La estrategia de Daniel Ortega parece ser “huir hacia adelante”. Ante la creciente presión internacional para que libere a los presos políticos y dé garantías de un proceso electoral justo y competitivo en noviembre próximo, el régimen nicaragüense ha reaccionado haciendo todo lo contrario.
Cuando la Organización de Estados Americanos (OEA), varios gobiernos y la oposición nicaragüense exigieron un tribunal electoral imparcial y reformas electorales para unos comicios más justos y transparentes, el régimen de Ortega eligió en mayo pasado un tribunal electoral con magistrados leales a él, y se promulgaron reformas electorales que cerraron aún más las posibilidades de una competencia justa. Y en las últimas tres semanas ha desatado una inusitada ola represiva que llevó a la cárcel a cuatro de los principales precandidatos presidenciales, nueve líderes opositores, dos ex trabajadores de una organización no gubernamental y un empresario.
Tras esta arremetida de Daniel Ortega, consideran los analistas, estaría el interés de una negociación con Estados Unidos que lo libere de las sanciones que le han impuesto a su círculo cercano, detenga las amenazas que se ciernen sobre ellos y le otorgue alguna legitimidad a un nuevo periodo en el gobierno después de las elecciones previstas para noviembre próximo.
“El propósito es limpiar la mesa de los traidores. A ver gringo, ¿querés hablar conmigo? Vení hablá conmigo. Dejá de estar contratando sicarios, vení hablá conmigo, pongámonos de acuerdo. Respetame y pongámonos de acuerdo. Ya de una vez arreglar eso. Pero es con los gringos, con los dueños del circo, no con los payasos”, dijo recientemente William Grigsby, comentarista oficialista que ha presumido en su programa radial matutino de estar en conocimiento de la estrategia sandinista denominada “Operación Danto 2”.
¿Qué puede ofrecer Daniel Ortega a Estados Unidos en una negociación? “Liberar a los presos políticos y abrir algunos espacios para las elecciones”, considera el sociólogo Oscar René Vargas, para quien el mayor temor de Ortega es la llamada ley Renacer que estaría por aprobarse en el congreso y el senado de Estados Unidos. La ley contempla severas sanciones para el grupo de poder alrededor de Ortega, incluyendo a altos mandos del Ejército de Nicaragua.
“La mayor fuerza que la ley Renacer tiene, a mi criterio, es que puede crear fisura al interior del círculo de poder: el Ejército. En la Policía menos, pero en el Ejercito es fundamental”, dice Vargas. “Dependiendo el temor que tenga (Ortega) va a ceder más o menos en las concesiones que él pueda ofrecer”.
El expresidente costarricense Luis Guillermo Solís no ve posibilidad de que la comunidad internacional acepte una negociación donde a Ortega se le hagan concesiones a cambio de la libertad de los presos políticos. “Esa no es una transacción; eso es un chantaje”, dijo en una entrevista a la cadena británica BBC. “Si el cambio es: los suelto, pero me quedo en el poder, ahí no hay transacción ninguna, es una voluntad manifiesta del régimen de perpetuarse”.
“Soy uno de los que se encuentran confundidos por la actitud de Ortega”, agregó en referencia a las detenciones de opositores. “Porque uno hubiese supuesto que esta actitud era precisamente la contraria a la que le servía al régimen. Es decir que, enterado Ortega de la situación gravísima en que se encuentra, buscaría más bien un acomodo que hiciera posible una convivencia con la oposición en un régimen que él todavía podría controlar por medio de una significativa cantidad de diputados, etcétera. Lo que ha hecho es todo lo contrario: ha aumentado la apuesta en el sentido de impedir que haya un recambio”.
Oscar René Vargas, veterano sandinista, quien incluso alguna vez salvó la vida Daniel Ortega, considera este “va a jugar la carta de la negociación con Estados Unidos a través de México y Argentina”, y cree que “hay un movimiento subterráneo” desde estos países con Ortega “que solo será visible hasta que esté listo”.
“En una factible negociación Ortega-Murillo tratará de ganar tiempo, ceder lo mínimo para conservar el poder y obtener la eliminación de las sanciones internacionales que afecta, de manera individual, a su familia y al círculo íntimo de poder a cambio de algunas concesiones, logrando la impunidad y cuotas de poder”, dice.
“Si los que son favorables a mayores sanciones están errados de creer que con más sanciones se cae el régimen, los favorables a la negociación pecan de ingenuidad, al creer que el levantamiento de las sanciones podrá abrir un sendero de desescalada del actual atolladero sociopolítico y conducirnos a la democracia”, agrega.
Sin embargo, el sociólogo cree que a Ortega “se le fue la mano” en su cálculo y la reacción internacional ha sido mucho más fuerte de lo que esperaba. “Está pagando un costo muy alto porque también está poniendo en riesgo que la economía no crezca. La economía, según el Banco Mundial, estaba prevista a crecer en 0.9 por ciento, pero el riesgo es que no crezca nada o que sea negativo. Golpea también la inversión y propicia la fuga de capital y cerebros mediante la migración”.
Hasta mayo pasado, según familiares y organismos de derechos humanos, en Nicaragua existían unos 120 presos políticos a los que se sumarían los 16 capturados en las últimas tres semanas.
Otro escenario, señala Vargas, sería que Ortega pretenda usar a los presos políticos como moneda de cambio para obligar a la oposición a aceptar como legítimos los resultados electorales de noviembre próximo. “Pero eso sería una segunda fase. Él se está preparando para negociar en enero del 2022. Ortega siempre negocia en dos escenarios, esperando cuál le sale mejor”.
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