ajena a su agrupación política.
Durante el gobierno de Enrique Bolaños (2001-2007), Granera estuvo a cargo del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES) y fue directora ejecutiva de Fundemos (1995-2002) y subdirectora de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) entre 1991 y 1995.
Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial opositor
La noche de martes 8 de junio recibió arrodillado y brazos en alto al destacamento policial que irrumpió en su vivienda para detenerlo. Era su forma de pedir que no lo golpearan a él ni a su familia.
Chamorro, 50 años, es hijo de Xavier Chamorro Cardenal (QEPD), director del diario La Prensa luego del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro y fundador de El Nuevo Diario. En 1990 sacó en California una licenciatura en Economía y luego un doctorado en la Universidad de Wisconsin. El 22 de abril se convirtió en el primer aspirante a la candidatura presidencial al inscribirse en el proceso de selección de la Alianza Ciudadana.
Fue viceministro de Finanzas y director de la Cuenta Reto del Milenio en Nicaragua, un programa de cooperación gubernamental estadounidense. Dirigió asimismo la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), hoy bajo investigación por el Ministerio Público.
“A veces para obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas, no dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos. A mi querida familia le digo que no se preocupen, que voy a estar bien. Estoy preparado espiritualmente, mentalmente y físicamente para lo que viene”, dijo Chamorro en su video de despedida.
Félix Maradiaga, precandidato opositor
Maradiaga, 44 años, es el precandidato de la opositora Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB), que a su vez es parte de la Coalición Nacional. Fue detenido con violencia el martes 8 de junio, luego que saliera de la sede del Ministerio Público donde fue llamado a entrevista.
Es licenciado en Ciencias Políticas con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard
Fue secretario general del Ministerio de Defensa y director del no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). A raíz de la rebelión de 2018 fue acusado por el Ministerio Público de ser autor de delitos de crimen organizado y financiamiento al terrorismo, por lo que se fue al exilio durante casi un año. Regresó a Nicaragua en septiembre de 2019 después que se promulgara una ley de amnistía para esos cargos.
Su esposa, Berta Valle, cree que Félix Maradiaga ha sido torturado durante su detención y ha exigido al “pruebas de vida” de su esposo.
Arturo Cruz, precandidato presidencial
Fue el primer ciudadano nicaragüense detenido por la Ley 1055, que considera “traidores a la patria” a quienes “menoscaban la soberanía, la independencia y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en asuntos internos, pidan intervenciones militares, que se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo o desestabilización”.
Cruz, de 67 años, fue apresado el sábado 5 de junio en el aeropuerto de Managua cuando regresaba de Estados Unidos.
Es precandidato a presidente de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, y fue embajador en Washington del gobierno de Daniel Ortega entre 2007 y 2009.
Tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Oxford y un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de John Hopkins. Es un reconocido académico nicaragüense.
Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial
A diferencia del resto de detenidos, Cristiana Chamorro, 67 años, es acusada por la Fiscalía “por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” supuestamente cometidos a través de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigió hasta enero pasado.
Chamorro Barrios es hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y del periodista y héroe nacional, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Violeta Barrios derrotó a Daniel Ortega en las elecciones de 1990. Cristiana acompañó a su madre durante la campaña electoral y su gestión de gobierno. Su esposo, Antonio Lacayo (QEPD), fue jefe de campaña de doña Violeta y ministro de la Presidencia durante su gobierno.
Sin adscribirse a partido alguno, Chamorro Barrios había manifestado su disposición a competir en las elecciones de noviembre próximo contra Ortega y lideraba todas las encuestas de opinión como la precandidata que más simpatías despertaba.
El miércoles 2 de junio su casa fue allanada y finalmente dejada bajo arresto domiciliar.
Marcos Fletes y Walter Gómez, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
Fueron los primeros detenidos de esta redada que tiene a 16 personas detenidas. Fletes es el exfinanciero, y Gómez el contador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que cerró a principios de febrero de este año, según lo declarara su directora Cristiana Chamorro, ante la imposibilidad de trabajar con las leyes represivas que aprobó a finales del año pasado el régimen de Daniel Ortega.
Ambos fueron detenidos la noche del viernes 28 de mayo.
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