En el 2008, la empresa petrolera Perenco demandó al Estado ecuatoriano. La petrolera francesa le exigía al Ecuador el pago de 1.423 millones de dólares como reparación por el daño que había sufrido cuando el país expidió la Ley 42, durante el gobierno de Rafael Correa. Ahora, 13 años más tarde, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial ha fallado a favor de Perenco, obligando al Ecuador a pagar alrededor de 412 millones de dólares, según informó la Procuraduría General del Estado.
Aunque el fallo dispone el pago de 435.182.000,00 dólares, de ese monto se deben descontar los pagos que Perenco debe hacer al Ecuador por los daños ambientales causados en los bloques donde operaban y por gastos arbitrales. En total, se deben restar 60.808.845,8 dólares. Con esos valores, el monto a pagar por parte de Ecuador a la petrolera es de 374.373.154,25 dólares más intereses, así lo informó la Procuraduría General del Estado. Perenco estima que recibirá 412 millones de dólares.
La Ley 42, que Perenco alegó como aquella que perjudicó a la empresa, aumentó la participación del Estado en las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras a por lo menos 50 %. Ese porcentaje se incrementó al 99% en octubre de 2007, por medio de un decreto ejecutivo, en un momento en que los precios internacionales del petróleo gozaban de una importante alza.
Según la información publicada por la Procuraduría de Ecuador, Perenco, que tenía contratos de participación de los Bloques 7 y 21, indicó que la Ley 42 y el Decreto 662 habían modificado sus ganancias de participación, lo que constituiría una violación de los Contratos y del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito el 9 de julio de 1994 entre Ecuador y Francia para la promoción y protección recíproca de inversiones.
En 2014, el tribunal arbitral reconoció que “la Ley 42 y el Decreto 662 violaron los derechos de Perenco contenidos en los Contratos de Participación y que la caducidad de los Contratos constituyó una expropiación”, por lo tanto el Ecuador debía reparar económicamente a la petrolera.
Sin embargo, la Procuraduría General del Estado creó un equipo de investigación para probar que, en los bloques 7 y 21 donde operaba Perenco, había daños ambientales en la Amazonía. Esto se comprobó a través de muestreo de los suelos, piscinas de lodos de perforación y agua subterránea. Por tal razón, en el 2015, el Tribunal aceptó los reclamos por daños ambientales que planteaba el Ecuador.
Hace dos años, en el 2019, el CIADI emitió un laudo arbitral –que es el pronunciamiento de los árbitros o tribunales arbitrales que han sido designados dentro de un proceso arbitral– a favor de Perenco. El fallo obligaba al Ecuador a pagar 488 millones de dólares a la petrolera, más los intereses posteriores al laudo y casi el 80% de sus costos. El Estado ecuatoriano solicitó la anulación del laudo porque “luego de un arduo trabajo de revisión de un laudo de más de cuatrocientas páginas, ha concluido que existen las razones suficientes, al amparo del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), que justifican la solicitud de anulación”, informó la Procuraduría.
El pago de los millones
La Procuraduría ha informado oficialmente que el fallo del CIADI es definitivo y “no cabe recurso alguno” por lo que han retomado contacto con la empresa petrolera para “llegar a un acuerdo sobre la forma de pago”.
“El Estado ecuatoriano respetará y pagará sus compromisos internacionales” sin importar “cualquier discrepancia jurídica que haya sido expresada en el proceso”, informó el departamento de prensa del presidente Guillermo Lasso. “Estaremos en contacto con la empresa para encontrar opciones de resolución”, señaló el comunicado.
Perenco, en un comunicado, ha calificado a la sentencia como “una victoria sustancial y definitiva”. Además, señaló que el Ecuador se ha comprometido a pagar la indemnización en un plazo de 60 días. Este compromiso lo habría hecho, de forma solemne frente al CIADI, el exministro de Finanzas, Richard Martínez, cuando aún se encontraba en funciones en abril de 2020.
En el comunicado de Perenco, se cita al abogado principal del caso Mark W. Friedman quien ha señalado que “Perenco espera que Ecuador cumpla con los solemnes compromisos que su Ministro de Economía y Finanzas y su Procurador General asumieron ante el CIADI ‘a pagar el laudo incondicionalmente, voluntariamente y en su totalidad, dentro de un plazo de 60 días’”. El abogado Friedman también ha asegurado que “cualquier incumplimiento socavaría el compromiso de Ecuador de hacer crecer la economía ecuatoriana, atraer inversiones extranjeras y proteger la capacidad crediticia de Ecuador en la comunidad internacional”.
Tanto la oficina de prensa de la Presidencia como la Procuraduría General del Estado han manifestado que solicitarán y velarán que se inicien las acciones de repetición contra los servidores y autoridades públicas responsables, según lo establecido en la Constitución de la República y los Códigos Orgánicos Administrativo y de Procesos.
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