La detención de la ex presidente interina de Bolivia Jeanine Áñez fue rechazada en bloque por la oposición de su país, donde es investigada por su participación en un supuesto golpe de Estado contra el ex mandatario izquierdista Evo Morales en 2019.
Los principales partidos opositores, conservadores de derecha, niegan que haya habido un golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019, cuando en medio de una convulsión social y levantamiento de la policía, Morales renunció y partió a México como primer destino, y Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina.
La oposición, sorprendida, indicó que como ex presidente, Áñez debe ser juzgada por el Parlamento y no por los tribunales ordinarios pero el ministro de Justicia negó toda posibilidad de un juicio de privilegio como ex mandataria.
Mientras, algunos dirigentes y agrupaciones de la sociedad civil convocaron desde el lunes a protestas contra estas detenciones, calificadas como una “persecución política” contra aquellos que “defendieron la democracia y la libertad en 2019”, dijo el ex mandatario Carlos Mesa (2003-2005) en Twitter.
El también expresidente boliviano Jorge Quiroga (2001-2002), del partido derechista Acción Democrática Nacionalista (ADN), advirtió de que “se ha querido criminalizar una sucesión constitucional” y pidió que se convoque una reunión de todos los sectores para defender la democracia.
Por su parte, el Comité Cívico pro Santa Cruz rechazó las detenciones de Áñez y sus ex ministros y convocó a la ciudadanía a una resistencia civil, mientras otras agrupaciones ciudadanas se declararon en emergencia.
Áñez, de 53 años, fue detenida la madrugada del sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, 600 km noreste de La Paz, por la policía, en un operativo que dirigió el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.
Su nombre figura en una denuncia que hizo en diciembre pasado la ex diputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en las recientes elecciones locales.
En la demanda figuran cinco ex ministros de Áñez, jefes policiales y militares y civiles que habrían participado en lo que el actual gobierno considera un golpe de Estado contra el izquierdista Morales, tras 14 años en el poder.
Detenidos por ahora
Como Áñez fueron detenidos también en Trinidad sus exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y todos fueron trasladados en avión a La Paz, para ser interrogados por la Fiscalía.
La acusación es por sedición, terrorismo y conspiración.
Áñez está detenida en las celdas de un cuartel de la policía y fue trasladada el sábado por unas horas a la fiscalía, pero se acogió al derecho al silencio y fue devuelta a la unidad de los uniformados.
La fiscalía espera tomarle declaraciones en las próximas horas y decidirá en qué condición legal la remite a un juez, para la apertura del proceso legal.
Áñez considera su detención “un acto de abuso y persecución política” del gobierno del presidente Luis Arce, que la acusa “de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió” y en el marco de un proceso que “no tiene ni pies ni cabeza”.
Proceso ordinario
El ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la fiscalía y señaló que se está actuando a derecho.
Explicó que a Áñez no le corresponde un juicio de responsabilidades o de privilegio, por su condición de exgobernante, sino un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.
“En este momento estamos ante un juicio a una exsenadora, por lo tanto, no corresponde ningún juicio de privilegio constitucional”.
Un juicio de privilegio significa que la Fiscalía de la Nación pide al Parlamento autorizar el juicio y luego desarrollar el proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Llamados al diálogo
La detención de Áñez motivó que el Alto Representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijera desde Twitter que “las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.
Borrell también pidió “diálogo y reconciliación”.
La embajada de Estados Unidos en La Paz solicitó en un comunicado que se respetaran “todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso”.
La Conferencia Episcopal de Bolivia pidió “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”, a quienes consideró figuras que buscaron la “pacificación” en momentos difíciles del país.
Tanto la Iglesia católica, como la Unión Europea, fueron claves para la transición del gobierno de Morales al de Áñez.
Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019, tras la dimisión de Morales en medio de una fuerte convulsión social de opositores que denunciaron un fraude en las elecciones del mes anterior en las que el líder izquierdista buscaba reelegirse.
Los adversarios denunciaron fraude en las urnas, lo que después motivó un motín policial y que las Fuerzas Armadas le sugirieran dimitir.
Morales salió exiliado a México, se trasladó un mes después a Argentina como refugiado y volvió a su país en noviembre de 2020, tras la elección presidencial ganada por Arce, su delfín y exministro de Economía.
(Con información de AFP y EFE)
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