El gobierno de los Estados Unidos planea sanciones contra el régimen de Daniel Ortega tras la detención e inhabilitación de la opositora Cristiana Chamorro, quien permanece bajo prisión domiciliaria y resguardada por fuerzas policiales.
La administración de Joe Biden analiza aplicar una ley aprobada por el Congreso en 2018, conocida como Nica Act, que posibilita sancionar a funcionarios y ex funcionarios de Nicaragua. Así lo afirmó este viernes Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional, en diálogo con Voz de América.
Antes de los dichos de González, el Departamento de Estado instó al régimen de Ortega a que libere a Chamorro. En un comunicado, sostuvo que su detención “es un abuso de sus derechos, y representa un ataque a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas”.
“La detención de la Señora Chamorro se produce en medio de incesantes ataques a los candidatos presidenciales pro-democracia y a los medios de comunicación independientes. El régimen de Ortega se ha comprometido a impedir que la Señora Chamorro participe en las elecciones de noviembre y, en mayo, canceló sin fundamento el estatus legal de dos partidos políticos de la oposición”, agregó el comunicado.
En esa línea, resaltó que “en lugar de aplicar las reformas electorales en el plazo establecido por la Organización de Estados Americanos, el presidente Ortega instituyó nuevas restricciones y redujo la transparencia electoral”.
“Las condiciones actuales de represión y exclusión no son compatibles con unas elecciones creíbles. La región y la comunidad internacional deben estar junto al pueblo nicaragüense en apoyo de su derecho a elegir libremente su gobierno”, concluyó el departamento a cargo de Antony Blinken.
Crece la presión internacional
La presión para que se libere a la opositora creció este viernes con pronunciamientos de España y Francia -además del de EEUU-, mientras en Managua una jueza autorizó a la Policía Nacional extraer toda la información de los dispositivos electrónicos de la aspirante presidencial, quien se encuentra recluida en su vivienda y bajo una fuerte vigilancia policial.
La jueza Karen Chavarría Morales, titular del Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, que giró el miércoles la orden de registro y detención contra Chamorro, autorizó a la Policía Nacional extraer toda la información de los dispositivos electrónicos de la líder opositora.
La jueza autorizó a la Policía a que utilice a un especialista informático para que extraiga toda la información de los teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, incluido correos electrónicos, imágenes, videos, mensajes de texto, audio vía WhatsApp, entre otros, según informaron a la prensa fuentes cercanas al caso.
Chamorro, hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), que derrotó al actual mandatario Daniel Ortega en los comicios de 1990, permanece recluida en su residencia desde hace tres días, en una exclusiva zona al sur de Managua, después de que una jueza ordenara su detención y el allanamiento de la vivienda.
La Fiscalía acusó a la periodista, de 67 años, ex directora de la clausurada ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre, por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
El Gobierno español expresó su “preocupación” por la detención e inhabilitación de Chamorro para las presidenciales de noviembre, y también se mostró preocupado por el “continuo hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes” en el país centroamericano.
Por medio de un comunicado del Ministerio de Exteriores, el Ejecutivo español señaló que estos “graves hechos y la actual dinámica política reducen los espacios de diálogo y convivencia en Nicaragua y ponen en riesgo la legitimidad democrática de las elecciones generales”.
Por ello, consideró que estas medidas “deben ser revertidas, poniendo fin de manera inmediata a la retención de la señora Chamorro y desocupando su domicilio, así como garantizarse el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y actores sociales y políticos”.
Francia también instó al Ejecutivo nicaragüense a liberar de forma “inmediata” a Chamorro y condenó “con firmeza” que la hayan inhabilitado a optar a cargos públicos, medida que calificó de incompatible con el proceso democrático.
“Francia condena con firmeza estas medidas, que son incompatibles con un proceso electoral libre, honesto y transparente, y solicita la puesta en libertad inmediata de la señora Cristiana Chamorro”, indicó Ministerio de Exteriores galo.
España y Francia se sumaron así al rechazo expresado el jueves por la Comisión Europea, que pidió a Ortega que se libere a Chamorro.
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