Nicaragua sufre aumentos récord en la gasolina y la única que gana es la familia de Daniel Ortega

“Domingos negros” les llama la población. Cada domingo las estaciones de combustible de Nicaragua cambian los precios de sus pantallas. En el pasado solían subir o bajar, según el comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos. Pero desde hace 19 semanas, los precios de los combustibles dejaron de bajar y solo han subido, hasta convertirse en los más caros de Centroamérica.

Ninguna de las razones comerciales que han dado explica esos precios, dice el economista Enrique Saénz quien se pregunta: “¿Cómo es que el resto de países de la región, que igual no producen petróleo y con condiciones similares a las nuestras, tienen precios 50 centavos de dólar promedio por galón más bajo que el de Nicaragua?”

“Hay un monopolio en la importación y distribución de combustible y ese monopolio lo tiene la familia Ortega Murillo”, asegura el también economista Oscar René Vargas. “Ellos determinan los precios a su gusto y antojo y ese dinero no va al Estado sino a la propiedad privada de la familia Ortega y Murillo”.

Igual piensa Enrique Sáenz. Según el economista, para evidenciar el sobreprecio que sufren los combustibles en Nicaragua se deben analizar los márgenes de ganancias del negocio en comparación con otros países del área y no siempre el precio final, porque los impuestos que se cargan son distintos en cada país.

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) determinó que los márgenes de utilidad de Nicaragua comienzan a separarse de manera pronunciada de los márgenes de utilidad del resto de países de Centroamérica a partir del año 2007.

“¿Que ocurrió a partir del 2007?” se pregunta Enrique Sáenz. “Dos cosas: en primer lugar, llegó al gobierno Daniel Ortega y, en segundo lugar, ellos asumieron el monopolio de las importaciones y de una parte de la distribución de hidrocarburos”.

Sáenz insiste en que la explicación a los precios de ahora se encuentra en el pasado. Recuerda que en el gobierno anterior a Ortega, con la presidencia de Enrique Bolaños, el negocio de los hidrocarburos en Nicaragua estaba igualmente en manos privadas y los márgenes de utilidad eran más o menos iguales al resto de países centroamericanos.

Tras la llegada al poder de Ortega en enero de 2007, se establece un acuerdo con Venezuela y se crea Albanisa, una poderosa empresa binacional que manejaría casi la totalidad de las importaciones de petróleo y combustibles terminados, unos seis millones de barriles anuales.

Según el acta de constitución de Albanisa, el 49 por ciento de las acciones pertenecían a la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic) y el 51 por ciento restante a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Sin embargo, pronto se empezó a cuestionar que la participación estatal nicaragüense servía básicamente para poner a disposición de Albanisa los recursos estatales, y el secretismo con que se manejaron las cuentas impedía ver quién se quedaba con las ganancias.

Para el 2011, Petronic reportó al presupuesto nacional ganancias por el orden de apenas dos millones de dólares, cuando ya la empresa manejaba operaciones superiores a los 400 millones de dólares anuales.

Para almacenar el petróleo y combustible venezolano, Ortega despojó a la compañía Esso de los tanques de almacenamiento que arrendaba, bajo el argumento que serían manejados por el Estado. Para sacar del del mercado a la petrolera estadounidense se alegó el cobró de 5.5 millones de dólares en impuestos no pagados en años anteriores.

El secretismo con que se maneja la información en Nicaragua impide establecer con documentos quiénes se quedan con las ganancias y quiénes son los dueños de las empresas creadas bajo la sombra de Albanisa. El Registro Público de la Propiedad pasó a ser “clandestino”, de tal forma que un ciudadano no puede conocer sin autorización de la empresa quiénes son los socios y el capital que manejan o simplemente encontrar la creación de una nueva empresa. Sin embargo, hay muchos hilos que conducen a la familia Ortega Murillo.

La empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) adquirida en el 2009 por Albanisa para distribuir el combustible en el país, era manejada por Yadira Leets hasta 2018, la entonces esposa de Rafael Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En diciembre de 2019, los nicaragüenses conocieron de la existencia de una empresa denominada Zanzíbar S. A. a la que sancionó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos supuestamente por ocultar las ganancias de la DNP, que también fue sancionada en esa ocasión. La empresa Zanzíbar era manejada por Rafael Ortega Murillo y las oficinas quedaban dentro del complejo de viviendas que ha establecido la familia Ortega Murillo para vivir y dirigir el país. Este complejo tiene un perímetro de seguridad que impide el acceso público.

“Hay un monopolio que claramente establecieron a partir de las importaciones de petróleo de Venezuela. Este control se prolongó durante varios años hasta que se desplomó la cooperación petrolera venezolana. La empresa distribuidora de petróleo (DNP) pasó de manera mágica, porque nadie supo la explicación, a ser propiedad privada de la familia en el gobierno. Ellos durante mucho tiempo no solo tenían el monopolio de la importación, sino también el casi monopolio del almacenamiento y una tajada de la distribución”, explica Sáenz.

“Con las sanciones a DNP ellos inventan unas empresas para tratar de amortiguar el golpe”, agrega. “Evidentemente no hay una prueba que acredite que quienes se están echando en la bolsa este sobreprecio son ellos, sin embargo, es natural suponer un contubernio y yo sí, bajo mi propio riesgo, puedo emitir esa opinión no habiendo ninguna otra explicación”.

Para justificar los precios del combustible en Nicaragua se ha alegado desde el oficialismo y las partes involucradas, que Nicaragua no tiene puerto en el Caribe y por lo tanto el combustible que viene desde el Golfo de México debe dar la vuelta por el Canal de Panamá para poder descargar en el pacífico nicaragüense. También se ha dicho que la reducida capacidad de almacenamiento de Nicaragua impide comprar más petróleo cuando su precio está a la baja.

“No es por los precios del petróleo ni porque Nicaragua no tiene puerto en el Caribe, porque en esa misma situación están El Salvador y Guatemala cuyos precios son menores”, dice el economista. Sobre el almacenaje, recomienda que se debe medir la capacidad de un país por tiempo y no por volumen. “¿Cuántos meses de consumo tiene un país capacidad de almacenar? Ahí vemos que Nicaragua no es la que está abajo en Centroamérica”, asegura.

El ingeniero César Arévalo, experto en hidrocarburos, va más allá: asegura que hay una colusión con las petroleras regionales que operan en Nicaragua, quienes desde la puesta fuera de juego de Albanisa por las sanciones estadounidenses, se encargan de la importación petrolera. “¿Por qué en El Salvador la misma empresa UNO o PUMA vende el galón de combustible más barato que en una de sus estaciones en Nicaragua?”, se pregunta.

Un nicaragüense paga unos 70 centavos de dólares más por el galón de gasolina super y 82 centavos más por galón de gasolina regular que el que paga un salvadoreño en su país.

Arévalo considera que quienes manejan el negocio de hidrocarburos en Nicaragua incrementaron sus márgenes de ganancia durante los años de precios bajos del petróleo. No bajaron los precios en la misma proporción que bajaba el petróleo, y se acostumbraron esos márgenes, dice.

Enrique Sáenz considera que la escala alcista que sufren los combustibles en el país está determinada por el golpe de las sanciones a lo que él llama “mafia en el poder”.

“Las sanciones y el cerco financiero a la mafia en el poder le están causando un fuerte daño económico. Al estarse estrechando el cerco internacional financiero para estos negocios turbios tienen que buscar cómo compensar de algún lado esas pérdidas y lo hacen de una forma no solo irresponsable, si no que casi criminal al descargar el machetazo en las espaldas de los nicaragüenses”, afirma.

“Están jugando con fuego”, asegura. “Están calculando mal la paciencia del pueblo nicaragüense, están calculando mal la capacidad represiva que tienen, y la capacidad intimidatoria que tienen porque esto no solo afecta al motociclista o al taxista, sino afecta a los productores. Cada nicaragüense es esquilmado en todo lo que consume”.

Según Saénz el sobreprecio petrolero castiga a una población empobrecida. “De acuerdo a cifras oficiales casi el 70 por ciento de la población se encuentra en condiciones de subempleo, o sea que trabaja un día sí y otro no, o gana menos del salario mínimo o está en el desempleo abierto”.

Oscar René Vargas, economista y sociólogo, considera que el dinero del sobreprecio de los combustibles está destinado a cubrir los gastos del régimen que antes se pagaban con la cooperación venezolana, entre ellos la planilla de paramilitares, que según sus cálculos anda entre los cinco mil y diez mil elementos.

“A través de ese sobreprecio del petróleo hacen que el nicaragüense pague a sus propios represores, a los paramilitares”, concluye.

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