La dictadura encabezada por Nicolás Maduro agradeció este jueves a la República Argentina la decisión adoptada por el gobierno de Alberto Fernández de haber retirado la denuncia hecha en 2018 en la que se pedía a la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya que investigue al régimen de Caracas por la sistemática violación de derechos humanos. “Tiene un valor simbólico importante”, destacó uno de los máximos jerarcas del Palacio de Miraflores, Tarek William Saab, durante una rueda de prensa.
“Hay que destacar que Argentina se retiró de esa denuncia, diciendo que no tenía sentido ni asidero esa acción realizada en el pasado por otros funcionarios del Estado argentino”, dijo Saab en referencia a la postura que el país austral tenía durante la presidencia de Mauricio Macri en la que se adhería a las decisiones planteadas por el Grupo de Lima, del que el actual gobierno también se fue el 24 de marzo último.
En su comparecencia ante los periodistas, Saab también señaló la importancia de la decisión del gobierno kirchnerista de no acompañar las graves acusaciones sobre supuestos crímenes contra la humanidad que cometió el régimen de Maduro. “Se retira Argentina de esa denuncia, y eso es muy importante, tiene un valor simbólico importante que tenemos que fijar con mucha atención. Por algo lo hacen”, dijo el Fiscal General de Venezuela.
En las últimas horas del miércoles se conoció la decisión de la cancillería argentina de retirarse de la denuncia hecha años atrás contra el régimen chavista. “El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”, decía la misiva oficial enviada a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.
La demanda había sido interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina en 2018, para que se investigara a Maduro y al resto de la jerarquía venezolana por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
En la carta de renuncia, Argentina subrayó que su retiro es “sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial”. La carta fue enviada el 24 de marzo, el mismo día que el gobierno peronista de Alberto Fernández anunció su salida del Grupo de Lima, foro regional alineado con Estados Unidos y que denuncia los atropellos de la dictadura de Maduro en Venezuela.
La denuncia
La decisión de Casa Rosada de retirar su apoyo a la demanda que el Grupo de Lima interpuso contra el régimen bolivariano ante la Corte Penal Internacional (CPI) ignora un importante y detallado documento que devela los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los últimos años.
“Cuando la defensa de los Derechos Humanos se mezcla con la política, solo se logran más desapariciones, más torturas, más violaciones. Con esta decisión, el gobierno argentino apoya la impunidad y fomenta más violaciones”, manifestó Santiago Cantón, uno de los expertos convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2018 para determinar si el régimen de Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad.
Luego de trascender el rumbo que encaminó Fernández con este último movimiento en su política exterior, Cantón analizó que “el retiro de Argentina en el caso contra Venezuela en la CPI significa que al gobierno no le importan ni las desapariciones, ni las torturas, ni las violaciones a mujeres comprobadas en la demanda” que redactó junto al canadiense Irwin Cotler y el costarricense Manuel Ventura Robles.
Cantón fue parte del panel de expertos internacionales independientes convocado por la OEA para la confección del material que documentó lo acontecido en Venezuela y que fue presentado el 29 de mayo de 2018 en Washington.
Durante aproximadamente nueves meses, los expertos recabaron información, recibieron el testimonio de decenas de víctimas y testigos y analizaron las evidencias de los grupos de DD.HH. Hasta ese entonces, los abusos del régimen de Maduro incluían más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2015; torturas y violaciones.
El informe de 489 fojas analiza también agresiones contra dirigentes opositores al régimen, “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas”. Todas “herramientas” utilizadas para aterrorizar al pueblo venezolano.
El documento incluye 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la OEA; decenas de relatos de testimonios de víctimas y familiares de víctimas e informes entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.
Entre sus conclusiones, el informe señala que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas; identifica 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015; más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, con la llegada de Maduro al poder luego de la muerte de Hugo Chávez.
El informe menciona que hasta ese entonces habían sido detenidas más de 1.300 personas por su posición política contraria al régimen de Maduro. En efecto, señala “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela.
La tortura como instrumento de persecución y represión
Un capítulo del informe asegura que la campaña para perseguir y amedrentar a la oposición incluyó el empleo de la tortura. Tamara Suju, abogada criminalista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos (CASLA), recopiló pruebas de casos durante 15 años. Es decir, los hechos se remontan a la primera etapa del chavismo.
En el documento de la OEA, Suju citó el caso de la magistrada María Lourdes Afiuni Mora, torturada y violada brutalmente, que ha sido utilizado como señal de “advertencia” hacia otros jueces “para que acaten las órdenes del Gobierno o se atengan a sufrir consecuencias similares”.
Sin embargo, la abogada planteó una diferencia: “durante el gobierno de Chávez la tortura era selectiva, a diferencia de lo que ocurre durante el régimen de Nicolás Maduro”. Aseguró que con el heredero del trono dictatorial el empleo de la tortura es “desproporcionado” y “recurrente”.
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