La OEA condenó la ola de arrestos a dirigentes opositores por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este martes la violación a los derechos humanos en Nicaragua, tras una reunión extraordinaria celebrada para analizar la situación en el país centroamericano, donde el régimen de Daniel Ortega detuvo en los últimos días a 13 dirigentes opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia en las elecciones de noviembre.

Con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Consejo Permanente aprobó la resolución para condenar la ola de arrestos arbitrarios en Nicaragua, durante la sesión virtual que fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.

Los países que votaron a favor de la resolución son El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Guatemala, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Domicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Costa Rica.

En contra votaron Nicaragua, San Vicente y las Granadina y Bolivia. Y se abstuvieron Honduras, México, Argentina, Belice y Dominica.

El proyecto de resolución presentado por esos países pide la “inmediata liberación” de los detenidos, así como la de todos los presos por motivos políticos en Nicaragua, será el tema en agenda.

Además, exhorta al régimen de Ortega a aplicar todas las normas internacionales que correspondan para la realización de elecciones libres y justas el 7 de noviembre, “incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países”.

El texto subraya con “grave preocupación” que las autoridades nicaragüenses no hayan implementado a mayo de este año las reformas electorales para garantizar la transparencia de los comicios del 7 de noviembre, un plazo que había sido fijado por la Asamblea General de la OEA en octubre pasado.

La delegación nicaragüense repudió durante la sesión la aprobación del texto, al considerar la acción del organismo internacional de “injerencista”. El gobierno de Nicaragua “rechaza enérgicamente la convocatoria a la sesión y la resolución, sin efecto vinculante para el Gobierno”.

“A menos de cinco meses para elegir a un nuevo presidente, debemos unirnos para demandar a las autoridades nicaragüenses la liberación inmediata de los presos políticos, de los líderes políticos y sociales, garantizando su seguridad, sus derechos políticos, y su integridad física”, indicó la embajadora de Costa Rica, al tiempo que pidió “terminar el asedio, intimidación, persecución, allanamientos, maltratos, y abusos” por parte del régimen de Ortega. “Exigimos el respeto a sus obilgaciones internacionales, y en particular en materia de derechos humanos”.

Estados Unidos, por su parte, consideró “impensable” la posibilidad de celebrar “elecciones libres y justas en esta atmósfera” de persecución y represión. “El régimen no sólo arresta a líderes políticos y candidatos opositores, también a líderes del sector privado y de organizaciones sociales (...) Se les ha impedido visitas y el derecho a su defensa; algunos requieren medicación, o padecen alguna enfermedad”.

Brasil, otro de los países que solicitó la sesión extraordinaria, expresó su “satisfacción” por la aprobación de la resolución.

“La realidad de Nicaragua se parece mucho a la realidad venezolana. Los atropellos indicados en la resolución existen de igual manera, o aún en mayor medida, en Venezuela. Deben condenarse en cualquier momento, y bajo cualquier circunstancia”, apuntó Gustavo Tarré Briceño, embajador venezolano del gobierno interino de Juan Guaidó ante la OEA.

Carlos Raimundi, embajador argentino ante el organismo, leyó en su exposición un comunicado conjunto firmado por Argentina y México, dos de los países que se abstuvieron a condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

En el texto, ambas naciones manifestaron su preocupación “por los recientes acontecimientos en Nicaragua, especialmente por la detención de figuras políticas de la oposición”. No obstante, indicaron que no están de acuerdo “con los países que dejan de lado el principio de no intervención de los asuntos internos, tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”.

“Estamos convencidos que esta situación será superada por las y los nicaragüense, resguardando las garantías constitucionales y el pleno respeto de los derechos humanos”, concluyeron.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, saludó la resolución del Consejo Permanente “por constituir un avance respecto a la situación en Nicaragua”. Sostuvo que “acciones para silenciar a la prensa y a los dirigentes opositores se ha vuelta una normalidad en el país”. Por ese motivo, consideró fundamental el restablecimiento de la democracia y el estado de derecho.

Además, llamó al régimen de Ortega a “poner fin al hostigamiento” y a cumplir con las recomendaciones de “acompañamiento internacional” para garantizar un proceso electoral “libre, justo y transparente”.

Almagro remarcó que la OEA “siempre desempleñó un papel articulador” para alcanzar una solución pacífica a la crisis nicaragüense que se acentuó en los últimos años. En ese sentido, recordó todos los acuerdos firmados entre el organismo y el gobierno de Ortega. Acuerdos que “han sido incumplidos” por el régimen sandinista.

Según indicó el ex canciller uruguayo, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, “no se cumplen los mínimos estándares para comicios libres y transparentes”.

La convocatoria del martes se produce luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidiera el miércoles pasado suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional por lo que consideró una “arremetida sin precedentes” de Ortega contra sus opositores.

Ante esta situación en el país centroamericano, la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, pidió el domingo pasado a la OEA enviar una “señal clara” a Nicaragua, en donde, según dijo, se vive una “campaña de terror” con los arrestos de varios líderes políticos.

“La campaña de terror de Ortega-Murillo continúa este fin de semana con más arrestos arbitrarios. Los miembros de la OEA deben enviar una señal clara esta semana: basta de represión”, señaló la diplomática en un mensaje enviado a los medios de comunicación por la embajada estadounidense en Managua.

“La región no puede solo sentarse a esperar a ver quién será el siguiente” opositor encarcelado, agregó.

Por su parte, este lunes los senadores Bob Menéndez (demócrata), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Marco Rubio (republicano), el miembro de más alto rango del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara Alta, pidieron al gobierno de Joe Biden usar “todas las herramientas diplomáticas disponibles para enfrentar al régimen de Ortega”.

En una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, Menéndez y Rubio pidieron incrementar las sanciones económicas contra funcionarios nicaragüenses y redoblar el trabajo conjunto con la Organización de los Estados Americanos para coordinar un rechazo multilateral al “ataque antidemocrático” del régimen nicaragüense.

“El régimen de Ortega está llevando a cabo una campaña de represión sin límites con el objetivo de demoler las esperanzas de poder celebrar elecciones libres y justas en noviembre y así consolidar la tercera dictadura en las Américas”, escribieron los senadores.

Además, alentaron al gobierno de Biden a aplicar los protocolos del proyecto de ley bipartidista para Reforzar el Cumplimiento de las Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER, por sus siglas en inglés), presentado a fines de marzo bajo el liderazgo de Menéndez y Rubio.

La iniciativa RENACER requiere que Estados Unidos aumente la coordinación de las sanciones económicas con Canadá y la Unión Europea, vigile más de cerca los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y refuerce la inteligencia sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua, subrayaron.

La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Daniel Ortega, arrestó este fin de semana a cinco disidentes sandinistas, incluidos a los ex guerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres.

También mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García. Además, al ex titular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, al ex vicecanciller José Pallais, y a las dirigentes opositoras de la Unidad Nacional Violeta Granera, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona.

Asimismo, a otros dos ex colaboradores de una ONG que han sido detenidos en las últimas dos semanas bajo la acusación de diversos delitos.

El domingo por la noche, la Policía detuvo al ex vicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, alcanzando los 13 arrestados en las últimas dos semanas.

En todos los casos la Policía informó que se los investiga por presuntamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”. También se los acusa de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.

Con información de AFP

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