El gobierno de Uruguay expulsará del país al ciudadano argentino que organizó una fiesta clandestina en Punta del Este

El Ministerio del Interior canceló la residencia temporaria de Adriano Sessa, hijo de la actriz argentina Mónica Gonzaga, por haber violado las leyes que prohíben realizar aglomeraciones para evitar la propagación del coronavirus

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Adriano Sessa es hijo de
Adriano Sessa es hijo de la actriz y vedette argentina Mónica Gonzaga

El gobierno de Uruguay decidió este lunes expulsar del país a Adriano Sessa, hijo de la actriz y vedette argentina Mónica Gonzaga, luego de haber organizado una fiesta clandestina a la que asistieron cerca de 500 personas en Punta del Este días atrás.

De acuerdo a lo informado por la cadena Telemundo, el Ministerio del Interior uruguayo dispuso la cancelación de la residencia temporaria que le había otorgado Migraciones. De esta manera, será expulsado del país por haber violado las leyes que prohíben realizar aglomeraciones para evitar la propagación del coronavirus.

Este lunes más temprano, fuentes del ministerio indicaron al diario local El País que el ministro Jorge Larrañaga, quien viene supervisando el asunto, consideraba esa sanción como una medida ejemplar.

Esas fuentes señalaron que el comportamiento del ciudadano argentino “desnaturaliza el beneficio de residencia otorgado por las autoridades nacionales y lo haría pasible de expulsión” por incumplir la ley 19.932.

Adriano Sessa es hijo de la reconocida actriz argentina Mónica Gonzaga, quien se encuentra radicada en Sauce de Portezuelo, departamento de Maldonado.

“Tengo un grupo de amigos con el que organizamos, porque era el cumpleaños de uno, realizar una reunión acá en mi casa. Hablando en persona con ellos les dije: ‘sí, hagámosla, inviten algunos grupos de amigas y vénganse y lo festejamos acá, hagamos una reunión que sea acorde, tampoco cualquier cosa’”, dijo este lunes Sessa, según lo consignado por El País.

“Esto fue una reunión, desmiento categóricamente que se cobró cualquier tipo de entrada. Acá no se cobró entrada a nadie, acá no se vendía alcohol a nadie. Esto no era una fiesta organizada clandestina sino que fue una reunión en la que se pasó la ubicación del lugar y bueno, terminó cayendo gente por cualquier lado”, agregó.

En su relato, Sessa indicó que mucha gente que no estaba invitada a la fiesta “se metió por caminos que van hacia la playa” y así llegó a la propiedad.

Desarticularon una fiesta clandestina con 560 personas en la casa de un argentino en Uruguay

La fiesta había sido promocionada a través de las redes sociales. El lugar de encuentro era una casa situada en la localidad de Sauce de Portezuelo, a unos 15 kilómetros de Punta del Este.

Las invitaciones llegaban por mensaje privado de Instagram, donde se detallaba la dirección y el horario para asistir. La cita era el jueves por la noche y un grupo de amigos que había confirmado su concurrencia se alertó cuando al llegar a la propiedad vio una cantidad descomunal de vehículos estacionados a su alrededor.

Eran alrededor de las 4 de la mañana y al advertir la masiva concurrencia de invitados decidieron dar aviso a la policía para ponerle fin a ese festejo clandestino donde había alrededor de 560 personas, de acuerdo a datos brindados por la policía uruguaya.

Tras recibir el llamado de los jóvenes, los efectivos irrumpieron en el lugar cerca de las 4.30 de la mañana, donde comprobaron que los concurrentes no portaban barbijos, no respetaban el distanciamiento social y había muchísima más gente de la permitida para las reuniones sociales.

Desde que se decretó la pandemia, la Municipalidad de Maldonado desarticuló alrededor de 30 fiestas clandestinas.

La fiesta en Sauce de Portezuelo se realizó el mismo día en que el Parlamento extendió el límite al derecho de reunión por 120 días más, lo que significa que las autoridades tienen la potestad de limitar el derecho de reunión y actuar en aglomeraciones para evitar eventuales contagios de coronavirus.

El gobierno se valió de la Ley 19.932 que reglamentó el artículo 38 de la Constitución, la cual permite suspender “las aglomeraciones de personas” que generaran un “notorio riesgo sanitario”.

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