Una fiscalía de Bolivia ordenó este viernes el arresto de la ex presidente interina del país andino, Jeanine Áñez, por la causa que investiga el supuesto “golpe de Estado” contra Evo Morales en noviembre de 2019. La medida se extiende contra cinco de sus ministros, dos de los cuales ya fueron detenidos. Se trata del ex titular de la cartera de Energía, Rodrigo Guzmán, y el de Justicia, Álvaro Coimbra.
Arturo Murillo (ministro de Gobierno), Yerko Nuñez (Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y Presidencia), Luis Fernando López (Defensa) son los otros ministros alcanzados por la orden, lo mismo que ex miembros del alto mando militar como el almirante Palmiro Jarjuri, Jorge Gonzalo Terceros y Gonzalo Mendieta.
“La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones.”, expresó Áñez a través de su cuenta de Twitter, en la que también adjuntó la denuncia en su contra.
El ex presidente y candidato presidencial en los comicios de 2020, Carlos Mesa, se expresó en la misma línea. También a través de sus redes dijo que el país está “en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras”.
“Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El poder judicial y la fiscalía masistas son el martillo ejecutor. Los autores del FRAUDE, se amnistían y pretenden ser víctimas”, escribió en su cuenta de Twitter.
En concreto, la causa acusa a los ex funcionarios de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. La denuncia fue presentados por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien acusó a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año pasado en las que salió triunfador Luis Arce, de instigar junto a su padre y varios mandos militares y policiales las protestas que derivaron en la salida de Morales.
Los cargos son prácticamente los mismos que, durante su tiempo en el poder, los entonces funcionarios le achacaron a Evo Morales y por los cuales en diciembre de 2019 se ordenó la detención del ex presidente.
No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.
Esa medida fue anulada en octubre de 2020, una semana después de que Luis Arce, delfín de morales, se impusiera por amplia diferencia en las elecciones presidenciales del país andino. No obstante, en ese entonces el juez de la causa aclaró que ello no implicaba que la investigación cesaría.
Desde su renuncia a la presidencia, Morales siempre argumentó que había sido víctima de un golpe de Estado. El hecho tuvo lugar después de que un informe de la Organización para los Estados Americanos (OEA) asegurara que se habían cometido irregularidades en en el proceso electoral celebrado en el mes de octubre, lo que desató una ola de protestas contra el mandatario.
Los funcionarios que se encontraban en la línea de sucesión para asumir la presidencia bajo la Constitución -el vicepresidente, el presidente del senado y el presidente de la cámara baja- también han renunciado. Frente al vacío de poder, la senadora Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia.
Los comicios destinados a sustituir los de 2019 fueron aplazados en dos ocasiones por la pandemia de COVID-19. Áñez, quien inicialmente había asegurado que no competiría para garantizar la confianza en su mandato interino, manifestó en 2020 su voluntad de hacerlo, pero finalmente desistió para intentar formar una coalición que aumentara las chances de derrotar al MAS. Pese a ello, Arce finalmente se impuso en los comicios y asumió el mando del ejecutivo el 8 de noviembre del año pasado. Morales, por su parte, volvió a Bolivia al día siguiente, un año después de dejar el país.
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