Bernarda Ordóñez es la secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Guillermo Lasso. Tiene 30 años, es abogada y proviene de una larga carrera de activismo local a favor de las mujeres. Ahora dirige la institución encargada de articular y ejecutar las políticas públicas que beneficien, principalmente, a mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas y personas LGBTIQ+.

En una entrevista con Infobae, Ordóñez revela cómo será su gestión y anticipa la creación de una subsecretaría para crear y ejecutar políticas públicas destinadas a la comunidad LGBTIQ+.

Si bien durante la campaña a la presidencia, Guillermo Lasso se acercó a las mujeres y a las personas de la diversidad sexogenérica, aún hay escepticismo sobre cómo el gobierno de un ex banquero conservador y miembro de un grupo católico, protegerá los derechos de las comunidades con las que personalmente puede discrepar. De ahí que la función de la Secretaría de los Derechos Humanos es clave.

—¿Cuáles son los planes que tienen dentro de la Institución para realizar y ejecutar políticas públicas enfocadas hacia las comunidades que históricamente han sido vulneradas?

—Desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde que asumimos este compromiso con la ciudadanía ecuatoriana nos hemos enfocado en trabajar en tres ejes: derechos humanos, erradicación de violencia y el fortalecimiento del estado plurinacional, a través de nuestra subsecretaría de pueblos y nacionalidades. Los desafíos institucionales son dar sostén y soporte a la institución. Necesitamos mejorar muchísimo los procesos y los protocolos de atención a la ciudadanía y lo segundo tiene que ver con tener mayor presencia en cada una de las ciudades y cantones del Ecuador.

—¿Por qué es importante esta presencia en el territorio?

—Porque nosotros brindamos diferentes servicios, especialmente la atención a sobrevivientes de violencia. Actualmente tenemos tres coordinaciones zonales que no son suficientes, considerando que la violencia hacia las mujeres es la segunda pandemia que ha vivido la humanidad. Por ejemplo, en la coordinación zonal 6 tenemos una psicóloga para tres provincias. Si bien nosotros damos la contención de primera crisis o el primer acompañamiento, es muy necesario e imperativo fortalecer nuestra presencia en las ciudades.

—¿Qué acciones ejecutarán?

—Hemos planteado tres acciones iniciales que van a marcar la agenda de trabajo durante las próximas semanas y meses. La primera inició con el plan de vacunación (contra el COVID-19) a la población waorani que se encuentra en la zona intangible. Hablamos de 800 km2 en las provincias de Orellana y Pastaza, en esta zona no puede haber contacto, ni siquiera se pueden utilizar drones, porque allí está la población que ha decidido aislarse voluntariamente que son los tagaeri. Como este es un patrimonio vivo de toda la humanidad, no solo del Estado ecuatoriano, para garantizar su protección hemos iniciado el plan de vacunación a los waorani. Los waorani son una comunidad indígena que vive dentro y fuera de la zona intangible, es por eso que es un riesgo muy grande que estas dos comunidades se encuentren en sus actividades diarias. Esto es un hito para la región, inició la primera fase de vacunación con el personal que nosotros tenemos en una estación de monitoreo. Primero vamos a inmunizar a nuestro personal y al personal médico, porque esta población es muy vulnerable. Otro eje es mejorar los canales de atención para sobrevivientes de violencia. Estamos trabajando en un plan piloto de un Centro Violeta, como le hemos denominado por la simbología que tiene con el 25 de Noviembre y con los colectivos de mujeres que han trabajado para tener una vida libre de violencia. Este centro debe ser de atención integral. Lo que buscamos es optimizar todos los servicios que tiene el Estado. La competencia de la Secretaría de Derechos Humanos es articular el sistema nacional de erradicación de violencia, donde están 22 instancias. Esperamos poner en marcha este pilotaje en las próximas semanas. Con esto queremos poner en funcionamiento el Registro Único de Violencia porque para hacer una correcta política pública de erradicación y de prevención necesitamos datos, necesitamos georeferenciación, necesitamos inteligencia artificial, necesitamos sistemas de alerta temprana, para poder identificar en donde una mujer ha recibido amenazas, cómo tenemos que movilizar lo que en la teoría se llama la prevención primaria y secundaria de estos delitos. Aquí me gustaría resaltar el compromiso humano que tiene el equipo técnico que me acompaña. El tercer eje es la reingeniería que estamos realizando para tener una Subsecretaría de Diversidades y de esta forma institucionalizar la política pública para prevenir todo tipo de violencia y discriminación a la comunidad LGBTIQ+. Este esfuerzo institucional es importante porque no vamos a afectar el presupuesto general del Estado. Nosotros lo hacemos con total voluntad y entrega, porque es lo que se necesita, porque hay una deuda histórica que tiene el Estado ecuatoriano.

—Cuando usted fue presentada como parte del Gabinete de ministros, el presidente Guillermo Lasso la comprometió con el tema de los femicidios. ¿Los centros integrales de atención de los que nos ha hablado cumplirán con el mandato del presidente de tratar de eliminar el feminicidio?

—El femicidio es uno de los delitos 100% prevenibles cuando toda la estructura del Estado funciona. Cuando salud garantiza sus servicios, cuando educación brinda las oportunidades para que las mujeres puedan terminar la escuela, el colegio y alcanzar la universidad, cuando el ente rector de trabajo se quitan los nudos y dificultades que las mujeres atraviesan para estar en el mercado laboral, cuando la sociedad cambia y transforma sus paradigmas culturales, cuando trabajamos en estos ejes, el femicidio es 100 % prevenible. Por eso tenemos que trabajar de forma articulada con todas las instituciones del Estado, no hay una sola que no tenga que ver con la violencia. Los Centros Violeta tienen que ver con el un eje que es la atención cuando el delito ya se ha dado. Para prevenir los femicidios necesitamos el Registro Único de Violencia. Por ejemplo, en Cuenca, en el Azuay, de donde soy, la sociedad civil y los entes públicos tenemos una base de datos que permite saber cuáles son las parroquias donde ocurre más violencia intrafamiliar, luego cruzamos esas variables con variables de pobreza, contagios de COVID-19, lo que da la luz de cómo tenemos que intervenir.

—¿Qué pasará con los crímenes de odio? Por ejemplo, cuando una mujer trans es golpeada por ser trans y va a la Fiscalía a presentar la denuncia la registran por lesiones y no por crimen de odio, ¿esto también será parte del trabajo articulado con otras instituciones del Estado?

—Sí, por supuesto. Para nosotros es importante tener datos confiables y eliminar lo que en estadística se llama la cifra negra que son justamente estos errores y esta brecha de género que existe al momento de recabar la información. Aquí tenemos que hacer un trabajo muy grande con todo el eje de justicia. Necesitamos hacer un trabajo de sensibilización a los operadores de justicia porque este tipo penal (crímenes de odio) está vigente en el Ecuador, pero la aplicación ha sido complicada. Nos vamos a apoyar en la sociedad civil, en los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, porque son ellos los que más conocen su realidad y son ellos los llamados a que compartamos con el Estado lo que necesitamos hacer para garantizar sus derechos. Una de las primeras acciones para la creación de la política pública será tener un amplio diálogo con diferentes sectores y actores de la comunidad LGBTIQ+. Por eso es importante salir de Quito, necesitamos ir a otras provincias y ciudades. La discriminación y la violencia están en todas las ciudades del Ecuador. Me considero una persona optimista, creo que cada día podemos hacer muchísimo por mejorar la situación de los diferentes grupos de la sociedad humana y creo que esa debe ser siempre nuestra meta (...). Por eso es importante institucionalizar la política pública, porque las personas en los cargos somos pasajeras y las instituciones son las que dan continuidad a los procesos.

—¿Podría detallarnos más sobre la reingeniería de la Secretaría y sobre el equipo humano y técnico?

—Yo siempre agradezco la observancia permanente que hacen los diferentes activistas de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil. Desde este rol siempre he manifestado mi predisposición a construir puentes de diálogo y de encuentros. Sobre la Subsecretaría de Diversidades, todo es un proceso. No es que de la noche a la mañana se crea, eso lo hace la Secretaría de Planificación, pasa por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Finanzas. Esperamos que en menos de 180 días ya esté la subsecretaría reflejada en el sistema. Sin embargo, nosotros ya empezamos a trabajar la política pública para combatir todos los tipos de violencia en contra de la comunidad LGBTIQ+ desde antes de asumir el cargo. Nosotros hemos planteado algunos encuentros con diferentes organizaciones. La persona que estará frente a esta Subsecretaría es también un activista que se llama Felipe Ochoa, es parte de la comunidad y estará liderando este proceso. Tenemos muchos desafíos, pero son la oportunidad de acercarnos al Estado que todos soñamos. Estamos caminando con pasos firmes.

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