El Presidente Sebastián Piñera promulgó este lunes en la ciudad de Iquique, ciudad del norte chileno y fronteriza con Bolivia, la nueva Ley de Migraciones, tras casi 8 años de discusión en el parlamento local.
En la actualidad, según detalles entregados durante 2019 por el Departamento de Extranjería y Migración y el Instituto Nacional de Estadísticas INE, hay cerca de 1,5 millon de personas extranjeras residentes en Chile, un 7 por ciento de la población total. La lista está liderada por venezolanos, peruanos, haitianos y colombianos,.
“El principal objetivo de esta nueva Ley de Migraciones es poner orden en nuestra casa, a través de una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal”, explicó Piñera.
El debate y la posterior sanción de la ley tuvo lugar con el trasfondo de la crisis migratoria que tuvo lugar a principios de este año en el norte del país, catalizada por la masiva llegada de ciudadanos venezolanos que escapaban de su país por el colapso político, económico, social y sanitario bajo la dictadura de Nicolás Maduro.
Los aspectos principales de la nueva ley
La norma determina que aquellos con solicitudes de refugio infructuosas podrán obtener un grado de protección complementaria que antes no existía.
Con relación al otorgamiento, prórroga y revocación de visas, se establece que los extranjeros cuyo permiso hubiese vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de nueve meses contado desde su expiración debiendo sólo cumplir con la sanción impuesta. En tal caso, el Servicio Nacional de Migraciones admitirá a trámite la solicitud, estableciendo en la resolución respectiva la sanción que se imponga.
La ley prohíbe el ingreso a los extranjeros que hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero informados por la INTERPOL o por los organismos de justicia con que Chile tiene convenios por distintos delitos, detallados en una lista.
Se dispuso la creación del Servicio Nacional de Migrantes, agencia que emitirá las visas solicitadas en Chile y en el extranjero, con un sistema automatizado de solicitudes de prórrogas de visa y permanencias definitivas.
Habrá 13 tipos de visa distintos, entre ellas por trabajo, estudios, reunificación familiar, trabajo temporal, razones humanitarias. El primer camino que deberán iniciar quienes aspiren a llegar al país será concurrir al consulado chileno del país en el que se encuentren, y allí exponer las razones que serán consultadas para tramitar su visa.
Tras la tramitación de la visa, a quien quiera ingresar a Chile se le cursará también una cédula de identidad, la cual sirve como documento de identificación.
“El 90% de quienes ingresaron en los últimos años eran turistas, pero ahora, tal como sucede en países desarrollados, primero se debe pedir la visa de residencia”, detalló el Director del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, en una entrevista a fines de 2020.
La nueva norma además facilitará las expulsiones administrativas al no ser necesario realizar denuncias penales por el ingreso, de manera que se desincentiva el uso de pasos no habilitados. Además, el nuevo reglamento expande la lista de delitos establecidos en el Código Penal por los cuales no se podrá ingresar a Chile.
“No queremos que ingrese a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico y trata de personas o aquellos que no respetan nuestras leyes”, destacó el Presidente Piñera.
Finalmente, las autoridades destacaron que esto se trata de una “institucionalidad flexible, liviana y eficiente”, la cual tiene por objetivo abordar la migración “desde una perspectiva integral, considerando la realidad local a través de las Direcciones Regionales, y una Dirección Nacional enfocada en lo operacional”.
Críticas a la nueva Ley
Desde diversos sectores, incluidas algunas agrupaciones de migrantes en Chile, se reflotaron algunas críticas en torno a la ley. Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, señaló que la normativa se fundó a partir de una premisa segregadora, en la que se generan condiciones diferenciadas para los migrantes respecto de, por ejemplo, temas previsionales, entre otros.
“Se han hecho bastantes señalizaciones sobre cómo se abordan los derechos del niño, es decir, hay una dimensión enorme que es de una continuidad respecto del enfoque de seguridad nacional que tenía el decreto de ley de Pinochet. En ese sentido, está un poco dentro de la óptica general que hemos visto sobre cómo se conciben los derechos humanos”, dijo el dirigente.
“La ley tiene otro inconveniente enorme que va a generar una cantidad de dificultades y es que a partir de la promulgación la ley da un plazo de tres meses a las personas que están irregulares en el país para irse, no para regularizarse. En algún momento, el Gobierno llegó a decir que esas personas que se van pueden hacer el tramite en algún consulado y luego volver a entrar, como si hacer los trámites en un consulado se hiciera en dos días. Lo otro que es crítico es que no va a haber posibilidad de regular de manera constante como lo indican todas las políticas migratorias de la región”, criticó Cardoza.
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