Aumenta la tensión social y política en Chile a 20 días de las elecciones para cambiar la constitución de Pinochet

Hace 31 años, la dictadura militar de Chile entregó el gobierno a Patricio Aylwin, un demócrata cristiano que venía apoyado por un amplio espectro de partidos de centro e izquierda. Se iniciaba un período enmarcado en un consenso básico, cuidar la democracia después de 17 años de oscuridad totalitaria. También había que tener a raya al general Augusto Pinochet que se había reservado la comandancia del Ejército y el control de hecho de las Fuerzas Armadas. Ese entendimiento y compromiso de la sociedad chilena se fue resquebrajando con la muerte de Pinochet y terminó de caer con las grandes manifestaciones de finales de 2019 en reclamo de mejoras sociales. Con todos esos acuerdos básicos rotos y sin que se hayan creados nuevos, con un gobierno debilitado y un presidente con un nivel de aprobación de apenas el 9%, el país entra en un año electoral que comienza en tres semanas con unas inciertas elecciones constituyentes. Pero fue la devastadora segunda ola de la pandemia y el intento de veto del gobierno para un retiro del dinero que los trabajadores tienen en los fondos de pensiones lo que terminó por desatar una crisis sin precedentes en Chile.

Todo estalló con un choque entre Piñera y el Congreso por un polémico tercer retiro de los fondos pensiones, como forma de compensación por los estragos económicos de la pandemia. El sistema de jubilación privada, las AFP, tiene una larga y muy controvertida historia en Chile. Fueron creados en 1981 durante la dictadura de Pinochet (1973-1999) por su ministro José Piñera, hermano del actual mandatario. El mecanismo fue pionero en instaurar un sistema de capitalización individual que se planteó en ese momento como una alternativa al fracasado sistema de reparto. Hasta que los trabajadores que aportaban mensualmente vieron que sus cuentas enflaquecían en vez de engordar como les habían prometido. A partir del año 2011, cuando comenzaron a pagarse las primeras jubilaciones, quedó al descubierto que el modelo no podía cumplir su promesa de cubrir hasta el 70% del último salario. Pagaba la mitad del salario, y la mayoría recibe menos que el sueldo mínimo que ronda los 400 dólares. Desde entonces se registraron numerosas manifestaciones en contra del sistema y se creó un poderoso movimiento ciudadano de “No+AFP”.

A pesar de la presión popular, hasta la semana pasada ningún proyecto de reforma había logrado pasar más allá de una comisión en el Congreso. Las Administradoras de Fondos de Pensiones son muy poderosas y tienen invertido el dinero en casi todas las áreas de la economía chilena. Tras cinco semanas de cuarentena por la pandemia del Covid en buena parte del país y el resurgimiento de las protestas sociales, el Congreso aprobó el viernes por amplia mayoría el retiro de hasta un 10% de los fondos privados de pensiones, una medida con amplio apoyo en la sociedad. La ley fue impulsada por la oposición de centro izquierda pero también tuvo el respaldo de sectores del oficialismo frustrados ante las idas y vueltas de Piñera en la entrega de ayudas sociales. La iniciativa fue impugnada por el gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC), que ya había fallado en contra de una iniciativa similar que planteaba un segundo retiro. Y esta vez hizo lo propio: rechazó el amparo de Piñera y le propició una dura derrota política.

El domingo por la noche, el presidente presentó un plan alternativo: entregar un bono de 200.000 pesos (285 dólares) para quienes quedaron con sus cuentas en cero con los dos retiros anteriores de las cuentas de AFP autorizados en julio y enero. Pero la ayuda viene acompañada de otra iniciativa muy polémica, propone un aumento de 2% a los aportes de los empleadores y otro aporte del Estado para equilibrar las cuentas de las administradoras. La propuesta va en contra de la aprobada en el Parlamento y enojó tanto a los empresarios como a los empleados. Los trabajadores portuarios iniciaron un paro y varios otros gremios convocan para este viernes a una huelga general en rechazo a la decisión del mandatario de recurrir al TC. Un grupo de 21 diputados y senadores de la oposición dijeron en una declaración que Piñera “entrega mayores recursos a las AFP, lo cual redunda en el fortalecimiento de un sistema agotado, y asimismo grava a las clases medias, -especialmente pequeños y medianos empresarios― con nuevos impuestos”.

El cientista político de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella, comentó a la AFP que “el modo de tomar decisiones por parte del presidente no sólo es tecnocrático, sino que también extremadamente elitista, con poca conversación, y parte del malestar que caracteriza a la sociedad chilena hoy día es la demanda de una democracia donde los destinatarios de las políticas sean más considerados”. Esto se ve claramente en las encuestas, Piñera tiene ahora apenas un 9% de aprobación, el nivel más bajo de cualquier presidente desde el regreso de la democracia. Llegó a La Moneda con casi el 54% de los votos en la segunda vuelta de 2017. Los partidos de derecha que lo habían regresado al poder decían que volvían para quedarse 20 años, que atrás quedaba un gobierno desastroso que tenía al país sumido en la delincuencia, que la región patagónica de La Araucanía estaba ingobernable por las acciones de los mapuches, que la economía podía crecer mucho más y que la inmigración no tenía control. Cuatro años más tarde recibe el repudio de esos mismos que decían que sería “el mejor presidente de la Historia chilena”. “Su propuesta lo único que logra es profundizar la desconfianza que genera él y su gobierno; llega tarde y agudiza un conflicto institucional que está instalado en el Congreso”, afirmó el senador aliado Manuel José Ossandón.

La pandemia había caído como un bálsamo para Piñera. Logró poner entre paréntesis las protestas que lo tenían contra las cuerdas y le permitieron mostrar sus dotes de gran operador de logística y comercio. Enseguida negoció la compra de vacunas y comenzó a inocularlas el 24 de diciembre de 2020, el mismo día en que llegaron las primeras 10.000 dosis de Pfizer y BioNTech. Chile se convirtió en el ejemplo de Latinoamérica y buena parte del mundo. El plan era vacunar en el primer trimestre del año alrededor de 5 millones de personas y alcanzar el 80% de la población, es decir, unos 15 millones de personas aproximadamente, a fines del primer semestre. Y lo está logrando. Incluso, todo indica que superará su meta. Pero este éxito tiene una cara B que se volvió como un boomerang: la población se relajó y se produjo una segunda ola devastadora.

El gobierno había hecho los suyo para contribuir a este retroceso. Flexibilizó las medidas, entregando permisos de vacaciones, reabriendo los cines, bares, gimnasios, y reduciendo el toque de queda. También se negó a cerrar el aeropuerto de Santiago, pese a que Chile se había convertido en el cuarto país en ingresar la muy contagiosa cepa británica B.117. En pocas semanas, el Covid volvió a dispararse. Primero fue en las zonas a las que la gente fue de vacaciones y, luego, a la que regresaron, la de Santiago y el resto del área Metropolitana. Las clases tuvieron que suspenderse, la gente volvió a confinamiento y millones de personas a la pesadilla del desempleo o la caída abrupta de sus ingresos. Se postergaron por un mes las elecciones constituyentes y para autoridades regionales y municipales que estaban previstas para el 10 y 11 de abril. El anuncio de un paquete de ayuda de 6.000 millones de dólares para paliar las dificultades económicas de millones de chilenos fue considerado por todos los sectores como tardío e insuficiente. Fue cuando comenzaron las presiones para hacer un tercer retiro del 10% del dinero que los contribuyentes de las AFP consideran propio y confiscado. Piñera no tuvo mejor idea que recurrir al auxilio del Tribunal Constitucional para detener la sangría del sistema ideado por su propio hermano. Esos jueces lo habían auxiliado anteriormente, pero esta vez sabían que el mal humor popular se los podría llevar a ellos también. Rechazaron el proyecto del gobierno y ratificaron el del Congreso.

“Ese día el mandatario le puso fin –simbólicamente– a su accidentado segundo mandato, porque, de aquí en adelante, no le quedará más que administrar lo que pueda. Pase lo que pase con el 10% –el proyecto aprobado o el que ingresará hoy el Ejecutivo al Congreso–, Piñera ya se autoinfligió una derrota catastrófica e irreversible”, escribió el columnista Germán Silva Cuadra en El Mostrador.

En este clima de crispación y grieta Chile se dispone a elegir el fin de semana del 15 y 16 de mayo a los 155 constituyentes más alcaldes y concejales. También se votará por los gobernadores regionales que se eligen por primera vez; hasta ahora eran designados por el Ejecutivo. Habrá que ver si ese respiro de ejercicio democrático logra descomprimir la situación para llegar con un resto a las elecciones presidenciales de noviembre. Algunos creen que es demasiado tiempo con un gobierno tan debilitado y en los pasillos del Congreso de Valparaíso se habla de algún tipo de impeachment.

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