Sebastián Piñera atraviesa una nueva crisis por su intento de bloquear el tercer retiro de fondos privados de pensión en Chile

El presidente de Chile Sebastián Piñera atraviesa una nueva crisis, esta última generada por la intención de su gobierno de bloquear el proyecto de ley para un tercer retiro anticipado de fondos de pensión como manera de mitigar el impacto económico de la pandemia.

El descontento que la decisión generó se agrega a la ya tensa situación social y que se ha manifiestado con protestas, cacerolazos, disturbios y un paro nacional que ya tiene fecha.

A menos de un año de culminar su mandato, el presidente -que estuvo en jaque durante el estallido social de octubre de 2019- enfrenta ahora la posibilidad de estar en el extremo receptor de una Acusación Constitucional por su intención de bloquear el retiro de los fondos de pensión.

En concreto, el proyecto busca que por tercera vez los afiliados al sistema privado de pensiones puedan retirar hasta el 10% de sus fondos de manera excepcional.

Sin embargo, esta posibilidad -que ya ha obtenido el aval del Poder Legislativo- ha sido calificado por el gobierno como una “mala política pública” y, tras días de advertencia, envió el martes una moción al Tribunal Constitucional (TC) para que defina su futuro.

La amenaza cumplida de La Moneda catalizó protestas en todo el país. Durante los últimos tres días se han registrado cacerolazos, levantamiento de barricadas, ataques a comisarías, saqueos y enfrentamientos con la policía.

A tal punto ha escalado la presión social sobre el gobierno que la Unión Portuaria de Chile inició un paro de actividades, mientras que los trabajadores mineros hicieron un llamado a estar “preparados” para esa posibilidad. Además, para el próximo 30 de abril está programado un paro nacional que ha sido convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y otras organizaciones han confirmado su adhesión.

En tanto, el International Dockworkers Council (IDC), el conglomerado que reúne a todos los trabajadores portuarios del mundo, advirtió que bloquearán las cargas que provengan de Chile en todos los puertos del planeta, por la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional.

Las protestas y los anuncios de paralización han inquietado las aguas del gobierno, que ha cuestionado las manifestaciones. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo: como autoridades “estamos sujetos a expresiones del la ciudadanía” pero que “otra cosa completamente distinta es la barricada”.

¿Acusación Constitucional contra Piñera?

Tras el envío del pedido de bloqueo al retiro de fondos al TC, en la oposición poco a poco fue tomando forma la idea de, eventualmente, buscar la destitución de Piñera a través de una acusación constitucional.

En este proceso, los diputados actúan como parte acusadora y presentan sus razones, mientras que los senadores funcionan como jurado. Cuando estos aprueban la acusación, el alcanzado queda suspendido de su cargo y sin poder desempeñar funciones públicas por cinco años.

Por esto, es que un grupo de diputados de oposición se han dado un plazo hasta este viernes para presentar un borrador de la probable Acusación Constitucional contra el mandatario. Otros sectores contrarios al gobierno continúan dialogando.

En el gobierno, el Ministro Secretario General Juan José Ossa calificó a la iniciativa como una “jugarreta política de mala fe”. “Debemos dialogar y conversar para ayudar a los chilenos”, dijo. El Ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que es “una cuestión política absurda”.

Las fechas clave

El próximo martes es la jornada programada para que el tercer retiro del 10% inicie su curso en el Tribunal Constitucional. Allí se revisará la cuenta de admisión a trámite y admisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el gobierno.

Una vez desarrollado este proceso, el tribunal se abocará a ver el fondo. Para ello tiene aproximadamente 10 días prorrogables por otros 10 desde su admisibilidad. Se estima que el plazo total del trámite es de un mes, si es que no hay mayores retrasos.

Esta es la segunda vez que el gobierno acude al TC por un proyecto como este. La primera vez fue declarado inconstitucional gracias al voto dirimente de la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm, quien es amiga del Presidente Piñera y una histórica asesora de su círculo.

Durante estos días, el TC está sumergido en una fuerte crisis luego que Brahm fuera acusada de realizar un “allanamiento ilegal” en las oficinas de los demás jueces del TC con funcionaros que pertenecerían a la Policía de Investigaciones (PDI). Esto ha desatado una verdadera guerra entre las facciones internas del tribunal, y por ahora, este conflicto no ha dado signos de haber sido apaciguado.

Además, el senador Carlos Bianchi solicitará este viernes inhabilitar a Brahm de la presidencia del TC bajo el argumento de falta de imparcialidad, alegando que fue asesora de Piñera durante su primer mandato.

Rumores de quiebre interno

Los ministros del denominado “comité político” de La Moneda afirmaron a través de una carta enviada a un medio de circulación nacional que la decisión del Presidente Sebastián Piñera de llevar al Tribunal Constitucional la reforma del tercer retiro de fondos de AFP contó con el respaldo “unánime” de ellos. Esto después que se comentara desde los pasillos de La Moneda que tanto el ministro del Interior Rodrigo Delgado, como la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, habrían estado en desacuerdo con la determinación presidencial. Ante los rumores, los aludidos decidieron publicar una carta que por distintos personeros fue calificada de “mala jugada comunicacional” de los jefes de cartera.

“Adherimos completamente a la decisión de presentar ante el TC un requerimiento por el proyecto que permitiría un tercer retiro de ahorros previsionales”, afirmaron los secretarios de Estado en la carta al director que se publicó este jueves en La Tercera.

De esta inusual forma los ministros salieron a desmentir “versiones de prensa que indican que no habría habido unanimidad en esta gravitante definición del Gobierno”.

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