El equipo de Keiko Fujimori mostró ejemplos de las actas electorales que considera que deberían invalidarse y que, en ese caso, podrían alterar los resultados de la votación en Perú, actualmente favorables al candidato Pedro Castillo.
El líder izquierdista lleva una ventaja de 71 mil votos con el 99,13% de actas contabilizadas. Sin embargo, la campaña de Fuerza Popular no busca revertir el resultado con ese 0,87% de mesas restantes (algo estadísticamente muy difícil), sino con la impugnación de votos ya contados, especialmente correspondientes a zonas en las que Castillo obtuvo una ventaja abrumadora.
La cantidad de reclamos es inédita. En la ajustada elección de 2016 que Fujimori perdió contra Pedro Pablo Kuczynski por 41 mil votos, hubo impugnaciones a 29 mesas (aparte de los reclamos originados el día de la elección). En 2011, cuando Fujimori perdió contra Ollanta Humala, se presentaron apenas dos objeciones ante la justicia electoral.
Y es que varios de los estudios legales más prestigiosos de Lima pusieron a disposición a sus equipos para investigar las actas de las zonas rurales y buscar incongruencias, según confirmaron varios abogados involucrados, antes que se acabe el plazo del miércoles para presentar los reclamos. La participación es legal, siempre y cuando el aporte profesional sea declarado dentro de la rendición de cuentas de campaña.
Las 802 actas presentadas se dividen en cinco categorías.
-Falsificación de firmas
Se trata de la razón más frecuente entre los reclamos presentados por el fujimorismo. En 503 actas, con un total de 125 mil votos, el equipo de campaña aseguró que las firmas de los documentos son diferentes a las que figuran en los registros públicos de algunos miembros de mesa.
Entre los ejemplos divulgados, hay dos personas del departamento de Amazonas con firmas similares pero abreviadas con respecto a la rúbrica original que consta en sus documentos. En el caso de Yoel Alcántara Sarmiento (la segunda firma de la imagen), el ciudadano grabó un video para demostrar que sí firmó los documentos y aseguró que participó con imparcialidad en toda la jornada, en presencia de personeros de ambos partidos.
El jurado deberá decidir si se trata de diferencias aceptables correspondientes a la misma persona o si son cambios que hagan pensar que se trató de una suplantación de identidad.
-Falsificación de resultados
Fuerza Popular presentó 132 actas que considera sospechosas porque el partido obtuvo 0 ó 1 voto entre todos los sufragios.
Los casos son estadísticamente posibles, ya que las actas corresponden a zonas en las que Castillo obtuvo más de 80% de los votos en toda la región. Por ejemplo, hubo actas en Miami (Florida) en las que ocurrió el escenario inverso, y Castillo no recibió ningún voto a favor.
Este caso es difícil que reciba el respaldo de los jurados, ya que la ley electoral indica que todo reclamo de esta naturaleza debe resolverse en la mesa, con presencia permitida de los personeros de cada partido. Sería sospechoso si se detecta un caso de este tipo en una zona con tendencia inversa, pero la doctrina de “acta mata voto” hace imposible revisar las cédulas, que son destruidas luego del escrutinio local.
-Miembros de mesa con los dos mismos apellidos
La ley electoral peruana impide que dos familiares directos sean miembros de la misma mesa, que son designados por sorteo. Pero según el reclamo de Fuerza Popular, eso es lo que habría ocurrido en 65 casos a nivel nacional, ya que los firmantes tienen los dos apellidos idénticos.
Las posibilidades de que tengan el mismo apellido son altas porque las mesas están dispuestas en orden alfabético.
Como el caso anterior, la disposición general es que estas situaciones deben ser impugnadas por los personeros presentes y no prosperaría el reclamo a posteriori. Más allá del sorteo e impugnaciones previas a la votación, es posible que suceda porque cuando falta un miembro de mesa, se solicita a la primera persona que esté en la fila para votar. Debido a la pandemia, en primera vuelta hubo muchos problemas para la conformación de mesas y se detectaron varios casos en los que los reemplazos fueron familiares, sin registrarse quejas al respecto.
En la conferencia del lunes, Keiko Fujimori presentó un caso de Puno, con tres miembros con el mismo primer apellido, Catacora. Sin embargo, se trata de uno muy común en la zona sur y los tres individuos luego desmintieron ser parientes y exigieron una disculpa.
En la tarde del jueves, un Jurado Electoral de Moquegua falló en contra de uno de estos reclamos y señaló que si dos miembros de mesa son familiares no es causal de nulidad.
-Invalidación por sumas erradas, datos errados o faltantes
Por último, 102 actas impugnadas por Fuerza Popular tendrían actas con datos incoherentes, como por ejemplo más votos válidos que votantes, o casilleros en blanco.
En el ejemplo divulgado por Fuerza Popular, el acta consignó erróneamente como votos en blanco a todas las cédulas correspondientes a las personas que no asistieron a sufragar.
El jurado deberá definir en cada caso si hay errores flagrantes que ameriten que el acta sea eliminada del cómputo. No obstante, es posible que se trate de errores poco significativos como el de la imagen (en la que ningún partido es favorecido), ya que las actas han pasado por dos revisiones al momento de ser computadas.
Extrañamente, el acta de ejemplo es positiva para Fujimori, por lo que su campaña perdería 200 votos si prospera ese reclamo particular de anulación.
La decisión
La primera instancia de la justicia, aunque la cantidad de pedidos es inédita, debe decidir en un plazo de tres días y sus fallos son apelables.
Más allá de todas las interpretaciones y de posibles incongruencias reales que podrían hallarse en las actas, el artículo 36 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones indica que los Jurados Electorales Especiales declaran la nulidad de mesas cuando “haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato”, situaciones que no parecen reflejarse entre las impugnaciones.
Frente a las denuncias de Fuerza Popular, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) niega la posibilidad de fraudes, lo mismo que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó el proceso de normal y transparente.
Si Fujimori no gana la elección, deberá continuar los procesos judiciales en los que está imputada por lavado de activos y obstrucción a la justicia. La fiscalía, que ha solicitado más de 30 años de cárcel para la ex congresista, solicitó este jueves una nueva orden de prisión preventiva.
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