Hasta que no quede ningún rival: los hitos que marcan el deterioro de la democracia en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega

El régimen de Daniel Ortega, dictador que maneja el poder en Nicaragua desde 2007, ha emprendido una indisimulada persecución contra la oposición para despejar cualquier obstáculo que se interponga en su camino hacia un triunfo en las elecciones de noviembre hacia su cuarto mandato consecutivo, pero la campaña contra la disidencia está lejos de ser nueva, ya que las voces críticas vienen siendo perseguidas desde hace años.

2014: Cambio constitucional clave

Si su primera reelección (2011) había sido polémica por la interpretación constitucional, esta vez el legislativo le allanó el camino para que no queden dudas. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó a inicios de ese año una reforma clave para las aspiraciones de Ortega, quien ya había gobernado al país entre 1985 y 1990 y coordinó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1985).

El Congreso, de amplia mayoría oficialista, eliminó el límite de mandatos, habilitando así la reelección indefinida.

2016 - El matrimonio todopoderoso

La primera dama, Rosario Murillo, que siempre estuvo implicada en la política, anunció su candidatura a la vicepresidencia como compañera de fórmula de su esposo. La oposición advirtió que sería el inicio de “una monarquía” e incluso desde el sandinismo criticaron que no se respetaba el liderazgo histórico del movimiento.

La campaña fue muy desigual. Cuatro meses antes de la votación, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua retiró de su cargo al diputado líder del Partido Liberal Independiente. Cuando 16 legisladores rechazaron la medida, el tribunal ordenó la destitución de todos ellos. También en junio, Ortega anunció que no se permitiría la observación internacional para supervisar las elecciones.

En noviembre, el sandinismo ganó la reelección con el 72% de los votos.

Meses después, Estados Unidos sancionó al presidente del Consejo Supremo Electoral, acusado de perpetrar un fraude en las elecciones de 2006 y 2011 en las que Ortega consolidó su poder.

2018 - Protestas y la más violenta represión

El panorama económico ya era sombrío. Lejos del crecimiento mostrado en los años previos, las estimaciones privadas advertían de un crecimiento de la pobreza de hasta casi 10 puntos.

En abril de 2018, el gobierno publicó un paquete de reformas previsionales que abrió una inesperada ola de protestas. Lo que comenzó como una manifestación estudiantil se extendió a todo el territorio nacional con la adhesión de diversos gremios, incluso algunos que estaban alineados con el sandinismo, expresando un fuerte descontento que no se había manifestado anteriormente.

La violencia en las protestas alcanzó niveles no vistos en décadas en el país.

En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó durante cuatro días el país con autorización de Ortega, publicó un informe titulado “Graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”.

En julio, luego de tres meses de protestas, el régimen aprobó la Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que fue denunciada como una criminalización de la protesta pacífica. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el hecho y destacó que la ley fue aprobada por un Congreso “casi totalmente controlado por el gobierno”.

A inicios de agosto, tras poco más de 100 días de manifestaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó 317 víctimas fatales en el marco de las marchas y los enfrentamientos. Además, advirtió de la “consolidación de una tercera fase de la represión consistente principalmente en la persecución y criminalización selectiva y masiva de manifestantes, defensores de los derechos humanos, estudiantes, líderes sociales y opositores del gobierno”. Para noviembre, la cifra de muertos se elevaría a 357. Además, se denunció el encierro de más de 550 presos políticos y la migración de 50.000 nicaragüenses refugiados en Costa Rica.

El régimen comenzó a quedar cada vez más aislado, en rechazo a los organismos internacionales. En agosto, la Asamblea aprobó una resolución de condena a una comisión de la OEA, con la cual no se permitía el ingreso al país del Grupo de Trabajo que buscaba facilitar un diálogo entre las partes.

La persecución ahora se enfocó en las ONG, vistas por el sandinismo como una herramienta de presión internacional que afectaba sus intereses. En diciembre, la mayoría oficialista parlamentaria aprobó la cancelación de la personería jurídica de varias organizaciones, entre ellas la del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y la del organismo Hagamos Democracia.

Así lo reportó el balance de Amnistía Internacional: “Desde que en el 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el gobierno no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica”. El reconocido organismo denunció el acoso a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes “viven un ambiente de permanente hostigamiento por parte de las autoridades”.

La persecución también golpeó al periodismo. La sede de Confidencial, de la revista Niú y de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, ubicada en una zona céntrica de Managua, fueron tomadas por asalto por la Policía Nacional.

Una semana después, la policía asaltó el canal de televisión por cable 100% Noticias, lo sacó del aire, y apresó a su director Miguel Mora y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau.

Corrupción generalizada con ayuda de Venezuela

También en 2018, el Índice de Percepción de Corrupción, realizado por Transparencia Internacional, ubicó a Nicaragua como el segundo peor país de la región en la materia, por detrás de Haití y únicamente delante de Venezuela, con un puntaje de 25 sobre 100 y en el puesto 152 de 183 países evaluados.

Por su parte, en el mismo año, el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, liderado por la ONG local Hagamos Democracia, indicó que durante el gobierno de Daniel Ortega se reportó un incremento “en casos de gran corrupción, corrupción administrativa y pequeña corrupción”

En el plano personal, uno de los escándalos más graves es el de la denuncia de Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra del mandatario, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de ella y señaló a su madre, la vicepresidente Rosario Murillo, por encubrir los vejámenes.

La pareja presidencial, además, ha otorgado altos cargos públicos a varios de sus hijos, algunos con rango ministerial, y otros encargados de millonarios negocios del Estado. Estimaciones privadas señalan que la familia suma una fortuna superior a los 3.000 millones de dólares.

Una presunta fuente de irregularidades del gobierno es la asistencia económica de Venezuela, que se ha reducido en los últimos años por la crisis que afecta a ese país. Según el Banco Central, entre 2008 y 2015 la cooperación proveniente de Caracas superó los 4.000 millones de dólares, administrados por la empresa privada Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), que no rinde cuentas públicas.

2019 - Contra el periodismo

En los primeros meses del año comenzaron a hacerse sentir las medidas que había impulsado el régimen para dificultar el funcionamiento del periodismo, convencido de la necesidad de acallar las voces críticas. Principalmente, la retención del papel, la tinta y otros insumos importados que necesitan los medios impresos.

El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ricardo Trotti, aseguró que “se está ejerciendo una presión rigurosa, esquemática y sistemática de parte del gobierno de Daniel Ortega en contra de la prensa”.

Así lo contaba a Infobae en mayo de ese año, Eduardo Enríquez, jefe de redacción durante 20 años del periódico La Prensa: “Lo que quieren es que la gente no tenga acceso a la información. Ellos tienen una gran cantidad de medios que pintan una realidad a como ellos quieren”. El diario se vio obligado a reducir las páginas para que no se agote el inventario. Para octubre, La Prensa cerró su suplemento de humor y sátira.

“La criminalización del ejercicio del periodismo que hoy practica Ortega, como las dictaduras militares del Cono Sur en la década de los setenta, simboliza la culminación de una escalada represiva contra la prensa”, explicó en aquel entonces Carlos Chamorro, director desde el exilio de Confidencial. “La resistencia de la prensa nicaragüense, con el apoyo de la prensa internacional, es crucial para que se conozcan en el mundo los crímenes que la dictadura pretende ocultar, y para apuntalar la bases de un cambio con justicia”, añadió.

El balance del año fue brutal para la libertad de prensa. Los periódicos El Nuevo Diario (el segundo más importante del país), Q´Hubo y Metro (que se distribuía gratuitamente) sucumbieron ahogados por la crisis económica

Más allá del periodismo, y a un año de las protestas y la violenta represión el régimen mantenía tras las rejas a casi 800 presos políticos como herramienta de negociación y chantaje frente a la oposición.

2020 - Festival de COVID y más persecuciones

Nicaragua vivió el año pasado su propia versión de las siete plagas bíblicas. Algunas de ellas fueron naturales, como huracanes o trágicos derrumbes, mientras que el COVID, con huella en todo el mundo, fue recibido de brazos abiertos por las medidas del régimen, que promovieron el contagio con actividades masivas, escondieron los datos y castigaron la solidaridad entre ciudadanos.

“La evidencia indica que a Nicaragua le ha golpeado tan duro la pandemia como a cualquier país en América Latina e incluso como los que más. El exceso de mortalidad nos señala, y con mucha contundencia, que durante los cinco meses más importantes se superaron los 2.000 muertos, para llegar al promedio de 3.400 muertos al mes”, señaló Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Frente a las medidas poco creíbles que muestra el gobierno, agregó: “Fuimos un país de muy alta mortalidad en el planeta, que eso no se esté registrando suficientemente bien es diferente”.

La actitud gubernamental siempre fue contra corriente en la pandemia: mantuvo las fronteras abiertas para turistas extranjeros, e inicialmente cerradas para los nicaragüenses que buscaban refugio en su país. Ignoró las medidas de prevención que orientó la Organización Mundial de la salud (OMS). De hecho, en su momento, Nicaragua fue el único país de Latinoamérica que mantuvo las clases presenciales en las escuelas públicas.

La pobreza continuó creciendo y el régimen no dejó de mostrar su cara dictatorial.

En los últimos meses del año, aprobó cuatro leyes “altamente represivas”. Daniel Ortega solicitó al parlamento, controlado por su partido, la aprobación de una ley que establezca la pena de cadena perpetua, otra que criminaliza el financiamiento a personas u organizaciones desde el exterior, una más que prohíbe a los opositores participar en las próximas elecciones y otra que castiga y le da control sobre las comunicaciones en la web.

De esta forma, los candidatos pueden quedar inhabilitados si el régimen considera que están demandando o exaltando la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos. También serían considerados “traidores a la patria”.

En cuanto a la ley de agentes extranjeros (conocida localmente como la “Ley Putin” por sus similitudes con la persecución en Rusia), prohíbe postularse a cargos de elección popular a los nicaragüenses que reciben financiación extranjera.

2021 - Que nada se interponga

Además de las leyes que dejaron vulnerables a cualquier político disidente, Nicaragua inició el año con un estado de sitio de hecho. Los líderes opositores son asediados y encerrados en sus casas, y la policía golpea y detiene a quienes se manifiestan públicamente.

Desde comienzos del 2021 se hicieron sentir los efectos del nuevo marco legal. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización con más de 20 años, que defiende la libertad de expresión y promueve la profesionalización del periodismo, anunció el 5 de febrero pasado la suspensión de operaciones. Un día antes, el capítulo PEN Nicaragua hizo lo mismo. Ya lo había hecho en diciembre We Effect, una ONG sueca que trabaja en la reducción de la pobreza y acumulaba 35 años de presencia en Nicaragua.

Antes del estallido de 2018, en Nicaragua funcionaban unas seis organizaciones legalmente dedicadas a la defensa de derechos humanos. A algunas les fue cancelada su personería jurídica, otras huyeron al exilio y legalmente solo queda la Comisión Permanente de Derechos Humanos (pocas veces recibidos por funcionarios) y una organización de defensa de los derechos indígenas en la costa atlántica del país. “Nos quieren liquidar, pasar la guillotina. Es una decisión política porque tenemos un gobierno represivo que no respeta los derechos humanos”, dice Marcos Carmona, director de la CPDH.

Hace un mes, el escenario comenzó a calentarse con miras a la elección de noviembre. La oposición no ha podido capitalizar el descontento en un partido político por las estrictas normas e impedimentos que pone el gobierno para las agrupaciones, mientras que las formaciones ya existentes no logran un consenso de unidad.

El 4 de mayo, la Asamblea Nacional, de amplia mayoría oficialista, eligió un nuevo Consejo Supremo Electoral, con siete militantes sandinistas y otros tres que, aunque fueron propuestos por partidos distintos, son reconocidos simpatizantes del régimen.

El mismo 6 de mayo en que fue juramentado el nuevo tribunal electoral se hizo publico el calendario electoral que estableció, entre otras fechas el 12 de mayo como límite para la inscripción de alianzas y hasta el 2 de agosto para la inscripción de candidatos. La trampa, según la oposición, está en acortar el tiempo de las alianzas con el propósito de que las fuerzas opositoras no se unieran, tal como efectivamente sucedió.

Días después, el régimen de Ortega empezó una ofensiva para decapitar a la oposición. En menos de 24 horas el tribunal electoral eliminó dos partidos opositores y luego inició un proceso legal con miras a inhibir y encarcelar a Cristiana Chamorro Barrios, la opositora que más alto puntea en las encuestas.

Y es que en Nicaragua, toda persona bajo investigación tiene vetada la participación en cargos sujetos a elección, por lo que basta con cualquier fiscal amigo para excluir a un posible rival de campaña.

El 18 de mayo de 2021 el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua le retiró la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática (la única formación legal que le quedaba a la opositora Coalición Nacional para participar en las elecciones) por arbitrariedades de tinte religioso. También el Órgano Electoral retiró la personería jurídica al Partido Conservador por decir explícitamente que no participaría en las elecciones de noviembre lo que el Consejo Supremo Electoral reclama como una violación a la Ley Electoral vigente por parte de dicho partido.

Luego, inició la seguidilla de arrestos. Una docena de dirigentes opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia, han sido detenidos por la policía desde el pasado 2 de junio.

La primera fue Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), acusada de lavado de dinero a través de una fundación que promovía la libertad de prensa y que llevaba el nombre de su madre.

Luego siguieron el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro García, y el ex diplomático Arturo Cruz.

La justicia también arrestó al ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Aguerri, al ex vicecanciller José Pallais (miembro del bloque opositor denominado Coalición Nacional), y a la dirigente opositora Violeta Granera, a quien luego suspendieron el arresto domiciliario y trasladaron a la cárcel.

Estas detenciones provocaron nuevas condenas y sanciones de Estados Unidos y otros países contra el gobierno de Ortega. Las medidas del Departamento del Tesoro de la semana pasada apuntaron contra cuatro funcionarios cercanos al mandatario, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo.

“Una estrategia mucho más innovadora y eficaz sería que Estados Unidos y Europa iniciaran una investigación bancaria internacional para documentar la corrupción de la familia Ortega”, opinó el periodista Andrés Oppenheimer, quien sostiene que el régimen cuenta con reservas económicas para sortear las sanciones, pero la presión de exponer los negocios familiares sería mayor. “Eso expondría la corrupción del régimen de Ortega ante el pueblo nicaragüense. Y eso es lo que más temen los dictadores, mucho más que las sanciones externas”, añadió el analista político.

Este martes, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que condenó “inequívocamente” el arresto de opositores y pidió su “inmediata liberación”. La medida se aprobó con el voto de 26 de los 34 miembros, mientras que votaron en contra Bolivia y San Vicente y las Granadinas; y se abstuvieron Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México.

Managua, que consideró la resolución como una injerencia, no detuvo su accionar. El mismo martes, la policía continuó con las detenciones, al arrestar al presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, por “incitar a la injerencia extranjera”

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