En Pedro Vicente Maldonado, un cantón ubicado a 33 kilómetros de Quito, la capital del Ecuador, y al noreste de la provincia de Pichincha, se produjo un suceso aterrador. Un hombre de 41 años violó constante y sistemáticamente a su hija, que hoy tiene 19 años, con la que tuvo dos hijos. Uno de ellos fue entregado a las autoridades apenas después de haber nacido con el pretexto de haber sido encontrado abandonado en una quebrada.
La Fiscalía cantonal investigó el caso y demostró ante el Tribunal de Garantías Penales de esta causa, que Segundo Ricardo G. Z es autor del delito de violación, empeorado además por las específicas circunstancias de opresión paterno filial, por haber sometido a su víctima con amenazas, por formar parte de mismo núcleo familiar y por aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de la víctima, tal y como se establece como agravantes en la legislación penal del Ecuador.
Valiéndose de seis testimonios periciales, pruebas documentales, peritajes médico-legales y la declaración anticipada de la víctima, la Fiscalía sostuvo su teoría del caso y con estas evidencias logró probar que las violaciones se produjeron durante 5 años consecutivos, desde que la víctima tenía 14 años, y que como consecuencia de esas agresiones la niña violada tuvo dos embarazos, uno a los 14 años y otro a los 19 años. Al aplicar la prueba técnica de ADN se pudo encontrar el 99,99% de compatibilidad entre Segundo Ricardo G. Z y el nacido como producto del primer embarazo.
El segundo y más reciente embarazo fue entregado a las autoridades policiales, a poco tiempo de producido el parto, bajo el pretexto de haber encontrado al niño a orillas del río Caoni, a menos de un kilómetro de las calles de la pequeña urbe, fundada hace menos de treinta años y habitada por un poco más de 12 personas. El recién nacido fue entregado por su propio padre-abuelo en el mes de julio de 2017. Al poco tiempo, el recién nacido fue dado en adopción.
El agresor fue sentenciado este miércoles a cumplir con 29 años y 4 meses de encarcelamiento, además del pago de USD 15.000 como forma de indemnización a la víctima. La justicia también sentenció al pago de 800 salarios básicos o salarios mínimos en Ecuador, lo que equivale a USD 320.000. Esto como pago de costas a la administración de justicia.
La víctima denunció los hechos en agosto de 2020 con la intención de recuperar a su segundo hijo.
El condenado enfrenta otra investigación por haber abusado también de su segunda hija, que también habría quedfado embarazada y dado a luz otro niño.
El 80% de agresores pertenecen al círculo cercano de las víctimas
La violencia de género en el Ecuador es un problema recurrente. La Fiscalía General del Estado informó que, hasta el 26 de febrero de 2021, recibió más de 7.800 denuncias en su página web sobre delitos de violencia de género. De estos, el delito por violación fue el quinto más denunciado (198 casos). La provincia de Pichincha –donde sucedió el caso que recoge esta nota– es la segunda con mayor número de denuncias a nivel nacional.
Las cifras demuestran una realidad desgarradora. Cada año se embarazan más de dos mil niñas, el 80% producto de violación, según el estudio Vidas Robadas II elaborado por la Fundación Desafío de Ecuador. Las víctimas –dice el estudio– “incluso tuvieron su primer embarazo, antes de su primera menstruación”.
Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia física y sexual en sus entornos familiares. Un estudio realizado en el Distrito Metropolitano de Quito, capital del Ecuador, arrojó que 14,1% de mujeres sufrieron abuso sexual antes de cumplir los 18 años.
Las violaciones sistemáticas que se producen en los hogares, generalmente derivan en embarazos adolescentes. Entre el 2009 y el 2016, más de 17.400 niñas menores de catorce años parieron en Ecuador. El estudio de Fundación Desafío señala que, de esa cifra, “la gran mayoría víctimas de violación, pero no fueron registradas como tal, lo que les impide acceder a atención, reparación y justicia”.
La oficina de la Unicef en el país también publicó cifras que demuestran que los hogares son, en muchos casos, sitios inseguros para los menores. “Entre marzo y diciembre del 2020, en Ecuador se han reportado 79.946 llamadas al ECU 911 relacionadas con la violencia intrafamiliar”, informó el organismo en un comunicado.
De acuerdo con las estadísticas policiales del Ecuador, el 83% de ataques provienen de agresores del círculo cercano de las mujeres y de los menores. Solo el 16% corresponde a agresores desconocidos.
Hasta febrero de este año, se solicitaron en la Fiscalía General más de 14.400 solicitudes para que las víctimas obtengan medidas de protección. El 36,8% de las solicitudes corresponde al requerimiento de “extensión de una boleta de auxilio”. Las boletas de auxilio son una medida de protección para las víctimas de violencia intrafamiliares, ya sea esta violencia física, verbal, psicológica y sexual.
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