La Fiscalía del régimen de Nicaragua ha emitido una orden de detención contra Humberto Belli, ex ministro de Educación en el mandato de Violeta Chamorro, en el marco de la investigación contra la Fundación Económica para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y en la línea de las detenciones ejecutadas en las últimas semanas contra opositores y precandidatos presidenciales de cara a las elecciones previstas para el 7 de noviembre.
Además de Belli, también se ha ordenado la captura del empresario Gerardo Baltodano --hermano de un general reiterado y ex funcionario del régimen de Daniel Ortega--, mientras las casas de ambos, ex directivos investigados de Funides, han sido este jueves allanadas después de que estos no asistiesen a una interrogatorio al que les había llamado la Fiscalía, según recoge el medio local ‘La Prensa’.
La actuación de la Fiscalía está relacionada con las investigaciones contra ambos ex directivos de Funides “por indicios que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo y por haber recibido recursos económicos de fuentes extranjeras”.
“Toda persona citada ante la Fiscalía y que no se presente debe acreditar su incomparecencia a través de un medio verificable”, ha advertido, por otra parte, la institución del régimen de Ortega, en referencia a la no asistencia de Belli y Baltodano a sus respectivos interrogatorios.
Según fuentes a las que ha tenido acceso ‘La Prensa’, ambos ya no estarían en Nicaragua.
La Fiscalía de Nicaragua ordenó el miércoles investigar las cuentas bancarias de 13 ex directivos de Funides, mientras continúan los casos abiertos contra la Fundación Violeta Barrios Chamorro y aquellas personas relacionadas con estas organizaciones.
La ola de detenciones comenzó a principios de mes con el arresto domiciliario de la opositora y precandidata Cristiana María Chamorro por supuestos delitos de blanqueo de capitales, gestión abusiva y falsedad ideológica. A ella, le siguieron otros precandidatos y líderes opositores.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua ha cifrado en 124 los presos políticos que han sido detenidos y permanecen encarcelados en Nicaragua desde abril de 2018, a los que se suman 10 detenidos antes de las protestas de 2018.
Esta persecución se ha intensificado en las últimas semanas, ante la inminente celebración de elecciones que podrían sustituir a Ortega en la Presidencia, mientras la comunidad internacional ha denunciado en reiteradas ocasiones al régimen y ha alertado de que, en este contexto, la cita electoral prevista para noviembre carecerá de legitimidad.
PERSECUCIÓN CONTRA EMPRESARIOS
El mensaje parece ser claro: nadie es intocable en Nicaragua. A excepción, claro, de él. Daniel Ortega ha decidido avanzar ahora contra los empresarios de su país que se atrevan a desafiarlo, después de una razia contra candidatos que podrían desafiarlo en las próximas elecciones del mes de noviembre.
El martes, la policía de Nicaragua detuvo al presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, quien fue arrestado por “incitar a la injerencia extranjera”, en base a una ley que el gobierno de Daniel Ortega aplica a los opositores.
Rivas, también director de operaciones del Grupo Promérica que aglutina a varias entidades financieras en el continente, se suma a otros 15 detenidos por la policía en los últimos días, entre aspirantes a la presidencia y críticos del gobierno.
De acuerdo con un comunicado de la policía, Rivas es investigado, entre otros delitos, por “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
El líder del gremio empresarial, José Adán Aguerri, fue detenido hace una semana bajo los mismos cargos. Aguerri había liderado una mesa del diálogo de 2018 por parte de los empresarios para hallar una solución a la crisis política.
Según el diario El País, la justicia nicaragüense también investiga a 13 ex directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento ligado al sector privado, que publica análisis sobre la situación económica del país. El jueves, una jueza ordenó levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua de esos 13 empresarios.
Entre los investigados están dos de los empresarios más poderosos de Nicaragua, José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo. Una jueza de Mangua les ha impuesto retención migratoria y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
(Con información de Europa Press)
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