La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en un nuevo informe “la grave escalada de la represión” en Nicaragua en forma de detención de precandidatos a cargos públicos, defensoras de Derechos Humanos y periodistas independientes.
La CIDH manifestó así su “enérgica condena” por la actuación de las autoridades “en los últimos días” en referencia a la detención de varias figuras de la oposición con vistas a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, el último de ellos el ex ministro de Educación Humberto Belli.
La Comisión se ha referido a la “detención y criminalización” de los precandidatos Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García y ha enumerado a una serie de líderes “y lideresas políticos y personas defensoras de Derechos Humanos” detenidos entre el 8 y el 14 de junio.
“La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente”, señaló el organismo internacional en un comunicado.
Estos casos, menos el de Cristiana Chamorro, se amparan en supuestos actos tendientes a “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
Además, la CIDH denuncia el “empleo desproporcionado de la fuerza” por parte de los agentes que han realizado las detenciones y la irrupción en sus domicilios “sin mediar orden judicial”.
De varios de los detenidos no se tiene noticia desde hace más de diez días y estarían en aislamiento y sin posibilidad de contactar con sus representantes legales.
“Desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho”, sostiene la CIDH, que cifra en al menos 328 los fallecidos como consecuencia de acciones de las fuerzas de seguridad y en más de 2.000 las personas heridas.
Hay más de 100.000 personas que han emigrado a otros países y son más de 1.600 las personas privadas de libertad ilegal y arbitrariamente, de las que 124 permanecen privadas de libertad.
El comunicado completo de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su enérgica condena por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua registrado en los últimos días. La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente.
El 9 de junio, la CIDH condenó el reciente e intensivo escalamiento de la represión en contra de personas y organizaciones opositoras, defensoras de derechos humanos y de la prensa independiente. En particular, la Comisión condenó la detención y criminalización de Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García, quienes habían hecho públicas sus precandidaturas presidenciales, en el contexto de las elecciones generales previstas para noviembre próximo.
Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación por las recientes detenciones y criminalización de los líderes y lideresas políticos y personas defensoras de derechos humanos ocurridas entre el 8 y 14 de junio, Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri Chamorro, José Bernard Pallais Arana, Dora M. Téllez, Ana Vijil, Suyen Barahone, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, quien además es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión. Asimismo, se tuvo conocimiento de la detención de Luis Alberto Rivas Anduray, Gerente del Banpro el 15 de junio.
Según información pública del Estado, estos casos, salvo el de Cristiana Chamorro a quien se le imputan delitos de presunto lavado de activo, se investigan bajo la “Ley No.1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, por realizar supuestos actos tendientes a “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Por otra parte, a través del MESENI, la Comisión ha recibido información y testimonios que indicarían el empleo desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional al momento de las detenciones. En la mayoría de los casos, se indicó el allanamiento de los domicilios, alegadamente, sin mediar orden judicial.
Por otra parte, familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de información sobre el lugar donde se encuentran detenidas, y sobre su estado de salud. Entre otros casos, la CIDH advierte que, desde el 8 de junio no se conocería el paradero de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Asimismo, según fuera informado, algunos de los familiares de las personas detenidas habrían acudido cotidianamente a las instalaciones del Chipote para verificar la ubicación de sus familiares y, en su caso, proveer alimentos e insumos básicos.
La CIDH fue informada sobre la negativa a proporcionar información por parte de las autoridades e inclusive, la restricción e impedimento a los familiares para proporcionar alimentos. En algunos casos, las autoridades habrían permitido el ingreso únicamente de alimentos líquidos, sin confirmar la eventual entrega de los mismos y sin saber si se encuentran en dicho lugar. En este contexto, preocupa particularmente la información recibida sobre el estado de salud de José Pallais, quien habría sufrido una descompensación y se encontraría en estado delicado.
Conforme a la información recibida, la CIDH advierte además que, el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes legales, y la mayoría se encuentran incomunicadas. Asimismo, la CIDH recibió información sobre la realización de audiencias “secretas”, sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua. De igual manera, la CIDH tomó conocimiento sobre la falta de efectividad de los recursos de habeas corpus o exhibición personal presentados.
Desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho. A la fecha, la respuesta violenta del Estado ha resultado en al menos 328 víctimas fatales; más de 2000 personas heridas; más de 100.000 personas que han migrado a otros países, la mayoría de ellas en busca de protección internacional; más de 1600 personas privadas de la libertad, ilegal y arbitrariamente en diferentes momentos de la crisis. De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, articulado por la sociedad civil local, hasta la fecha, más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria.
La Comisión insta al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la persecución y las detenciones arbitrarias, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal, y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos. La Comisión observa la resolución (CP/RES 1175) acordada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el pasado 15 de junio de 2021, que condena la ya referida intensificación de la represión y urge al Estado la adopción de medidas que aseguren elecciones libres y justas en el país, concluyendo que las actuales condiciones no las hacen posibles.
Finalmente, la CIDH reafirma, como órgano regional de protección a los derechos humanos su compromiso de continuar monitoreando la situación en el país, con el fin de velar por la protección a la vida y la integridad física de las personas, defensa de las víctimas y la libertad de expresión del pueblo nicaragüense.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
(Con información de Europa Press)
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